El separatismo presenta como represión del Estado la detención del sobrino de Torra y otros CDR

La detención de dieciséis activistas independentistas a manos de la Policía Nacional, entre ellos el sobrino de veinticinco años del presidente de la Generalidad catalana, Ernest Morell Torra, ha provocado una nueva tormenta política entre los partidos nacionalistas.

Quim Torra, actualmente de viaje en los Estados Unidos, ha manifestado su apoyo a los detenidos desde su cuenta de Twitter y ha amenazado con informar "a todos los congresistas con los que me reúna acerca de la represión [del Estado español] y la necesidad de una mediación internacional". Carles Puigdemont, desde Bruselas, ha considerado las detenciones como "una prueba de lo que es el Estado", al que acusa de "campar impune bajo la orden del aporellos".

La ANC, la CUP y otras organizaciones independentistas llaman a la movilización frente a lo que califican de "embate represivo" que persigue "criminalizar e intimidar antes del juicio", en referencia al proceso en el que serán juzgados los líderes del procés que no han huido de la Justicia española.

Xavier Pellicer, de Alerta Solidaria, grupúsculo independentista que se define a sí mismo como "organización antirrepresiva de la izquierda independentista de los países catalanes", acusa a los Mossos d'Esquadra de "colaboradores de la represión" y al Gobierno autonómico de "Gobierno de Vichy catalán".

La Generalidad, por boca del vicepresidente Pere Aragonès, pide por su parte explicaciones por unas detenciones que considera "gravísimas" a la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera. El mismo Aragonès, que actúa como presidente en funciones durante la ausencia de Quim Torra, suspendió también su prevista comparecencia en el Parlamento junto al consejero de Territorio, Damià Calvet. La escenificación de la indignación secesionista por las detenciones llevó a JxCAT, ERC y la CUP a suspender su participación en las tres comisiones convocadas este miércoles en el Parlamento catalán: la de Asuntos Institucionales, la de Territorio y Trabajo, y la de Asuntos Sociales y Familias.

En un Parlamento paralizado desde hace prácticamente un año por la inacción legislativa de los partidos secesionistas, la suspensión de las comisiones provocó las quejas de Ciudadanos y PP. Carlos Carrizosa, de Cs, llegó a acusar a los diputados nacionalistas de "vagos que quieren cobrar pero no venir a trabajar" y de "boicotear y cerrar el Parlamento cuando quieren". Inés Arrimadas, desde su cuenta de Twitter, exigió "menos chiringuitos y más trabajo parlamentario". 

Las dieciséis detenciones, todas ellas en Gerona, se producen en el marco de la investigación que está llevando a cabo la Policía Nacional por los altercados públicos llevados a cabo por radicales independentistas durante el pasado 1 de octubre, y especialmente por el corte de la vía del AVE a su paso por la ciudad y la consiguiente paralización del tráfico ferroviario. Un delito que podría ser castigado por los tribunales con penas que oscilan entre los tres y los nueve años de prisión en el caso de que concurrieran los tipos de alteración del orden público, resistencia a la autoridad y daños. Penas de prisión a las que habría que añadir la responsabilidad civil generada por los daños a terceros, es decir a empresas y pasajeros.

Entre los detenidos, y además del sobrino del presidente de la Generalidad, apresado por la policía cuando salía de su trabajo en Breda, se encuentran el alcalde de Verges, Ignasi Sabater; el del Celrà, Dani Conellà, ambos de la CUP; y el fotoperiodista del diario elnacional.cat Carles Palacio. El Sindicato de Periodistas de Cataluña protestó por la detención de Palacio con el argumento de que "estaba haciendo su trabajo consistente en informar sobre una protesta pacífica".

Las detenciones se produjeron en dos tandas: las once primeras por la mañana, a primera hora, y las cinco restantes por la tarde. El primer grupo de detenidos fue liberado a las 15:00. El segundo, a última hora de la tarde. Todos ellos, incluido el periodista de elnacional.cat, son sospechosos de formar parte del grupo de cuatrocientos radicales que el 1 de octubre pasado, durante el aniversario del simulacro de referéndum secesionista de 2017, accedieron violentamente a las instalaciones de la estación de Adif de Gerona y bloquearon las vías del AVE, una infraestructura "crítica" del Estado. La encargada de la investigación del delito es la Brigada de Información de la Policía Nacional en Barcelona.