Casado, dispuesto a mantener el pulso contra el Taxi: “Que vayan a protestar a Moncloa”

El Partido Popular tiene clara su postura frente al conflicto del Taxi: el balón no está sobre su tejado, sino sobre el del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los escraches hacia ellos son estériles. “Las directrices son claras”, afirman fuentes de la dirección nacional de la formación de Pablo Casado a este periódico. “Proposición de ley para que legisle el Estado y las competencias que recaigan en el Gobierno, en ningún caso de la oposición”.

La situación, que ha dado un vuelco con la mira de los taxistas ahora puesta sobre el PP, no tiene visos de cambiar, al menos en el ámbito político. Los populares mantienen que la responsabilidad sobre el conflicto entre Taxi y VTC es estatal: es “cobarde” que ahora se trate de responsabilizar a las comunidades autónomas. 

“No entendemos por qué protestan aquí y no van a protestar a Moncloa o a Fomento”, comentan desde el entorno de Pablo Casado. “Nosotros no legislamos. Pero lo que no pueden es secuestrar una ciudad entera como están haciendo”. “Al final serán ellos los principales afectados”.

Mucho más ahora que los conductores están intentando cercar al partido. Han abandonado los alrededores de Ifema y de la Castellana y se han desplazado para protestar frente a la sede nacional en Génova, 13. Aunque no sólo eso: también han amenazado al presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido — “Esta noche mira debajo del coche”, le han gritado—, y han escracheado un acto de conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto que contaba con la presencia de la vicesecretaria de Estudios y Programas del partido, Andrea Levy, junto a los candidatos populares la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y a la alcaldía de la capital, José Luis Martínez-Almeida. Todo en menos de 12 horas.

Tras la cesión de Quim Torra y la Generalitat a las exigencias del Taxi catalán que podría culminar en la salida de Uber y Cabify de la Ciudad Condal y el despido de más de 4.000 trabajadores, los taxistas se han encontrado en Madrid con un Garrido firme que no está dispuesto a "negociar para favorecer a un colectivo" si eso afecta a otro. Sobre todo porque el partido considera que es responsabilidad del Gobierno y no de las comunidades, al tratarse de un problema nacional. 

"Es insólito, tiene incendiado a todo España y resulta que el problema es del PP por decir que no tenemos por qué legislar lo que ya está legislado", ha llegado a decir Casado. El PP  también ha propuesto la creación de un fondo que suponga "una transferencia de renta" entre ambos sectores y a su vez facilite la "modernización" de los taxistas.

El descontento, mientras, crece por parte de los ciudadanos. Y el PP lo sabe: “La ciudadanía está muy enfadada con ellos”, indican. Se están viendo con el arco parlamentario también en contra y todo el bloque de centro-derecha opina igual, como confirman fuentes de Génova. Así, PP, Ciudadanos y Vox van a una ante el conflicto, aunque los populares le den su propia pátina al remedio: incluyen, entre sus recetas, una liberalización del sector sobre las tarifas, los días de trabajo o su ámbito de actuación. Siempre, eso sí, “apostando por que convivan los dos modelos y sea el usuario el que elija”.