El callejón sin salida del 11-M: así acabaron los tres últimos intentos por reabrir la investigación

La sentencia del 11-M, atentado del que ahora van a cumplirse 15 años, dejó grandes lagunas. Tantas como para que la Audiencia Provincial de Madrid escribiese, al pronunciarse sobre la investigación del caso, que la verdad judicial "no coincide a veces con la verdadera realidad de los hechos y no por eso es maliciosamente falsa".

Algunos de los directamente afectados trataron de reabrir el caso. Asociaciones de víctimas, de guardias civiles y el único condenado como autor material de los hechos, Jamal Zougam, lo intentaron por distintas vías, pero acabaron en un callejón sin salida.

Víctimas consultadas por EL ESPAÑOL sostienen que el caso llegó a juicio tras una instrucción "defectuosa e incompleta" y que el sumario incluyó "pruebas falsas". "Pocos días después del atentado, los vagones de los trenes se destruyeron en una fundición, salvo uno de ellos; así desaparecieron el lugar del crimen y los explosivos utilizados, las pruebas en las que debería basarse la investigación de cualquier crimen", lamenta Eduardo León, de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M. 

Uno de los abogados de oficio que defendió a los terroristas, Francisco Andújar, cree que el juicio "fue insuficiente" y,, respecto al condenado Jamal Zougam, lo considera directamente "injusto" puesto que en el momento que se celebró "faltaba mucha información que se acabó publicando en prensa más tarde", sostiene el letrado.

Los tres canales, finalmente cegados, que podrían haber arrojado luz sobre el caso fueron la investigación sobre el proceder del jefe de los Tedax, Juan Jesús Sánchez Manzano, tras los atentados; la investigación acerca de la veracidad del testimonio de las dos mujeres rumanas que dijeron haber reconocido a Zougam el 11-M en uno de los trenes; y el intento de recurrir el caso al  Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

1.- Querella contra Sánchez Manzano

En el año 2009, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M presentó una querella contra Juan Jesús Sánchez Manzano, responsable de los Tedax (equipo responsable de la desactivación de explosivos) y contra la perito químico de la Policía Nacional que analizó los restos de los explosivos encontrados en los focos de las detonaciones.

La jueza Coro Cillán, al frente del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, admitió a trámite la querella por los presuntos delitos de falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos y encubrimiento. La asociación de víctimas denunciaba que Sánchez Manzano habría hecho desaparecer pruebas determinantes sobre el tipo de explosivos utilizados por los terroristas. 

Sánchez Manzano llegó a declarar como investigado y admitió que se destruyeron pruebas, pero no las relevantes, así como que se envió a la Policía Científica aquéllas que según él tenían interés policial. Poco después presentó un recurso ante la Audiencia Provincial en el que solicitaba que se archivara la investigación de la jueza Coro Cillán puesto que el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid ya había archivado una querella contra él por los mismos motivos. Esa querella la presentó la asociación ultraderechista Alternativa Española. La Sección 17 de la Audiencia de Madrid le dio la razón. El Supremo confirmó el fallo.

En 2012, el diario Libertad Digital publicó que la chatarra del vagón de tren de Santa Eugenia, el único que no fue destruido, se encontraba en la nave de la empresa Tafesa de Villaverde (Madrid). El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, impulsó una investigación para saber si hubo ocultación de pruebas. Sin embargo, la Fiscalía acabó archivándola tres meses más tarde. 

La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M hizo un último intento. Presentó un recurso contra el archivo de la investigación del Juzgado de Instrucción número 6 que había impulsado la mencionada asociación ultra. La Audiencia Provincial lo rechazó, agotando así la última oportunidad de revisión de esa presunta destrucción de pruebas.

2.- Testifical de las testigos rumanas

Una de las fuentes de prueba más importantes para condenar a Jamal Zougam fue la denuncia de dos ciudadanas rumanas que afirmaron haberle visto en uno de los vagones. Eran las testigos protegidas C-65 y J-70 del sumario. 

Ambas incurrieron, a lo largo del proceso, en notables contradicciones. Una cambió hasta tres veces de versión: ante la Policía afirmó haber visto a Zougam al cambiar de vagón, ante el instructor Juan del Olmo dijo que el marroquí la había rozado, y durante el juicio dijo que le empujó. 

A raíz de una investigación de El Mundo, Zougam presentó una querella contra las dos testigos por falso testimonio. "Había datos que llevaban a pensar que las dos mintieron", afirman desde el despacho GP&A, que presentó la querella. En esa investigación se especificaba que una de ellas y su marido consiguieron la nacionalidad española y una indemnización de 100.000 euros como víctimas del atentado. La jueza de instrucción archivó la querella y la Audiencia Provincial ordenó su reapertura porque la querella contenía datos suficientes para continuar investigando.

Dicha reapertura dio la oportunidad de practicar pruebas que no hubo en el juicio de la Audiencia Nacional, como la declaración de la madre y el hermano de Zougam, que aseguraron que dormía en la casa familiar cuando las bombas estallaron. También testificó un hombre que dijo haber visto a otro terrorista en el lugar donde las testigos rumanas situaban a Zougam.

La jueza archivó la causa finalmente porque las "contradicciones" que sí vio en las declaraciones de las mujeres no eran "indicios suficientes" de un delito de falso testimonio. La Audiencia de Madrid ratificó el archivo. 

3.- El fiasco del abogado zaragozano

Jamal Zougam llevó la querella contra estas testigos hasta el Tribunal Constitucional, donde fue archivada. Tan solo una condena de falso testimonio contra ellas podía llevarle a presentar ante el Supremo una petición de revisión de la sentencia del 11-M. De ahí que buscara a un abogado para recurrir ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Era su última opción. 

El pasado octubre, la familia de Zougam denunció a EL ESPAÑOL que Iván Jiménez Aybar, el abogado con el que contactó para presentar dicho recurso, llevaba más de dos años sin dar señales de vida. El letrado, que ha trabajado como asesor para el Gobierno de Marruecos, presentó el recurso ante el TEDH con un defecto de forma y el tribunal lo rechazó de manera automática, según pudo saber este diario. Sin embargo, Jiménez Aybar no comunicó a la familia lo ocurrido y Zougam ha visto cómo se malgastaba su última oportunidad para defender que, como asegura, es inocente.