Siete meses de dispositivo, cincuenta tribunales catalanes blindados y cuatrocientos mossos d'esquadra en funciones de vigilancia durante las veinticuatro horas del día, sin fecha de caducidad a la vista. Son las cifras del dispositivo Toga ordenado el pasado 6 de febrero por Jesús María Barrientos, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), tras los cuatro ataques masivos con estiércol sufridos por los juzgados catalanes a manos de los separatistas radicales de los Comités de Defensa de la República (CDR) desde noviembre de 2018.
Según Toni Castejón, portavoz de FEPOL, sindicato mayoritario de los Mossos d'Esquadra, el operativo policial Toga hipoteca a la mitad de las patrullas de servicio de los Mossos d'Esquadra de toda Cataluña. Castejón, entrevistado por el diario La Vanguardia, ha pedido que las tareas de vigilancia de los juzgados catalanes se cubran con horas extra y no comprometiendo la jornada ordinaria de los agentes.
Las quejas de Castejón son compartidas por una buena parte de los agentes del cuerpo. No ayuda que el operativo Toga haya coincidido en el tiempo con un incremento de la criminalidad en la ciudad de Barcelona y con la llegada masiva de MENA conflictivos a la comunidad. Tampoco ayuda que el dispositivo se haya pretendido ejecutar sin aportar recursos extra y comprometiendo otros servicios policiales ya existentes.
La polémica ha acompañado al dispositivo Toga desde su creación, aunque por diferentes motivos. Desde el cuerpo de los Mossos d'Esquadra se ha criticado más la forma del dispositivo que su necesidad, en función de la ideología del sindicato que ejerciera de portavoz en cada momento. En algunos casos, incluso, se ha llegado a relacionar el operativo Toga con el incremento de la criminalidad con el argumento de que este ha obligado a retirar patrullas de las calles para apostarlas frente a los juzgados, circunstancia que los delincuentes habrían aprovechado en su beneficio.
Ya en febrero de este año, el sindicato de los Mossos SME pidió al consejero de Interior de la Generalidad catalana, Miquel Buch, que el Departamento de Justicia de la Generalidad aportara "alguna partida presupuestaria para la mejora de los sistemas de videovigilancia, así como la contratación temporal de vigilantes de seguridad". También el sindicato USPAC pidió en su momento, mediante una carta dirigida al presidente del TSJC, la modificación o la eliminación del dispositivo.
Malversación de fondos
Desde el separatismo, y especialmente desde sus sectores más radicales, se ha atacado el dispositivo Toga por razones muy diferentes, interpretándolo como un privilegio de jueces y fiscales, y pidiendo que se elimine el operativo. Las críticas de la clase política catalana contra el Poder Judicial, habituales en el seno del nacionalismo, tienen como objetivo evidente tensar al separatismo a la espera de una sentencia del juicio del procés que se prevé inminente. Pero, sobre todo, dura.
Algunos, como el alcalde de Argentona, Eudald Calvo, de la CUP, han llegado a hablar de "malversación de fondos". El alcalde de Besalú, Lluís Guinó, de JxCAT, ha afirmado que el dispositivo no tiene "sentido ni medida". La alcaldesa de Vilanova de l'Aguda, Montserrat Fornells, de ERC, sostiene que el operativo perjudica especialmente a las zonas rurales, aquellas que sufren una mayor escasez de agentes. Sus opiniones son representativas de las del separatismo en su conjunto.
Los ataques contra los juzgados catalanes por parte de los CDR empezaron en noviembre de 2018 como forma de protesta por el inminente comienzo del juicio contra los líderes del procés en el Tribunal Supremo y por la supuesta persecución del independentismo llevada a cabo por el Poder Judicial. El 12 de noviembre, una decena de juzgados catalanes, y entre ellos los de Granollers, Figueras, Manresa y Santa Coloma de Farners, aparecieron con sus puertas manchadas con kilos de estiércol y basura.
Los ataques se repitieron el 3 y el 12 de diciembre de ese mismo año contra los juzgados de Lérida, Cervera, Balaguer, Rubí, Sabadell, Manresa, Vic, Solsona, Gerona, Tarragona y Tortosa, entre muchas otras localidades catalanas. Los ataques solían acompañarse con carteles en los que se afirmaba que "la Justicia española es una mierda". En diciembre, el presidente del TSJC le pidió al jefe de los Mossos d’Esquadra, Miquel Esquius, una "relación circunstanciada de incidencias". Es decir, un listado de los ataques realizados contra las sedes judiciales catalanas, además de contra los domicilios de los jueces o de sus familias.
El último de los ataques, el que precipitó la decisión de lanzar el dispositivo Toga, se produjo el lunes 4 de febrero de este año. Ese día, los CDR atacaron los juzgados de la Ciudad de la Justicia de Barcelona y los de localidades como Gavà, Martorell, Manresa, Tortosa, Olot, Vic o Vilafranca del Penedès, entre otras muchas. En total, veinte ataques en un solo día. La Fiscalía General del Estado calificó los ataques de "atentado contra el Estado de derecho" y el TSJC condenó los ataques tras recordar que, en algunos casos, estos habían obligado al cierre de las instalaciones.
A pesar de las críticas del separatismo y de algunos sindicatos de los Mossos, el TSJC no ha mostrado la más mínima intención de reducir o eliminar el dispositivo. Especialmente ahora, a las puertas de la Diada, del aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y de una sentencia que será instrumentalizada por el nacionalismo radical para justificar sus habituales algaradas callejeras.
Según el TSJC, corresponde a los Mossos "evaluar el riesgo" y pedir alguna modificación del operativo si consideran que este no es el que debería ser. El consejero autonómico de Interiormcatalán, en la línea de algunos sindicatos policiales, ha insinuado la posibilidad de que las sedes judiciales sean vigiladas por seguridad privada. Pero la negativa del TSJC a dicha posibilidad, y la voluntad de no buscar más conflictos con el Poder Judicial que los estrictamente necesarios, han conducido a desestimar la idea. Los juzgados catalanes seguirán protegidos por los Mossos d'Esquadra y el estiércol, fermentando en las sedes de los CDR.