El Gobierno discrimina a las funcionarias pese a Calvo: sólo sube el sueldo a los "empleados públicos"

"Si dicen vicepresidente, yo no me siento aludida", decía en la mañana de este miércoles Carmen Calvo. La vicepresidenta se expresaba así lamentando que la respuesta que le ha dado la Real Academia Española a su consulta sobre el "lenguaje inclusivo" en la Constitución no le haya dado la razón. Según Calvo, "las mujeres tenemos derecho a que el texto de nuestra Constitución nos llame por nuestro género: presidentas, ministras y diputadas”.

Y por eso la vicepresidenta se ha sumado a la iniciativa de Ana Caballé, Premio Nacional de Historia, quien ha enviado una carta a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, sugiriendo que a la Cámara se le quite el apellido "de los Diputados" del nombre oficial. “Apoyo absolutamente esta iniciativa porque las mujeres de este país tenemos derecho a que el lenguaje evolucione y nos reconozca, porque el cerebro no puede seguir funcionando en masculino”, afirmaba la número dos de Pedro Sánchez.

Y parece tener razón la vicepresidenta en que el cerebro sigue pensando en masculino. No hay más que ir al Boletín Oficial del Estado de este miércoles para comprobar cómo el Gobierno del que ella es número dos ha discriminado a todas sus funcionarias y empleadas de la Administración en el Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

El texto legal prevé un alza del 2,25% del sueldo de los 2,5 millones de empleados públicos. Pero si seguimos la argumentación del Ejecutivo o la costumbre de algunas de sus integrantes que lo llaman "Consejo de Ministras" -como la actual titular de Igualdad, Irene Montero-, el texto legal le habría ahorrado un buen pico a las cuentas públicas. Porque aplica el alza sólo a los 1.127.366 hombres y deja fuera a las 1.451.022 mujeres que trabajan para el Estado, las CCAA o los Ayuntamientos de España, según el último boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

El texto legal, de 44 páginas, cita la palabra "funcionario" o "funcionarios" 55 veces. Y ni una sola vez la palabra "funcionaria" o "funcionarias". Cero. Asimismo, habla de "empleado" o "empleados" en cinco ocasiones. Pero en ninguna de sus alrededor de 1.900 líneas utiliza el término "empleada" o "empleadas". Cero también.

También el decreto usa el vocablo "presidente" hasta 21 veces, y no contempla la posibilidad de que haya ninguna "presidenta": ni del Gobierno, ni del Tribunal Constitucional, ni del Consejo Económico y Social... Y lo mismo ocurre con "vicepresidente", que aparece en cinco casos, pero nunca "vicepresidenta".

Total, que si Calvo no se "siente aludida" por un decreto "pensado en masculino", en realidad no le afecta la subida de retribución desde los 77.991,72 euros hasta los 79.746,24 que ella misma aprobó un día antes de pronunciarse en estos términos. El estado así se ahorraría, como mínimo, su 2,25% de alza salarial, los 1.754,52 euros que le corresponderían.

El propio portavoz económico del PP en el Congreso de los Diputados ha señalado esta circunstancia en su Twitter. Con gran sorna, Mario Garcés recuerda que si "Calvo afirma que el Congreso debe dejar de llamarse 'de los diputados' porque discrimina a las diputadas", la vicepresidenta debería saber que el real decreto aprobado este martes en Moncloa "sólo se incrementa el sueldo de 'empleados' y 'funcionarios' discriminando a las mujeres".