El socialismo vasco copia al PSC: más euskera, Prisiones y consulta de autodeterminación

Las señales están ahí para todo el que quiera verlas. Los pactos con Bildu, el apoyo al acercamiento de los presos de ETA, la reclamación de las competencias sobre puertos y aeropuertos, la dureza en la imposición administrativa del euskera o las sutiles referencias al llamado derecho a decidir. ¿Está el Partido Socialista de Euskadi (PSE) alejándose poco a poco del constitucionalismo para acercarse a posturas abiertamente nacionalistas anteriormente consideradas como tabú por los propios socialistas vascos?

La respuesta entre el constitucionalismo vasco es prácticamente unánime: sin duda alguna. "El PSE, por motivos electorales o por motivos de estrategia, ha abandonado la defensa del constitucionalismo y ha puesto en marcha alianzas que antes ni siquiera se contemplaban" afirman fuentes cercanas a la cúpula del PP vasco. A la hora de identificar el modelo para el cambio de rumbo del PSE, la respuesta también es unánime. Quien está marcando el rumbo no ya sólo del PSE, sino del nacionalismo vasco, es el Partido Socialista de Cataluña. El PSC de Miquel Iceta. 

La cronología de la deriva del PSE hacia posturas nacionalistas cada vez más alejadas de la Constitución, e incluso del mismo Estatuto de Gernika, empieza el 21 de noviembre de 2016, cuando el partido socialista vasco firma un acuerdo con el PNV para gobernar en coalición en Euskadi, algo que no ocurría en la comunidad desde hacía dieciocho años. En ese acuerdo, el PSE se compromete a "impulsar una propuesta-base de reorientación de la política penitenciaria que (…) favorezca el acercamiento de presos e inste a la transferencia de la competencia de centros penitenciarios a la comunidad autónoma vasca".

En el mismo acuerdo de 2016, PSE y PNV exigen "actualizar el catálogo de traspasos aún sin realizar". Entre esos traspasos incluyen los de los aeropuertos y puertos a pesar de que el mismo Estatuto de Gernika señala que estos son competencia del Estado y no del País Vasco. También lo afirma la Constitución cuando dice que son competencia "exclusiva" del Estado "puertos y aeropuertos de interés general, control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves".

Nuevo marco político

De forma más ambigua, aunque inequívoca a la luz de lo ocurrido en Cataluña desde septiembre y octubre de 2017, el pacto entre PSE y PNV aboga por "un nuevo marco jurídico político" derivado de la actualización del pacto estatutario. En la página 114 del acuerdo se defiende que "el Gobierno vasco trabajará activamente (…) para impulsar de forma consensuada la actualización y revisión de la arquitectura propia (…) a través de la mejora y adaptación del modelo institucional de Euskadi al nuevo escenario económico, social y político que requiera el autogobierno vasco".

En diciembre de 2017, el gobierno de PNV y PSE presenta un informe en el que se acusa de torturas a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado sin que exista condena alguna que certifique esas supuestas torturas. Aunque el PSE evita apoyarlo públicamente y mantiene una prudente distancia, el texto sale adelante, avalando la teoría nacionalista del "conflicto" entre dos bandos equivalentes: el de ETA y el del Estado. 

En agosto de 2018, con Pedro Sánchez ya en la Moncloa, el gobierno del PSOE retira el recurso de inconstitucionalidad que había presentado el anterior gobierno de Mariano Rajoy contra la ley vasca de abusos policiales. Una ley que permite que una comisión extrajudicial nombrada a dedo por el Gobierno vasco determine, sin necesidad de pruebas, la supuesta existencia de torturas. Unos meses después, en diciembre de ese mismo año, la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, se fotografía con Arnaldo Otegi durante una cena de Navidad. 

Ruptura total

En 2019, la ruptura del PSE con el constitucionalismo es ya total. Durante la campaña de las elecciones de Vizcaya, Teresa Laespada, cabeza de lista del PSE, dice que prefiere pactar con la izquierda vasca, es decir con Bildu, que con el PP. Una postura que Miquel Iceta amplía en Cataluña a cualquier partido, incluido JxCAT, que le evite pactar con el PP o con Ciudadanos. 

En noviembre de 2019, PNV y PSE aprueban el decreto que regula el uso administrativo del euskera en el País Vasco. En la práctica, el decreto permite a los ayuntamientos escoger en qué lengua prefiere dirigirse a los ciudadanos. Si esa lengua es el euskera y el ciudadano no lo habla, este debe ponerse en contacto con su ayuntamiento para pedir que el consistorio traduzca el comunicado al español. 

"Imagina lo que supone eso en el caso, por ejemplo, de un corte del suministro" dicen en el PP. "Lo que nosotros creemos que está haciendo el PNV y el PSE es un censo de ciudadanos por razones de lengua" añaden. "El decreto contradice la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatuto catalán, que dice que las administraciones públicas catalanas no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales".

En esa misma sentencia, el TC afirma también que los ciudadanos de las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales tienen derecho a utilizar ambas en sus relaciones con la autoridad y sólo la obligación de conocer el español, lo que garantiza la comunicación con el poder público sin necesidad de una segunda lengua. Dicho de otra manera: las administraciones públicas no pueden en ningún caso dar por supuesto que los ciudadanos conocen la lengua oficial minoritaria, ya sea esta el catalán o el euskera. 

Sentimientos nacionales

En diciembre de 2019, el PNV accede a permitir la investidura de Pedro Sánchez a cambio del compromiso por parte del gobierno del PSOE y de Podemos de "impulsar, a través del diálogo entre partidos e instituciones, las reformas necesarias para adecuar la estructura del Estado al reconocimiento de las identidades territoriales, acordando, en su caso, las modificaciones legales necesarias, a fin de encontrar una solución tanto al contencioso en Cataluña como en la negociación y acuerdo del nuevo Estatuto de la comunidad autónoma vasca, atendiendo a los sentimientos nacionales de pertenencia".

El resultado de la deriva nacionalista del PSE y del pacto del PNV con un gobierno de extrema izquierda en Madrid está a la vista. "El objetivo es la desaparición de la idea de España en el País Vasco" dicen en el PP. Algo que corre, sin embargo, el riesgo de volverse en contra de sus promotores. 

Cero aspirantes

"Un solo ejemplo práctico" dicen en el PP. "La Torre Bizkaia y el centro internacional del emprendimiento, que es el proyecto estrella del PNV para Bilbao. El llamado 'Guggenheim del emprendimiento', con más de 10.000 m2 de superficie útil y un presupuesto de quince millones de euros". 

"Se abre concurso público y se presentan cero participantes. Cero empresas jóvenes. Cero autónomos. ¿Por qué? Porque una comunidad sólo es atractiva cuando no hay líos, cuando hay estabilidad, cuando ofreces seguridad jurídica" dicen los populares. "Si intentas crecer por la vía de identidad y no de la utilidad, bueno, quizá crezcas más rápido, pero a medio y largo plazo vas a conducir a los ciudadanos a la frustración. Que es exactamente lo que ocurrió con el plan Ibarretxe y lo que está ocurriendo ahora en Cataluña".

"¿Pero cómo va a querer venir un emprendedor a un lugar en el que se pactan los presupuestos con Podemos? ¿En el que se apoya un gobierno central de izquierdas? ¿A un lugar en el que se está promoviendo una hoja de ruta independentista de la mano de Bildu?" dicen en el PP. "Cataluña le está marcando a día de hoy el camino al nacionalismo vasco. Y el PSC le está marcando el camino al PSE vasco. ¿Qué recorrido tiene eso?". 

Es la misma pregunta que la Cataluña constitucionalista lleva años haciéndose y que ahora ha llegado al País Vasco de la mano de un PSE cuyas tácticas no han sido diseñadas por Idoia Mendia, sino por Miquel Iceta. La estrategia la continúa, sin embargo, dictando el mismo que desde hace cuarenta años: la derecha burguesa nacionalista.