La portavoz del grupo socialista en el Congreso, Adriana Lastra, anunció la semana pasada que la “justicia social” era uno de los grandes retos de la legislatura y que, por esta razón, habían subido el “Salario Mínimo Interprofesional, el sueldo a los funcionarios y las pensiones”.
La orientación de las políticas de gasto social que ha priorizado el Gobierno de coalición no son, sin embargo, las que algunos agentes económicos consideran que necesita España para paliar las desigualdades.
En su último informe sobre España, del 30 de enero, el Fondo Monetario Internacional (FMI) asegura que el gasto público es de los más ineficientes de Europa, porque el dinero destinado en asistencia social no llega a las rentas más humildes, sino que se queda en las clases medias.
Según la organización financiera internacional, los principales problemas estructurales que tiene España son un desempleo juvenil por encima del 32%, la rigidez del mercado laboral o la falta de ayuda a las familias vulnerables. En su informe, también sostienen que la reforma laboral de Mariano Rajoy no afectó a la pobreza y mejoró el empleo. Pero no es la única de sus conclusiones a tener en cuenta.
Problemas intergeneracionales
Para los problemas estructurales que sufre España, se requieren de medidas que el Ejecutivo, más centrado en subir las pensiones y los salarios, todavía no ha abordado.
El FMI asegura que la redistribución fiscal en España se ha centrado en los ancianos, y que a menudo ha sido a costa de los jóvenes.
En agosto de 2019, el 32,2% de la fuerza laboral joven de España (16-24 años) seguía desempleada, en comparación con el 15,4% de la zona euro. De acuerdo con el informe, el sistema no ha podido prevenir la pobreza juvenil generalizada. Si bien los resultados redistributivos para los ancianos son mejores, crean problemas intergeneracionales para los más jóvenes.
Más desigualdad
Los niveles de desigualdad de España son los más altos de la Unión Europea y, lejos de amainar, se acentuaron con la crisis económica. Esto es así, según el informe, porque hay menos redistribución de ingresos que la media europea, incluso a través del gasto social.
El índice Bang for the Buck refleja que nuestro país está por debajo del poder redistributivo medio del gasto social de la UE en aproximadamente un 15%. Y después de la redistribución fiscal, la desigualdad de la renta disponible sigue siendo elevada.
Gráfico del FMI sobre la redistribución del gasto social en la UE.
Pobreza infantil
El gasto en exclusión social, familia y vivienda se sitúa en torno al 1,6% del PIB. Se trata de unas cifras muy por debajo de la media de la UE. Además, una de las carteras en que menos gasto se destina es en vivienda.
En paralelo, la asistencia social tampoco ha sido del todo eficaz para aliviar la pobreza. En 2017, más de una cuarta parte de la población se hallaba en riesgo de exclusión social o pobreza. España tiene una tasa de pobreza infantil alrededor del 20%, que se sitúa en los niveles más altos de los países de la OCDE.
El presidente del Consejo de Economistas de España, Valentí Pich, asegura que “independientemente del color del gobierno”, uno de los grandes retos de España es el de la “vivienda” o la “ayuda a las familias”.
“Si nos comparamos con el resto de países de la Unión Europea, habría que destinar más dinero a las ayudas a las familias o a la vivienda. Hemos hecho mucho en Sanidad o Pensiones, pero faltan recursos fiscales en otras áreas”, subraya.
De hecho, el Sistema Nacional de Salud es una de las áreas que mejor valora el informe del FMI, que destaca que es equitativo y ofrece buenos resultados.
No obstante, factores determinantes para la pobreza, como son las familias monoparentales, no son suficientemente ponderadas por el sistema de redistribución español. O las cargas derivadas de la vivienda o del coste de la energía para las familias.
Mercado laboral
Más allá del esfuerzo en pensiones, con un aumento del 0,9%, la subida del salario mínimo interprofesional a 950 euros mensuales o el incremento del sueldo a los funcionarios en un 2%, los resultados del informe del FMI sobre España sugieren que el gasto en protección social debería “apuntar a mejorar la redistribución a través de una mejor focalización en los más vulnerables”.
Esto pasa por una “educación más efectiva” y “políticas activas del mercado laboral” que contribuyan a crear más igualdad de oportunidades y perspectivas de ingresos. “El gasto social por sí solo no puede reducir la desigualdad, y los esfuerzos también deben dirigirse a hacer que el mercado laboral sea más inclusivo”, advierten.