Lambán y Puig se unen a la rebelión autonómica por el IMV: "No gestionamos peor que Euskadi o Navarra"

Al Gobierno le empiezan a crecer los enanos a raíz de la gestión del recientemente aprobado Ingreso Mínimo Vital (IMV). La medida, que en un primer momento fue aceptada de una u otra forma por todo el espectro político, ha levantado asperezas entre los presidentes autonómicos.

La razón está en la gestión del mismo. El País Vasco y Navarra podrán llevar sus cuentas por separado del Gobierno central, ya que tienen Hacienda propia. Pero otras voces territoriales entienden que, al ser una prestación nueva, se podría articular para que las autonomías llevasen el reparto.

Entre los líderes discrepantes llaman la atención los socialistas Ximo Puig, en la Comunidad Valenciana, y Javier Lambán, en Aragón. "No gestionamos peor los recursos pese a tener menos fondos", ha declarado el aragonés en rueda de prensa tras la reunión semenal entre los presidentes autonómicos y el líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"Me parece absolutamente injusto, y lo considero un agravio para el resto de las comunidades autónomas, que a Navarra y al País Vasco se les ceda la gestión integral y a las demás no", ha subrayado, calificando de "inconsistentes" los argumentos utilizados por el Gobierno central.

Por su parte, la Generalitat Valenciana lleva toda la semana realizando la petición. Ximo Puig ha abogado por que haya "la máxima coordinación posible y unidad de acción" entre Administraciones y ha solicitado un convenio para que su comunidad pueda gestionar "lo más pronto posible" el ingreso mínimo.

Los barones socialistas no lo dicen, pero los populares sí: la decisión de que el País Vasco y Navarra gestiones el IVM se debe a un pacto político entre Sánchez y el PNV para contar con sus votos durante el resto de la legislatura.

Críticas en la reunión

Además de los mencionados, los presidentes de Andalucía, Galicia, Castilla y León y Cantabria han reclamado a Sánchez que sus respectivas comunidades autónomas puedan administrar el IMV. También lo quiere Cataluña, según las declaraciones que ha realizado su vicepresidente, Pere Aragonés, esta mañana.

El presidente de la Junta de Andalucía, el 'popular' Juanma Moreno, se ha referido al IMV para dejar claro que no cuestiona su necesidad. Pero sí ha mostrado a Sánchez su "sorpresa" al escuchar al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, afirmar que sólo dos comunidades (País Vasco y Navarra) están capacitadas para gestionarlo.

Durante este encuentro, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha recordado a Sánchez que Galicia cuenta desde hace casi 30 años con la renta de inclusión social (Risga) y ha insistido en que sean las autonomías las que gestionen el recién aprobado ingreso mínimo vital.

En el caso de Castilla y León, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha exigido a Sánchez "igualdad y un trato justo" para todas las comunidades autónomas y ha afirmado que es "imprescindible" que las demás comunidades, incluida Castilla y León, puedan participar en la gestión de este subsidio.

"Por experiencia, por capacidad, por trayectoria y por el reconocimiento del trabajo con los mas vulnerables, la colaboración con entidades locales y la cercanía en prestación de los servicios sociales, Castilla y León se lo merece tanto como otra comunidad", ha subrayado Fernández Mañueco tras recordar que tienen experiencia gestionando rentas autonómicas.

El presidente de Murcia, por su parte, no ha hecho una petición expresa de que le traspasen los fondos el IMV para que los gestione la región, pero sí ha criticado que el Gobierno no haya contado con las autonomías para decidir cómo se gestiona este dinero.

Así, Fernando López Miras ha dicho que la Medida del Ingreso Mínimo Vital "es buena" y que así se la ha reconocido públicamente al presidente, pero ha advertido de que las CCAA tienen "muchas dudas, porque no se ha contado con nosotros ni con los ayuntamientos y no sabemos quien la va a gestionar".

Sánchez no aclara qué hara

En la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes, se le ha preguntado a Sánchez sobre estas peticiones de las comunidades autónomas de participar en la gestión del IMV, pero no ha aclarado si el Gobierno las atenderá.

Se ha limitado a afirmar que los detalles de esta medida se darán a conocer este lunes con la publicación de la iniciativa en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y ha destacado que se trata de "una política que pasa a formar parte de la Seguridad Social" y que eso garantizará "la igualdad de derechos en todo el conjunto del país".