La alcaldesa que persigue a las brigadas ‘quitalazos’ y acaba imputada: "Se saltó la ley a la torera"

El 28 de julio de 2019 hubo tres vecinos de las llamadas brigadas de limpieza catalanas que se atrevieron a descolgar una pancarta a favor de los políticos condenados por sedición de la fachada del Ayuntamiento de Vilassar de Dalt, en Barcelona.

La alcaldesa del municipio, Carola Llauró, les denunció después de que una patrulla de la policía local les identificara, pero sus planes no salieron como esperaba. La primera edil ha sido imputada por malversación de fondos y los tres vecinos fueron absueltos. “Se saltó todo el Derecho a la torera, porque actúa como si la institución fuera suya”, explica la abogada de dos de los denunciados, Lucrecia García Blanco.

Se trata del primer caso en que la Justicia resuelve a favor de estas brigadas quitalazos al concluir que no hay delito “de daños leves” ni de ningún otro tipo por quitar un símbolo partidista que incumple con la Ley de Banderas y con la neutralidad que debe garantizarse en las instituciones públicas.

Pancarta en el Ayuntamiento de Vilassar a favor de los políticos condenados. E.E.

La resolución judicial coincide, además, con la sentencia del Tribunal Supremo que
considera inconstitucional e incompatible con el “deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas” el uso de banderas no oficiales en el exterior de los edificios oficiales y espacios públicos. Incluso cuando estos símbolos se colocan de modo “ocasional”.

Estos tres héroes civiles prefieren mantener el anonimato para evitar las presiones del entorno. Si la instalación de lazos amarillos y pancartas partidistas cuentan con el aval de todos los consistorios gobernados por fuerzas independentistas -y a veces también con el consentimiento del PSC-, aquellos vecinos que querían mantener la neutralidad del espacio público debían actuar de noche y sin ser vistos, para evitar las represalias y ante la pasividad de la policía para hacer cumplir la ley.

Los hechos que han propiciado la investigación judicial a la alcaldesa de ERC se produjeron alrededor de las dos de la madrugada. La brigada constitucionalista se acercó a la plaza del consistorio e intentó descolgar la pancarta con una pértiga, pero una patrulla de la Guardia Urbana se acercó. En ese momento varios de los activistas salieron corriendo y solo tres se quedaron en el lugar de los hechos. La edil pretendía que tuvieran que “indemnizar al ayuntamiento”.

Absueltos

La letrada de los demandados explica que “la alcaldesa les denunció ante los Mossos, pero no siguió las normas administrativas que implican a la intervención y al secretario para el gasto público". "Se saltó a la torera todo el derecho, y eso es muy grave desde el punto de vista de todos. Si todos obramos como si las leyes no existieran y no pasamos por los trámites preceptivos, imagínate”, añade.

Si los tribunales absolvieron a los tres demandados es porque “no existe en el Código Penal nada que recoja que sus hechos de sacar la pancarta sean delito”, abunda la abogada.

“Hasta ahora, estos vecinos se defendían con la presunción de inocencia, porque eran muchos y no se conseguía detectar a los autores ni había hechos probados. Pero a ellos los identificaron y la Justicia ha dicho que esto no es delito y que además la alcaldesa se ha saltado las normas de gasto y que esto puede incurrir en un delito de malversación de caudales públicos”.

Según declaró Llauró en sede judicial, la pancarta tuvo que adquirir una segunda pancarta a favor de lo presos por “242 euros”. La primera de ellas, la colocó el anterior alcalde de la localidad, Xavier Godà.

Pese a que ya existía doctrina que de la administración pública no puede ser partidista, ahora es la primera vez que ciudadanos de a pie reciben el espaldarazo de la Justicia frente al poder ejecutivo. “Si la alcaldesa no hubiera denunciado a los ciudadanos que quitaron los lazos, no hubiera sido imputada por malversación, pero actúan como si las instituciones fueran suyas. No se reflejó en el presupuesto el gasto de la pancarta”.

Contra el Rey

No es la primera vez que la alcaldesa exhibe tan explícitamente sus posiciones maximalistas que contravienen la legalidad. En octubre de 2018, el pleno municipal ratificó el posicionamiento del Parlamento catalán que reprobaba “los actos represivos contra la ciudadanía y condenando las amenazas de aplicación del artículo 155 de la Constitución”.

La Abogacía del Estado interpuso un pleito contencioso-administrativo contra la resolución, que fue respondida políticamente por los tres partidos separatistas del municipio con la publicación de un manifiesto denunciando “la falta de libertad de expresión”.

En otra ocasión, también permitió la colocación de una pancarta sobre la “emergencia climática” de la fachada institucional. Debido a la reciente sentencia del Supremo, tampoco podrá usar las instituciones para estos fines.