Cs de Canarias se siente traicionado por el PP y pide que en Madrid se rompa con Ayuso

El Partido Popular (PP) ha abierto en Canarias una crisis en su relación con Ciudadanos (Cs) al apoyar una moción de censura que se presenta este lunes que deja a la formación naranja fuera del grupo de gobierno de toda una capital de provincia como es Santa Cruz de Tenerife y que da alas a quienes, desde el partido de Inés Arrimadas, no ven con malos ojos hacer lo propio en la Comunidad de Madrid.

Dicho movimiento del PP favorece a Coalición Canaria (CC), cada vez más cerca de convertirse en una marca blanca de los populares en las islas. Como una “agresión política” ha sido considero por el vicesecretario primero de Cs, Carlos Cuadrado.

Fue el pasado viernes cuando tomó posesión del cargo como concejal Evelyn Alonso en sustitución de su compañero de filas, Juan Ramón Lazcano, dimitido sorpresivamente hace unas semanas. A la edil le bastaron unas horas para, esa misma tarde, acudir a una notaría de Santa Cruz de Tenerife y comprometerse por escrito a presentar una moción de censura junto a CC y PP. Si nadie lo remedia, devolverá a los coalicioneros una Alcaldía que han ocupado, bajo distintas marcas, prácticamente desde el franquismo.

La principal perjudicada es la socialista Patricia Hernández, quien hace apenas un año cerró un acuerdo histórico con dos concejales de Cs, Matilde Zambudio y el citado Lazcano, con tres consecuencias. La primera es que nunca Santa Cruz de Tenerife había tenido una alcaldesa, y la segunda es que el PSOE lograba así levantar el bastón de mando en la única capital tinerfeña donde nunca lo había logrado, ni en esta ni en otras etapas democráticas.

Aires de cambio

Pero es la tercera consecuencia la que explica mejor por qué esta moción de censura se percibe entre no pocos vecinos como un escándalo mayúsculo y un paso atrás para la capital. El pacto de PSOE y Cs se encuadra en una oleada de cambios políticos por toda Canarias que la ciudadanía apoyó notablemente en las elecciones de hace un año, y que dejaron a los coalicioneros fuera del poder, no sólo en Santa Cruz de Tenerife, sino también en La Laguna, en el Cabildo de Tenerife y hasta en el mismísimo Gobierno autonómico, otros tres bastiones de los nacionalistas desde hace, al menos, más de cinco lustros.

Sólo teniendo en cuenta ese espíritu de cambio político que animó a la ciudadanía hace un año en las islas se comprende que un partido como Podemos, en las antípodas de Cs, apoye externamente el pacto de los naranjas con el PSOE, tanto en la capital tinerfeña como en el Cabildo insular. En ambos casos, un suculento acuerdo para los de Inés Arrimadas, dado que qracias a los mismos tienen una notoriedad incuestionable en Canarias.

Esta maniobra política, urdida entre el número dos del PP estatal, Teodoro García Egea, y el controvertido líder de CC, el ahora senador autonómico Fernando Clavijo, sólo es comprensible desde la perspectiva del PP (dado lo poco que tiene que ganar a través de la misma) en su afán de que los coalicioneros (cuya deriva conservadora con Clavijo es incuestionable) acaben sumándose a proyectos como España Suma, pasando así a ser una marca blanca para el partido de de Pablo Casado en las islas.

Hace tan sólo una semana que fuentes cercanas al líder de los socialistas en la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, reconocían que la aproximación del PSOE con Cs para una posible moción de censura que desaloje a Isabel Díaz Ayuso de la Presidencia autonómica era tal que ya habían expuesto tal posibilidad en Ferraz, al objeto de que Pedro Sánchez explorase tal opción con Inés Arrimadas, a quien su retorno a posiciones más centristas ha beneficiado a Ciudadanos tanto en las encuestas como entre su militancia.

Las alfombras

“La censura llega para frenar el levantamiento de alfombras”, denuncia el líder de Podemos en la capital tinerfeña, Ramón Trujillo, y razón no le falta si se atiene al hecho de que la Fiscalía Anticorrupción provincial ha abierto diligencias preprocesales por las presuntas irregularidades detectadas en la contratación del artista dominicano Juan Luis Guerra con vistas al Carnaval santacrucero de 2019. Se trata de un expediente plagado de supuestas irregularidades (se pagó la mitad de lo acordado, unos 250.000 euros, sin presentar unas facturas que siguen sin aparecer.