Ayuso contra Sánchez: la gestión de la Covid evidencia las deficiencias del sistema autonómico

El enfrentamiento dialéctico entre el Gobierno de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, y el central ha ido in crescendo desde que arribara la pandemia. La presidenta autonómica ha pasado de calificarlo de "dictatorial" cuando imperaba el mando único a pedirle ayuda cuando no quedaba margen de dilatación para enfrentar la segunda ola.

Frente a los focos, esto podría leerse como mero espectáculo, pero tras ellos, donde reside la política en mayúsculas, es el máximo ejemplo de las fallas del sistema autonómico que esta crisis ha evidenciado.

"A la vista de la evolución que sigue la pandemia en la comunidad que presides, considero capital reforzar los mecanismos de cogobernanza para complementar los esfuerzos y medios que ya viene desplegando tu gobierno", sentenciaba Pedro Sánchez en una misiva celebrada por la popular en un mensaje en el que a la vez se lamentaba de que "la Comunidad de Madrid ha estado demasiado tiempo sola".

Lejos de lo que pudiera parecer, estos mensajes suponen el primer punto de acuerdo: ambos gobiernos se reunirán este lunes para abordar conjuntamente las medidas para atajar un virus que lleva semanas dando señales de deambular desmedido por la capital. Algo que debería ser normal y que en estos meses ha devenido como excepcional.

Gestión política

La gestión de la pandemia en España ha evidenciado las fallas de un sistema autonómico errático no por definición, sino por la carencia política de explotarlo. La primera evidencia de ello señala directamente a los mecanismos de cooperación. Hay más de 40 órganos, a diferentes niveles, creados para fortalecer las relaciones entre el Gobierno central y los autonómicos. Funcionan, pero "a medio gas", asegura Ignacio Jurado, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Oxford . 

"No exprimimos la potencialidad que tienen por entero, la dinámica institucional adoptada se ha conformado con un uso parcial y no necesita más, pero en una situación de emergencia como ésta, que requiere un gran esfuerzo de coordinación, la presión sobre ellos aumenta y no están lo suficientemente engrasados para actuar con rapidez", abunda el docente de la Universidad Carlos III de Madrid.

Coincide en esta idea Sandra León, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, quien explica que la pandemia sorprendió a un sistema lastrado en lo que se refiere a las relaciones intergubernamentales a primer nivel político. El máximo exponente puede ser la Conferencia de Presidentes. "Estaba infrautilizada y no funcionó bien", especifica León. 

Los últimos meses se antojan como una oportunidad perdida para fortalecerla. En la última década, se había reunido en dos ocasiones y durante la vigencia del estado de alarma pasó a convocarse semanalmente. Entonces, podría haber servido como plataforma de codecisión entre los distintos niveles de gobierno pero fue denostada a servir de púlpito de domingo para que el presidente trasladara a los dirigentes autonómicos las decisiones anunciadas en rueda de prensa 24 horas antes. Con la "nueva normalidad", se abandonó de nuevo, hasta la cita monotemática para abordar la vuelta al colegio. 

Del Estado "dictatorial" al abandono

Los cambios en el discurso del Gobierno madrileño coinciden con el traspaso de responsabilidad sobre la gestión de la pandemia. La primera respuesta para afrontar esta crisis llegó del Ejecutivo central, que decidió decretar el estado de alarma y establecer un mando único. 

En esas semanas, Díaz Ayuso llegó a alentar a los manifestantes que incumplían la norma para pronunciarse en contra del Gobierno central en la céntrica calle de Núñez de Balboa. "Aprovechan el mando único, que las familias no pueden salir a manifestarse libremente, para imponer todo tipo de barbaridades. Están imponiendo un mando único dictatorial", dijo entonces la presidenta madrileña.

Los expertos coinciden en la necesidad de activar el estado de alarma para limitar el movimiento de la ciudadanía, pero son reticentes, precisamente, en que deba conllevar una centralización del poder. Para Jurado, el riesgo de este instrumento es que "es una caja de herramientas en la que caben muchas cosas".

"Era imprescindible para limitar la circulación y ejercer el confinamiento, pero no tiene que presuponer un mando único tan centralizado. España debería estar preparada para hacer frente a una pandemia sin tener que centralizar la autoridad", razona. 

De una manera más contundente lo resume León: "El estado de alarma dio a entender que el Estado Autonómico puede activarse y desactivarse según el momento. Y eso es algo que debería cuidarse".

Las palabras de Ayuso se enmarcan en una retórica de reproches reincidentes desde los primeros momentos de la pandemia. La presidenta del mayor bastión institucional del PP había confrontado antes con el Ejecutivo al acusarle de bloquear la llegada de material sanitario, algo refutado en diversas ocasiones por Sanidad, o de destinar a la comunidad menos recursos de protección de los anunciados. "Actúan tarde y de manera negligente" o "están lastrando la economía" son otras de las acusaciones que la popular les había lanzado antes de recuperar la gestión para dar respuesta a la crisis. 

Jurado cree que, pese a este discurso, en su mayoría, las comunidades estaban "cómodas" con el mando único y la mejor justificación para sostenerlo llegó justo después, con la nueva normalidad. "Han seguido mirando al Gobierno central y esperando que sea éste quien tome la iniciativa. Les está faltando liderazgo para afrontar esta fase", resume.

Desplazar responsabilidades

Lo cierto es que nunca antes las autonomías han estado de una forma tan clara en el foco de la gestión y, por consiguiente, en el centro de la rendición de cuentas. "En esta coyuntura, son ellas las que tienen en sus manos tomar medidas muy impopulares y costosas, que claramente los votantes van a penalizar", explica Jurado.

León compara esta situación con la anterior crisis, que se libró en términos económicos y bajo el liderazgo inapelable del Ejecutivo central. Ésta, por el contrario, se bate en el campo de competencias que pertenecen a las autonomías, como Sanidad o Educación. 

Precisamente, el regreso a las aulas ha sido uno de los terrenos de batalla más sangrientos. Díaz Ayuso abanderó un movimiento entre presidentes autonómicos que demandaban que, en esta ocasión sí, el Ejecutivo central tomara las riendas para gestionar la vuelta al cole. "Como país, necesitamos una estrategia única para reforzar las medidas", alegó por entonces, aludiendo también a la aplicación de nuevas normas como la prohibición de fumar en la vía pública.

"Los Gobiernos autonómicos han intentado ceder la responsabilidad de las medidas más costosas al Ejecutivo central. Y de ahí también la reacción de Sánchez, desplazando el coste político a las comunidades", razona Jurado. 

Desde que decayera el estado de alarma, el Gobierno central se replegó y limitó su papel a ente de coordinación. El cénit de esta postura llegó a finales de agosto, cuando Sánchez compareció para recordar a las comunidades que estaba en sus manos la posibilidad de decretar un nuevo estado de alarma en el que los presidentes autonómicos ostente el mando único para limitar ciertos derechos como el movimiento. 

En suma, con la sombra de una segunda ola, devino "una lucha para desplazar responsabilidades" porque todos saben que los ciudadanos pueden exoneran medidas duras en una coyuntura plagada de incertidumbre y novedad, como ocurrió en marzo, pero una segunda vez sería leído claramente como un fracaso de gestión, sintetiza Jurado. 

Oportunidades perdidas

Los errores de estos meses no se deben al sistema español en sí mismo, sino a que no se le ha sabido sacar, en los últimos 40 años y con más hincapié ahora, todo lo que da de sí. La gestión descentralizada de un país como España tiene numerosas ventajas que no han sido explotadas en una situación inédita que lo hacía incluso necesario. 

En casos como éstos, los territorios pueden convertirse en laboratorios de experimentación y aprendizaje, especialmente en la regulación de sectores en los que el Gobierno central elabora pocas directrices, como Educación. Esto quiere decir, por tanto, que no tiene por qué ser negativo el mantra de "17 modelos" distintos, sino que puede ser lo idóneo para crear un acervo común de buenas prácticas. Con 17 posibilidades de probar es más fácil y, posiblemente rápido, llegar a la solución ideal. 

"Esto debería ser una de las potencialidades del sistema. Es inaudito ver a las comunidades reclamando al Gobierno central un protocolo para la vuelta al cole, no debería ser algo necesario", señala Jurado.

El problema aquí, precisa León, es que "a veces, se confunde la heterogeneidad de un sistema descentralizado con desigualdad y estos conceptos pueden armonizarse si los mecanismos de coordinación funcionan". 

Pulsión centralizadora

El relato, en este sentido, está socialmente perdido. "Los españoles rechazan la diversidad. El sistema de las autonomías no está plenamente absorbido en la mente de los ciudadanos; piensan en la mera aplicación de políticas y no en la gestión en mayúsculas, en crear sistemas distintos", apunta Jurado. 

En el estudio Popular reactions to external threats in federations, firmado por León y Amuitz Garmendia, ahondan en este punto hasta llegar a la conclusión de que el miedo y la percepción de que la gestión autonómica como una amenaza provocan una pulsión centralizadora fuerte. 

"A medida que los ciudadanos reconocen que la coordinación representa un problema para enfrentar la amenaza, el Estado central emerge como un punto focal de solución", resumen las autoras en las conclusiones. 

Los españoles se han mostrado, tradicionalmente, cómodos con el actual sistema de las autonomías, con ligeras excepciones, como las que se anotaron en 2021, el peor año de la crisis económica. Según los resultados del CIS, en noviembre de ese año el 24,6% de los encuestados optaban por una organización territorial con un único Gobierno central y sin autonomías. En febrero de 2020, se inclinaban por esa opción el 17,8%. 

En el terreno político, la apuesta por un retorno jacobinista tampoco suma muchos partidarios. Vox es desde hace unos meses la única formación política que defiende abiertamente la supresión del Estado de las Autonomías. Antes, sólo se recuerda la polémica que suscitó en 2012 la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ante un Mariano Rajoy recién llegado a La Moncloa. 

La popular revolucionó entonces las filas de su propio partido con una propuesta que nadie de la formación había puesto antes sobre la mesa: la devolución de las competencias de Sanidad y Educación. Es más, fue un Gobierno liderado por los populares, en 1998, quien culminó el traspaso de esas competencias. 

Pese a todo, no está claro que el pulso centralizador venga para quedarse. "Los cambios en las preferencias de los ciudadanos pueden desaparecer cuando dejan de estar expuestos a una situación de conmoción", matiza León.