Podemos está en guardia y con las uñas fuera para defender a su secretario general, Pablo Iglesias, en lo que considera que es una persecución personal de "algunos jueces" contra él y, por añadidura, contra la formación que lidera. Fuentes del partido aseguran a este periódico que no se plantean bajo ningún concepto la posibilidad de que el Tribunal Supremo abra una causa contra el vicepresidente y advierten de que, en caso de que así fuera, se tomarían el asunto como un casus belli.
"No contemplamos la posición a tomar sobre un suplicatorio", explican desde el partido de Iglesias, "porque en el caso de darse significaría que algunos jueces han derribado el Gobierno de coalición".
El aviso al alto tribunal llega desde las prietas filas de la dirección del partido morado, que recuerda que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional advirtió al juez Manuel García Castellón de que era "improcedente" que investigara al líder morado por los daños de la tarjeta del móvil de su asesora o por la filtración de los datos contenidos en la misma.
No hay 'caso Iglesias'...
"Todo parece una estrategia para derribar el Gobierno de coalición", explican las citadas fuentes en conversación con este periódico, en tono desafiante. Como ya dejó caer Iglesias, el pasado jueves en una entrevista en RAC 1, "por suerte, en España aún no encarcelan a nadie por sus ideas", advirtiendo al Supremo de que su partido vería como una persecución ideológica el hecho de que se abriera caso contra él.
Este lunes, en los actos del 12-O, se pudo ver al líder morado departiendo con Carlos Lesmes, presidente del Supremo, y el presidente del Constitucional, Juan José González Rivas.
Lesmes (CGPJ), Iglesias, González Rivas (Constitucional) y Pilar Llop, presidenta del Senado, en el 12-O.
Pero para Podemos, todo forma parte de una misma trama, en la que estaría implicado Lesmes, que también preside el Consejo General del Poder Judicial, el Partido Popular y "algunos poderes oscuros". De ahí que sus filas salieran en tromba cuando Carlos Lesmes filtró la llamada de Felipe VI mostrando su "deseo" de haber estado en el reparto de despachos.
Si Lesmes preside el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, si su cargo está caducado desde hace dos años y el PP bloquea la renovación de este órgano constitucional... para las huestes moradas resulta evidente que hay un interés político cruzado entre el partido conservador, el jefe de la judicatura y el Monarca para sacarlos del Gobierno.
...hay 'caso CGPJ'
En todo caso, desde el partido de Iglesias se están midiendo mucho los pasos en este caso, controlando el mensaje: por ahora, la advertencia; más tarde, si hace falta, la ofensiva. No habrá suplicatorio porque no hay caso, y si hay suplicatorio no habrá caso Iglesias, sino caso CGPJ.
"El Poder Judicial es fundamental en la democracia", afirman desde el quipo de Iglesias en Podemos, "y hay que protegerlo de las actuaciones de algunos jueces".
A nadie se le escapa que la apertura de una causa en el Tribunal Supremo contra el vicepresidente segundo del Gobierno significaría su necesaria e inmediata salida del Ejecutivo.
Y no sólo por el cumplimiento estricto del punto XI del código ético de Podemos -"compromiso de renuncia al cargo público, al cargo interno [...] en caso de ser procesado o condenado por [...] delitos de corrupción, los económicos, el acoso sexual, las violencias machistas, la pederastia y el maltrato infantil, así como los delitos contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, los ecológicos y los urbanísticos". Sino por la vara de medir que Podemos siempre mantuvo con los escándalos en otras formaciones.
Víctima o acusado
En un auto del pasado 16 de septiembre, la Sala estimaba los recursos de Dina Bousselham y de Pablo Iglesias, e instaba al magistrado a devolver a Iglesias su condición de víctima en la instrucción del caso Dina. Ésta es una de las piezas separadas del sumario Tandem, en el que se investigan las múltiples ramificaciones de la presunta corrupción del excomisario José Manuel Villarejo.
Entendían los miembros de la Sala que se mantienen los elementos por los que se sustentó la legitimación de Pablo Iglesias para ostentar la posición procesal de perjudicado.
Dina Bousselham, a la izquierda, con su abogada, Marta Flor Núñez.
Según Podemos, es víctima. Porque los hechos son indiscutibles: a una asesora de Iglesias, Dina Bousselham, le robaron el teléfono móvil en noviembre de 2015; en julio de 2016 algunos medios publicaron información contenida en la tarjeta de memoria de este dispositivo; y en una redada en el domicilio del "policía corrupto" los agentes judiciales hallaron en su ordenador los mismos contenidos digitales.
Según García Castellón, es acusado. El pasado miércoles, el magistrado de la Audiencia Nacional envió una exposición razonada al Tribunal Supremo de 63 folios en la que aseguraba que existen indicios de criminalidad contra Iglesias puestos de manifiesto en la llamada pieza Dina.
Según expertos judiciales consultados por este periódico, en realidad, la Sala instó al juez García Castellón a que no continuara la investigación sobre una causa que no le correspondía a su juzgado central de instrucción.
No podía continuar esa vía por competencias, ya que Iglesias es diputado y vicepresidente, de tal modo que sólo puede ser imputado ante el Tribunal Supremo, vía suplicatorio. Y tampoco por el ámbito del caso, dado que la pieza Dina forma parte de un caso en el que se persiguen las ramificaciones de una supuesta trama de corrupción en el seno de la Policía y el Ministerio del Interior.
"Dado que el propósito de esta causa y de sus diferentes piezas separadas está centrado en las actividades presuntamente ilícitas de la organización de los investigados [Villarejo y sus socios], es evidente la improcedencia de la investigación", indicaba la Sala.
Calvente los "coordina"
Según el juez, Iglesias habría sido el presunto autor de tres delitos. A saber: descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos, denuncia falsa o simulación de delito en relación con las diligencias en las se investiga la filtración a la prensa de mensajes comprometedores para Pablo Iglesias guardados en la memoria del móvil de Dina Bousselham, su antigua. asesora y hoy al frente de la publicación La Última Hora, auspiciada por Podemos.
José Manuel Calvente, excoordinador del equipo legal de Podemos.
En las últimas semanas, el magistrado llamó a declarar al juzgado a José Manuel Calvente, excoordinador del equipo jurídico de Podemos y despedido, en diciembre de 2019, bajo la acusación de acoso laboral con agravante de género... a quien hoy ejerce de letrada de Bousselham, Marta Flor Núñez. Contratada por el partido, Núñez también era la abogada de Iglesias en la causa hasta que García Castellón obligó a separar ambas defensas, al empezar a sospechar de un "engaño" de Iglesias.
En su declaración, el pasado 10 de septiembre, Calvente aseguró que la "cúpula" de Podemos "decidió" el "montaje" del caso Dina como "estrategia política" del partido. Según este testigo, la cúpula de Podemos decidió sacar provecho electoral e instrumentalizar en los tribunales ese robo, presentándose como víctima de las 'cloacas' policiales del Estado a sabiendas de que no era así.
Las fuentes citadas en Podemos señalan que Calvente, pues, es la clave de una supuesta trama urdida para derrocar al Gobierno desde "los poderes oscuros", como dijo Iglesias en RAC 1. "Calvente hace que las estrategias de los jueces García-Castellón y Escalonilla estén coordinadas", concluyen.