Sánchez se arriesga a una amonestación de la UE si destruye la independencia judicial como Polonia

La reforma del Consejo Nacional del Poder Judicial fue uno de los motivos que llevó a Bruselas a pulsar en 2017 el 'botón nuclear' contra Polonia. Un procedimiento sancionador que puede acabar en la suspensión del derecho a voto en la UE de Varsovia como castigo por tratar de someter a los jueces al control político y socavar así el Estado de derecho, según establece el artículo 7 del Tratado. O en la congelación de las ayudas del fondo de reconstrucción Covid-19 de 750.000 millones de euros, si salen adelante las propuestas de la Eurocámara.

En el caso de España, a la Comisión Europea también le preocupa la politización percibida del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según se recoge en el primer informe sobre la situación del Estado de derecho en nuestro país publicado el pasado 30 de septiembre. Un problema que corre el riesgo de agravarse con la reforma que han planteado PSOE y Unidas Podemos, que rebaja la mayoría parlamentaria requerida para elegir a los 12 vocales que deben proceder de la carrera judicial: mayoría absoluta en lugar de tres quintos.

Bruselas censura que el CGPJ lleve ya casi dos años en funciones por la falta de acuerdo para su renovación. Pero además se remite a las críticas contenidas en el último informe del Consejo de Europa, en el que se insta a España a modificar el sistema de elección para garantizar la independencia judicial. En concreto, el Consejo de Europa pide que los doce miembros de origen judicial del CGPJ sean directamente elegidos por sus pares y no por políticos. Un cambio que va en sentido contrario a la propuesta del PSOE y Podemos.

El informe lamenta que el Parlamento rechazara en 2018 (por un estrecho margen del 52% frente al 48%) la propuesta de la subcomisión de Justicia en el Congreso para que los jueces designen a la mayoría de los miembros del CGPJ. "Se ha perdido la oportunidad de subsanar lo que ha demostrado ser, en los ojos de los ciudadanos, el talón de Aquiles de la judicatura española: su supuesta politización", señala el texto, elaborado por el GRECO, el órgano anticorrupción del Consejo de Europa. 

Los políticos no deben seleccionar a jueces

"El clamor público por esta última debilidad fue especialmente agudo en noviembre de 2018, cuando se estaba formando el nuevo CGPJ. En esa ocasión, se filtró información respecto de la intervención de los partidos políticos en el nombramiento de puestos judiciales clave", prosigue el informe. Una alusión al principio de acuerdo entre PP y PSOE para designar a Manuel Marchena como presidente del CGPJ, que saltó por los aires tras conocerse un mensaje del portavoz popular Ignacio Cosidó en el que presumía de "controlar la Sala Segunda desde detrás".

"Las autoridades políticas no deben participar, en ningún momento, en el proceso de selección del turno judicial", insiste el informe. "Esto no quiere decir que se ponga en tela de juicio la independencia de los jueces; el GRECO ha sido muy claro a este respecto y desea volver a serlo: no cabe duda de la independencia e imparcialidad de los jueces en el desempeño de sus funciones", agrega.

El Ejecutivo comunitario usó también los informes del Consejo de Europa como base para lanzar el procedimiento sancionador contra Polonia. "Criterios europeos bien consolidados establecen que al menos la mitad de los miembros de [los Consejos del Poder Judicial] deben ser jueces seleccionados por sus homólogos de entre todos los niveles del sistema judicial y con respeto del pluralismo interno de dicho sistema", señala la decisión de apertura de expendiente.

A su llegada al poder, el Gobierno euroescéptico de Ley y Justicia -principal socio de Vox en la Eurocámara- destituyó a los miembros activos del Consejo Nacional del Poder Judicial sin esperar a la conclusión de su mandato. Además, estableció un sistema de nombramiento completamente nuevo: los 15 jueces miembros pasan a ser nombrados por el Parlamento polaco y no por sus pares. Los candidatos a estos puestos pueden presentarlos no solo grupos de 25 jueces, sino también grupos de al menos 2 000 ciudadanos. El nombramiento se hace por mayoría absoluta si no se alcanzan los tres quintos requeridos en primera ronda.

Se vulnera la separación de poderes

La Comisión considera que una reforma como la de Polonia "debilita la independencia del Consejo en lo relativo a la mayoría del Parlamento", "contribuye a un debilitamiento de la independencia del poder judicial en su conjunto" y "vulnera el principio de separación de poderes".

"Por ejemplo, un juez de partido judicial que deba dictar una sentencia en un asunto delicado desde un punto de vista político al mismo tiempo que se postule para un ascenso a juez de un tribunal regional podría decantarse por favorecer la postura preconizada por la mayoría política para no comprometer sus posibilidades de obtener el ascenso", alega el Ejecutivo comunitario.

En 2019 y 2020, la Comisión puso en marcha dos nuevos procedimientos de infracción para salvaguardar la independencia judicial en Polonia y el TJUE concedió medidas provisionales para suspender las competencias de la Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo en asuntos disciplinarios que implican a jueces. Las controvertidas reformas judiciales de Varsovia no afectan únicamente al CGPJ, sino también al Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los tribunales ordinarios, el Consejo Nacional del Poder Judicial y el Ministerio Fiscal.

Pese a la presión de Bruselas, el Gobierno de Ley y Justicia no ha dado marcha atrás en la mayoría cambios. Las sanciones del artículo 7 requieren el apoyo unánime de los 27 Estados miembros y Polonia cuenta con aliados como la Hungría de Viktor Orbán, otro defensor de la "democracia iliberal" cuya deriva autoritaria preocupa a la UE. Ahora, Polonia amenaza con vetar el fondo de reconstrucción si incluye sanciones a los países que vulneran el Estado de derecho. ¿Seguirá el Gobierno de Pedro Sánchez el mismo camino?