Los tics del PSOE: ni el Gobierno debe "liderar" el acuerdo en el CGPJ ni el Parlamento es "soberano"

La batalla por el control del Poder Judicial amenaza con dañar muy seriamente la imagen del PSOE. A la reprimenda de Bruselas, la oposición de los propios jueces y las críticas de amplios sectores del progresismo provocadas por el intento de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) se suma ahora la evidencia de que el socialismo no parece tener muy claros los fundamentos de la arquitectura constitucional española. 

Las alarmas saltaron ya el pasado viernes, cuando Pedro Sánchez, acorralado por los reproches de la Comisión Europea a su intento de reforma de la LOPJ, dijo estar dispuesto a negociar con el PP, "haciendo todas las concesiones necesarias", para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). 

A lo largo de su comparecencia, el presidente se atribuyó una y otra vez la capacidad de negociar directamente con el líder del PP los nombres de los nuevos vocales del CGPJ. "Nosotros, como Poder Ejecutivo, le decimos al Partido Popular que estamos abiertos a sentarnos ya mismo a negociar", dijo en una ocasión. "Evidentemente, el Gobierno de España está más que dispuesto a llegar a un acuerdo", dijo luego. 

El presidente llamó también "al sentido común, a la responsabilidad de Estado, a cumplir con la Constitución, a sentarse con el Gobierno y a llegar a un acuerdo cuanto antes". "Quien lidera estas negociaciones por parte del Gobierno de España es el ministro de Justicia", añadió a continuación.

"Con quien tiene que negociar el PP es con el ministro de Justicia, que es el encargado de estos temas dentro del Consejo de Ministros", repitió por segunda vez Pedro Sánchez. 

Nada que negociar

En realidad, ni el presidente del Gobierno, ni el Gobierno, ni el Poder Ejecutivo como tal, ni por supuesto un ministro, aunque sea el de Justicia, tienen nada que negociar con el líder del principal partido de la oposición. Porque la negociación para la renovación de los vocales del CGPJ se lleva a cabo entre los grupos parlamentarios en el seno de las Cortes, no entre el Gobierno y el líder de la oposición.

La confusión de Pedro Sánchez respecto a sus competencias y las de las Cortes tiene fácil explicación. Tanto se ha adulterado a lo largo de las últimas décadas el proceso de elección del CGPJ que, como esas palabras que acaban adoptando un sentido completamente diferente al original por la fuerza de su mal uso, ha acabado cuajando la idea de que son el presidente del Gobierno y el líder de la oposición los que negocian los nombres de los vocales de ese organismo. 

A las declaraciones de Sánchez se han sumado este mismo fin de semana las de Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno y profesora titular de Derecho Constitucional.

Durante una conversación informal con los periodistas, Carmen Calvo reconoció que ha sido ella misma la que ha redactado el proyecto de reforma de la LOPJ que las principales asociaciones de jueces consideran flagrantemente inconstitucional. Calvo también dijo durante esa conversación que "el Parlamento es soberano y todas las leyes orgánicas, fruto del trabajo legislativo, están supeditadas a él". 

Pueblo soberano

"Por definición, el Parlamento no es soberano en ningún Estado de derecho", responde Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. "Según la Constitución, la soberanía reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado. Pero desde un punto de vista normativo, el de las Cortes es un poder limitado por la propia Constitución". 

"Eso de que el Parlamento es soberano será en todo caso en la tradición constitucional británica, donde se dice que el Parlamento lo puede todo, menos convertir un hombre en mujer. Y ni siquiera eso es verdad, porque evidentemente el Parlamento británico tiene límites", añade Ruíz Robledo, muy crítico con la teoría constitucional ad hoc que el Gobierno ha fabricado a toda prisa para justificar su asalto al Poder Judicial. 

Con Agustín Ruiz Robledo coincide FAES, que en un duro comunicado hecho público ayer acusaba a Carmen Calvo de no haberse leído la Constitución a pesar de ser profesora de Derecho Constitucional. "No, Sra. vicepresidenta, el Parlamento no es soberano. Si se aventurara a leer la Constitución –por ejemplo, un artículo al día sería una dedicación llevadera– no encontraría por ninguna parte eso que afirma". 

"Si el Parlamento fuera soberano podría cambiar la Constitución por sí mismo, sus leyes no estarían sometidas al control de la constitucionalidad y serían las Cámaras las que sustituirían al pueblo español como titulares de ese poder supremo", continúa el comunicado de FAES. "La soberanía parlamentaria –tal vez la vicepresidenta haya oído campanas sin saber muy bien dónde– es un concepto jurídico-político de la teoría constitucional británica en un sistema en el que no existe Constitución escrita". 

"Si la vicepresidenta del Gobierno cree que el Parlamento es soberano –sobre todo cuando izquierda, podemitas y nacionalistas tienen la mayoría–, no puede extrañar que crean que la independencia judicial es un añadido decorativo en la Constitución, o que el Código Penal se puede convertir en un traje a medida para indultar a sediciosos", finaliza el comunicado de FAES.

Podemos y Schmitt 

A las declaraciones de Sánchez y Calvo se sumaron las de Podemos y varios de sus periodistas afines.

Pablo Echenique compartió este pasado domingo en su cuenta de Twitter un artículo de Elisa Beni en el que se afirma que "esos millones de electores [los de PSOE, Podemos y los nacionalistas] tienen derecho a que los jueces no se conviertan en una forma de oposición directa al Gobierno que votaron. La pugna también es con el pueblo, única fuente de poder legítimo en democracia". 

Pero ese concepto de pueblo que según Podemos está por encima de la ley no es el de la Constitución o las tradiciones jurídicas democráticas occidentales, sino uno más parecido al que defendía Carl Schmitt, el jurista de la Alemania nacionalsocialista que rechazó tanto el positivismo jurídico como el liberalismo y el parlamentarismo, que acuñó el concepto de 'dictadura democrática' y del que tanto Pablo Iglesias como Íñigo Errejón han reconocido haber bebido, posiblemente por influencia de la politológa francesa Chantal Mouffe.   

Régimen autocrático

Agustín Ruiz Robledo responde también a las afirmaciones del presidente. "La negociación para la renovación de los vocales del CGPJ le corresponde al Congreso y el Senado. Ahí el Gobierno no tiene ningún papel. Hay cosas que se hacen, pero no se dicen. Alguien les habrá dicho que al Gobierno le corresponde según la Constitución la función de la dirección política y de ahí han sacado todas esas conclusiones erróneas".

"Lo que dicen Sánchez y Calvo no tiene ningún sentido jurídico" dice Ruíz Robledo. "¿Llevaba el PSOE en su programa electoral la reforma de la LOPJ para rebajar la mayoría de 3/5? No. Entonces, ¿cómo pueden apelar a la supuesta soberanía del Parlamento para hacer algo que no estaba en el programa electoral con el que ganaron las elecciones?".

En efecto. De acuerdo al argumento de Carmen Calvo, un partido cualquiera podría ganar las elecciones con un programa electoral concreto y después, apelando a la supuesta soberanía absoluta del Parlamento, hacer todo lo contrario de lo prometido en ese programa electoral.

Dicho de otra manera. Esa hipotética soberanía parlamentaria, superior según Carmen Calvo a la propia Constitución, permitiría tomar cualquier medida que ese partido deseara. Incluso la de quebrar la separación de poderes o convertir España en un régimen autocrático. 

"No tiene tampoco ningún sentido que los doce vocales que pretende nombrar el PSOE por mayoría simple, y que tienen las mismas competencias y funciones que los otros 8, sean escogidos por una mayoría inferior a la de 3/5 de sus compañeros" añade Ruíz Robledo. "El Gobierno tiene perdido ese litigio en los tribunales".

"Sólo hay que echarle un vistazo al informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, comisión presidida por el europarlamentario socialista Juan Fernando López Aguilar" acaba Ruíz Robledo. "Ese informe provocó la condena de las autoridades polacas por sus intentos de control del Poder Judicial. Lees ese informe sustituyendo la palabra 'Polonia' por la palabra 'España' y describe a la perfección lo que está ocurriendo hoy en nuestro país".