Las 5 medidas de Iglesias que Sánchez aceptó en el pacto de gobierno y que ha sacado del Presupuesto

La noche del lunes, en la sede de la Vicepresidencia segunda del Gobierno los nervios estaban a flor de piel. Pablo Iglesias estaba a punto de provocar la primera gran crisis en el seno del Gobierno de coalición, forzando hasta el límite la voluntad del PSOE y amenazando con dejar en mal lugar la palabra del presidente, Pedro Sánchez.

Esa misma mañana, el jefe del Ejecutivo se había comprometido a llevar los Presupuestos al Consejo de Ministros del martes ante los presidentes autonómicos, pero lo había hecho sin el acuerdo cerrado con sus socios, e Iglesias no quería tragar más sapos.

O el equipo económico de Nadia Calviño aceptaba la mejora del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y ponía negro sobre blanco su promesa de intervenir el mercado del alquiler de viviendas o no habría Presupuestos. Al menos, hasta el viernes. Y es que Unidas Podemos ya había aceptado que el acuerdo de coalición no se plasmara en las primeras cuentas públicas de un Gobierno con los morados sentados a la mesa, y sus bases no iban a comprender tanto apego al sillón para nada.

Pablo Iglesias, separado por María Jesús Montero de Nadia Calviño, en la Moncloa. Efe

Sánchez dijo en agosto que la "gran reforma fiscal" quedaba pospuesta para cuando "España y su economía estén recuperadas". Su ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó después que lo que se hiciera en este año, lo presentado este martes, serían sólo "retoques".

1. El IRPF 

Para empezar, el primer sapo fue la reforma del Impuesto de la Renta se ha quedado a una distancia sideral de la que Sánchez e Iglesias firmaron de su puño y letra y luego sellaron con un abrazo el 12 de noviembre, sólo 48 horas después de las elecciones.

Hoy, el tramo más alto es siempre el mismo desde los 60.000 euros de renta anual, un 45%. Y así seguirá igual para todos los que no lleguen a los 300.000 euros, ya que el anteproyecto de Presupuestos aprobado en el Consejo de Ministros prevé sólo un nuevo tramo, con una subida de dos puntos a partir de ese nivel de ingresos. 

El punto 10.2) del pacto de coalición [consúltelo aquí] había fijado esa frontera para ser considerado "rico" en 130.000 euros. Y eso ya había sido una cesión de los de Iglesias, que en su programa electoral [consúltelo aquí] proponían dos puntos más de IRPF para quienes ganan más de 100.000 euros al año. Y hasta 10 puntos más para los de 300.000.

Según el acuerdo de coalición, aún habría un segundo tramo más para los trabajadores con rentas superiores a esos 300.000 euros al año, que pagarían cuatro puntos más, hasta el 49%. Es decir, que finalmente hay una diferencia de entre dos y ocho puntos en "justicia fiscal" -como gusta en bautizar Iglesias a la subida de impuestos- desde lo pedido hasta lo logrado.

Lo mismo ocurre con la tributación de las rentas del capital en el IRPF. El acuerdo de coalición había previsto un alza de cuatro puntos para las superiores a 140.000 euros. Los Presupuestos de 2021 bajan el recargo a tres puntos, y suben el listón a 200.000 euros anuales.

2. El impuesto a la banca

La realidad, para ser justos es que no se llamaba así en el pacto de coalición. Esta obsesión de Unidas Podemos se escondía dentro de la reforma del Impuesto de Sociedades. De hecho, el grueso de la "gran reforma fiscal" acordada entre Sánchez e Iglesias se basaba en esta figura tributaria.

Así, dentro del apartado de "Aumento de la progresividad fiscal", el primer punto detallaba un cambio de arriba abajo que comenzaba, precisamente, por la "garantía de una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos".

Portada del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

Los morados, en su programa electoral, lo enfocaban de otra manera: como una manera de "recuperar los 60.000 millones del rescate bancario en una década", que preveía un "impuesto a las transacciones financieras, una reforma del impuesto sobre sociedades respecto a la tributación de las grandes corporaciones y un impuesto específico a la banca".

Finalmente, los Presupuestos de 2021 sólo prevén una leve reducción de "la exención del 100% al 95% por las plusvalías y dividendos generados por filiales en el exterior". El pacto de coalición también añadía una rebaja para "las Pymes que facturen menos de un millón de euros", que bajarían del 25% al 23%... pero esa reducción fiscal a las microempresas se ha olvidado.

3. Grandes fortunas

Pablo Iglesias ya trató de colocar su "impuesto a los ricos" durante los trabajos de la Comisión de Reconstrucción en el Congreso. Pero Pedro Sánchez hizo caso ya entonces a su equipo económico, lo calificó de "fetiche" y le indicó que esa propuesta no la asumía el PSOE en la plataforma conjunta que presentaron las dos formaciones.

La ministra de Hacienda, preguntada al respecto, despreció la idea públicamente y arguyó que "la progresividad fiscal se puede alcanzar de muchas otras maneras, no hace falta crear una figura específica". Y finalmente, las conclusiones de la Comisión no lo incluyeron.

Pero lo cierto es que sí que estaba en el documento que sirvió para armar el Gobierno en apenas 48 horas tras la visita a las urnas del 10-N: "Se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo". 

Finalmente, se ha hecho lo que apuntaba Montero... pero servirá de poco. El texto de los Presupuestos, según lo anunciado por el Gobierno prevé una subida pequeñita, en el tramo más alto y en un tributo que está cedido al 100% a las Comunidades Autónomas: "El Impuesto sobre el Patrimonio [tendrá] un carácter indefinido, de modo que no sea necesario prorrogarlo año tras año mediante una ley. [...] Además, se incrementa un punto el gravamen del último tramo, que pasa del 2,5% al 3,5%".

En regiones como Madrid, que lo tiene bonificado al 100%, no habrá efecto alguno.

4. Las pensiones

Todavía se recuerdan las invectivas públicas y privadas de la hoy ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, contra el secretario de Estado de Seguridad Social socialista, Octavio Granado, y la ministra de Economía, Nadia Calviño, con la que ahora comparte Consejo de Ministros.

Yolanda Díaz, entonces diputada de Unidos Podemos, en la tribuna del Congreso. Congreso

Hace ahora exactamente dos años, la portavoz de Unidas Podemos en el Pacto de Toledo -una de las diputadas que más leyes laborales tiene grabadas letra a letra en su memoria- daba un golpe sobre la mesa en la negociación de las pensiones.

Díaz exigía vincular la revalorización de las pensiones al IPC por ley. Y lo que entonces causaba tanto revuelo -tanto que no se consiguió-, se firmó en el pacto de coalición. En su punto 2.4.1) se lee: "Actualizaremos las pensiones conforme al IPC real mediante ley de forma permanente"... pero eso no se ha hecho. No hay ley ni se prevé.

Sí aparece entre las recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas también este martes en el Congreso, pero Calviño y, sobre todo, José Luis Escrivá, ministro de la cosa, ya han anunciado en más de una ocasión que se buscará un índice de referencia para la revalorización anual "compuesto". Es decir, que incluirá el IPC como un componente clave, "pero con más condicionantes incluidos".

5. IVA

A pesar de que durante las negociaciones, fuentes del Gobierno filtraron una propuesta del PSOE para eliminar la exención en el IVA de la Educación y la Sanidad privadas, el rechazo frontal de Unidas Podemos hizo que el asunto se desechara.

Finalmente, el Gobierno sólo ha anunciado que las bebidas azucaradas y edulcoradas quedarán gravadas con un IVA al 21%. Con él espera recaudar 400 millones de euros anuales. Eso sí, el consumo en bares y restaurantes se van a mantener en el 10%. Y de esa idea impulsada por Alberto Garzón no se dijo nada en el pacto entre PSOE y Unidas Podemos.

Aunque las fuentes no han concretado nada, se da por descontado que el Ejecutivo planteará alguna reordenación de productos en los tramos superreducido y reducido, como ya informó este periódico, atendiendo a las ineficiencias detectadas por la AIReF. Pero nada se ha dicho de lo acordado para la coalición: "Reduciremos el tipo de gravamen de IVA de los servicios veterinarios y de los productos de higiene femenina".

Y sí que dijo la ministra de Hacienda en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "todo lo que no he nombrado es que no está".