Irene Montero rechazó atender a colectivos feministas críticos con la Ley Trans

Irene Montero continúa firme en su voluntad de sacar adelante la Ley Trans. La ministra de Igualdad tiene prisa en aprobar una de sus medidas estrella. Por ello, no sólo ha acelerado los plazos para su tramitación, sino que ha evitado reunirse con asociaciones feministas críticas durante estos últimos meses.

Esta semana, el Ministerio que dirige Montero ha abierto la consulta pública para la elaboración de la Ley para la Igualdad Plena y Efectiva de las Personas Trans. Ésta recoge, entre otras propuestas, el derecho a la "autodeterminación de género". Esto es, que las personas podrán cambiar registralmente su sexo en el DNI a través de una mera "declaración de la propia identidad sentida".

Cualquier persona -menores de 16 a 18 años incluidos- que manifieste una "identidad de género" que no coincida con su sexo biológico podrá rectificar sus datos en el Registro Civil sin que el ejercicio de este nuevo derecho esté condicionado a la previa prestación de un informe médico o psicológico. Además, la ley también plantea el derecho al acceso a intervenciones quirúrgicas y a tratamientos de hormonización sin necesidad de requerir autorización judicial o administrativa. 

Estas medidas han sido criticadas por numerosas asociaciones feministas, pero eso no preocupa a Irene Montero. La ministra de Igualdad ha rechazado durante meses reunirse con las asociaciones feministas críticas con la ley, que llevan desde julio queriendo exponer sus argumentos por los que consideran que la Ley Trans es perjudicial para los derechos de la mujer. 

Así lo denuncia la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, integrada por una amplia red de asociaciones feministas, en conversación con EL ESPAÑOL. "Llevamos meses solicitando reunirnos con ella y ni siquiera ha contestado. Ha ignorado a Contra el Borrado y a cualquier colectivo feminista crítico que se ha plantado", confirma la activista Carmen Freixa a este medio. 

El trámite de consulta pública previa a la elaboración del proyecto normativo acepta aportaciones hasta el 18 de noviembre. Un plazo que, según denuncian las asociaciones feministas, es "menor al habitual": "No les interesa dar tiempo para que puedan aportar las organizaciones feministas", critican. 

En este sentido, Carmen Freixa considera que el trámite es una mera "acción populista, una operación de marketing", ya que "cuando quieres que la gente haga aportaciones, tienes que presentar un texto y un borrador". "¿Dónde está ese texto? Brilla por su ausencia", critica la feminista de la Alianza.

-¿A qué responde la prisa de Podemos por tramitar la ley?

-El Ministerio de Igualdad siente la necesidad de exhibir ante los suyos que están haciendo algo porque intuyen que cuando acabe la legislatura Podemos será algo residual. El Ministerio y el Instituto de la Mujer, que deberían estar defendiendo a las Mujeres, no están haciendo su función. La están rehuyendo. 

"El Ministerio de Igualdad actúa como el Sóviet. No quieren voces críticas. Por eso nos estigmatizan llamándonos tránsfobas a quienes denunciamos las consecuencias que se derivan de sus leyes", zanja Freixa.

Teoría 'queer'

De un tiempo a esta parte, las políticas de Irene Montero han ido destinadas a contentar al colectivo trans, asumiendo postulados de la teoría queer en los documentos oficiales de Igualdad. "Postulados que son contrarios a la igualdad entre el hombre y la mujer", según denuncian distintas asociaciones feministas.

En este sentido, la Ley Trans sigue la dinámica de leyes como la Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual o la Ley de Protección a la Infancia. Todas ellas han sido rechazadas por colectivos feministas como Contra el Borrado de las Mujeres, que denuncia que Irene Montero está intentando introducir "posiciones acientíficas" en la legislación. 

Estas posiciones ideológicas contrarias a la ciencia se evidencian, a su juicio, en "la falacia de que la realidad biológica es elegible y que ser hombre o mujer es sólo una cuestión de sentimientos". Y es que las feministas ortodoxas entienden que "el género se impone y el sexo es una realidad material y en ella se basa la jerarquía que nos divide y que nos oprime a las mujeres". Así lo ha defendido siempre Ángeles Álvarez, exdiputada del PSOE y miembro de la Alianza. 

Las feministas ortodoxas denuncian también que el Ministerio de Igualdad está siguiendo los pasos de otros países que han legislado aceptando la "autodeterminación de género", como Reino Unido o Canadá. A través de normas que "gozan de amplia simpatía popular", se sirven de un lenguaje emotivista para aprobar leyes sin que exista un debate científico.

Así lo hizo el Gobierno británico, que habilitó políticas públicas vinculadas a la libre determinación de género. Desde entonces, según un informe de la Alianza, se han multiplicado un 4.400% lo adolescentes que quieren "transicionar". 

En este contexto, el grueso del movimiento feminista español lleva tiempo reaccionando "preventivamente" y pidiendo a los grupos parlamentarios ser escuchadas. Algo que Irene Montero no ha tenido a bien.

Postura del PSOE

El PSOE no se ha manifestado expresamente en contra de la Ley Trans, pero sí que se ha desmarcado de la cosmovisión feminista de Podemos en varias ocasiones. La más significativa, cuando la ejecutiva socialista emitió un comunicado desmarcándose del posfeminismo de género (o transgenerismo queer) que abandera la formación de extrema izquierda.

El texto, que nació como crítica a la Ley de Infancia -o Ley Rhodes-, contaba con las firmas de Carmen Calvo, José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. Todos ellos advertían de que hay una "utilización y confusión" de conceptos "fundamentales en el feminismo como son el sexo y el género".

Y es que la doctrina del sector feminista tradicional del PSOE dista mucho de la cosmovisión que lleva a Podemos a plantear leyes como la Ley Trans. En el argumentario socialista, el denominado derecho a la autodeterminación sexual "carece de racionalidad jurídica" y podría plantear numerosos problemas. 

Este documento fue calificado por Podemos y miembros del propio Partido Socialista defensores de la Ley Trans -como Carla Antonelli- de "tránsfobo". Una etiqueta con la que se descalifica comunmente a quienes se oponen a los postulados de la teoría queer.