Hungría denuncia el control de jueces y fiscales en España para rebatir las críticas a su Gobierno

Este lunes los fondos europeos de reconstrucción se alejaron mucho, "varios meses incluso", según las fuentes consultadas en Bruselas, tras el veto anunciado por Hungría al Presupuesto Plurianual de la Unión Europea. Y lo hicieron, además, con un ataque preventivo del Gobierno húngaro contra España. 

Más allá de las cartas enviadas por el primer ministro del país, Viktor Orbán, a los presidentes del Consejo, de la Comisión y a la presidencia de turno alemana, la ministra de Justicia, Judit Varga, arremetía contra la presunta deriva antidemocrática de Pedro Sánchez. 

"No somos nosotros los que criticamos a los Estados miembros donde [...] el Gobierno instruye directamente a la fiscalía, o donde los jueces son nombrados por actores políticos, sino que son ellos los que nos critican", apuntaba en evidente referencia a España.

La Comisión Europea lleva años afeando a nuestro país el hecho de que el fiscal general del Estado sea nombrado por el Ejecutivo, como volvió a advertir en su último informe, del 30 de septiembre.

Y la ministra húngara aprovechaba la proposición de ley conjunta de Unidas Podemos y el PSOE para reformar el método de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para poner a nuestro país a la altura del suyo. 

"Esto iba a pasar"

Señalando a Madrid, "Budapest pretende defenderse atacando, pero no tienen nada que hacer", apunta el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, en conversación con este periódico. "El pasado jueves intentó lo mismo Polonia en el Parlamento y los representantes de todos los grupos le pararon los pies antes de que pudiera avanzar medio metro en esa insidia". 

El exministro de Justicia y presidente de la Comisión de Libertades Civiles (LIBE) del Parlamento Europeo, no se ha sorprendido del ataque de la ministra del Gobierno autoritario de extrema de derecha de Hungría. "Ni del veto, ya avisamos muchos en el Pleno de la semana pasada de que esto iba a pasar".

Juan Fernando López Aguilar, exministro de Justicia y miembro del Parlamento Europeo. DA

Lo cierto es que el runrún recorría los pasillos de Bruselas desde hace más de mes y medio, tal como advertía en EL ESPAÑOL Esteban González Pons, vicepresidente del Grupo Popular: "En esta crisis también están en juego los valores europeos", recordaba el político valenciano, "y la Eurocámara los va a defender".

Sin el llamado Fondo Financiero Plurianual (FFP) no hay instrumento legal para nuevos Fondos Propios que permita emitir la nueva deuda mutualizada de la UE. Y eso significa que los 750.000 millones, de los que 140.000 iban a ser para España en los próximos seis años, no existen.

Esta maniobra de Hungría, que junto a Polonia tiene abierto un expediente por incumplimiento de las reglas del Estado de derecho, es "un chantaje con actitudes mafiosas que es la prueba superlativa de que ambos países saben que tienen un problema con los valores de la Unión Europea", responde indignado López Aguilar.

La ministra húngara se erige en portavoz de los demás Estados "atacados por Bruselas" en su escrito: "No es Hungría la que ataca a Bruselas y otros Estados miembros con acusaciones fabricadas con el pretexto del Estado de derecho, sino que son ellos quienes nos atacan a nosotros", afirma.

"Acuerdo histórico"

Hace una semana, la Eurocámara llegó a un acuerdo "histórico" con la Comisión y el Consejo para aprobar el reglamento del fondo Next Generation EU, es decir "un trabajo de meses, de negociaciones complejas, que liberan mucho dinero necesario para mucha gente que lo está pasando muy mal". Y que, por eso mismo, "no se puede consentir que los países del llamado grupo de Visegrado extorsionen a última hora".

Cuando el Parlamento Europeo revisó el proyecto presentado por Ursula von der Leyen para arbitrar un fondo de recuperación, sus líderes populares, socialista y liberales añadieron por iniciativa propia una cláusula: el cumplimiento estricto del Estado de derecho.

"Es un triunfo del parlamentarismo", continúa López Aguilar, "y un procedimiento muy tasado pero que evita el bloqueo de unos países que se han convertido en una banda organizada para aprovecharse de todo lo bueno de la UE y no asumir ninguna de sus obligaciones con los valores que aceptaron en su adhesión". 

El texto original ponía como condiciones para el uso de los fondos el cumplimiento de dos principios: la lucha contra el cambio climático y el fomento de la digitalización. Pero la Eurocámara quiso asegurarse de que los valores de la UE también se salvaguardaban, como explicaba el político valenciano más arriba.

Esteban González Pons, durante un debate en el Parlamento Europeo.

Así, durante los casi cinco días, del 16 al 21 de julio, en los que Pedro Sánchez estuvo negociando los términos del fondo no sólo se peleó con los frugales Austria, Países Bajos y Dinamarca. También hubo de lidiar con las soflamas de Orbán y de su colega polaco, Mateusz Morawiecki, que forzaron hasta que consiguieron una nueva redacción para ese añadido del Parlamento. 

Y aquí empezó un juego de piezas de dominó que se empujaban una a otra: nadie podía eliminar en nuevo mecanismo de control al cumplimiento del Estado de derecho, y todos menos la Eurocámara -inventora del artefacto- deseaban que cayera... para no llegar hasta aquí. Budapest y Varsovia, para no humillarse; el resto de los Veintisiete para no sufrir el veto húngaro y/o polaco; y la Comisión para no fracasar en este primer intento de unión fiscal, a través de un mecanismo de deuda conjunto.

"Habrá acuerdo"

López Aguilar está convencido de que habrá acuerdo "antes o después", aunque no sabe por dónde llegará la solución, hoy muy lejos de atisbarse. "Lo cierto es que esos países dependen de los fondos también, así que el Consejo debe doblarles el pulso".

De hecho, ese mismo estado de necesidad se sugiere en la publicación de la ministra húngara que arremetía contra España: "Contrariamente a la afirmación de la oposición húngara, las subvenciones de la UE y los fondos de cohesión no son donaciones caritativas, sino que son pagos a los que Hungría tiene derecho sobre la base de los Tratados de la UE", afirma. Pero lo cierto es que las reglas para exigir el cumplimiento de lo firmado al unirse al club comunitario, ahora, han mejorado.

La negociación se cerró la semana pasada, con un triunfo del Parlamento Europeo, que mantuvo gran parte de sus exigencias en defensa de "todos los valores reflejados en el Artículo 2 del Tratado". 

Hay mecanismos preventivos y coercitivos dentro del reglamento. Y aunque el Gobierno de Orbán ataque a España -uno de los países más beneficiados por el reparto de los fondos-, la situación "no se parece ni de lejos a lo ocurrido en Hungría o en Polonia", recuerda López Aguilar. Aun así, el citado González Pons y, por ejemplo, Luis Garicano -jefe de la delegación de Ciudadanos en la Eurocámara-, sí que han llamado la atención de que esto podría pasar.

El exministro español fue ponente de los expedientes abiertos a los dos países, "así que estoy curado de sus invectivas", remarca. "Pero lo que ocurrió allí fueron reformas aplicadas con rodillo, en poco tiempo y sin respeto a las minorías, ni procedimientos de enmienda, y revirtiendo todo el orden constitucional". Además, recuerda como dirigiéndose a la ministra húngara, "la reforma en España era sólo una propuesta, y de hecho se ha congelado, ¿no? Pues no hay más que hablar".