El Gobierno mantiene España "en Preemergencia nivel 1" a pesar de encontrarnos ante la crisis meteorológica "de mayor magnitud en los últimos 70 años". En esta situación, el ministro del Interior debería decretar la "Emergencia de interés nacional" pues la crisis "afecta a varias Comunidades Autónomas" y "exige una aportación de recursos a nivel supraautonómico".
Así lo indica el Plan General de Emergencias del Estado (PLEGEM), aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 15 de diciembre [consúltelo aquí en PDF], en lo que el Ejecutivo presentó como el primer plan estatal integral de Protección Civil. Esta norma, aprobada a propuesta de Fernando Grande-Marlaska, fue la última aprobada a este respecto.
En caso de seguir lo que indica su texto, que se remite a la ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, el ministro del Interior pasaría a llevar "la dirección y coordinación de las actuaciones y la gestión y movilización de los medios y recursos del Sistema Nacional de Protección Civil". Además, la dirección operativa de la emergencia debería encomendarla al jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), "salvo que la misma no fuera desplegada en atención a la naturaleza de la emergencia".
Trabajos de limpieza de la UME en Barajas y la visita de la Ministra de Defensa, Margarita Robles en la estación de Chamartín.
Es decir, que no es necesario que se haya activado a la UME para que una crisis sea declarada "Emergencia de interés nacional". Y que, a la luz de la norma, Marlaska debería asumir el mando único contra los efectos de la borrasca Filomena. En lugar de eso, el ministro anunció que la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, emitía una alerta en la que "recomienda a los ciudadanos quedarse en casa y evitar desplazamientos innecesarios".
Cogobernanza o mando único
Pero lo cierto es que decretar la Emergencia de interés nacional pondría más medios a disposición de las Administraciones. Y es que, según la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, se habilitaría la "aportación de recursos a nivel supraautonómico" mediante órdenes directas del ministro para "requerir la colaboración de las diferentes Administraciones públicas que cuenten con recursos movilizables, aunque la emergencia no afecte a su territorio".
La diferencia entre la "Preemergencia" y la "Emergencia de interés nacional", según el texto legal no está solo en los efectos de que el ministro del Interior debería asumir el mando único.
Esencialmente, la clave está en las razones por las que esta "emergencia meteorológica con una afectación enorme en todo el territorio", tal como la definió José Luis Ábalos en rueda de prensa, encajaría en la definición que hace la ley en su artículo 28): "Aquellas en las que sea necesario prever la coordinación de Administraciones diversas porque afecten a varias Comunidades Autónomas y exijan una aportación de recursos a nivel supraautonómico".
El mismo titular de Transportes apuntaba este lunes a que "desde que conocimos la magnitud de la emergencia, no dejamos de lanzar todos los avisos y pusimos todos los medios a nuestro alcance". Tanto él como la titular de Defensa, Margarita Robles y el del Interior, Grande-Marlaska, comparecieron dos veces en rueda de prensa para hacer balance.
En la primera de ellas, Ábalos explicaba que el presidente, Pedro Sánchez, había presidido la reunión del CECOD (Comité Estatal de Coordinación y Dirección), un órgano creado por el Plan del pasado 15 de diciembre. "Y en esa reunión comentábamos que el fenómeno más parecido a este que estamos pasando se produjo en 1950, han pasado más de 70 años desde entonces", comentaba el titular de Transportes.
Ábalos: "Un fenómeno de la magnitud de Filomena no ocurría desde 1950"
Es del ministro del Interior, precisamente, de quien dependería la declaración de emergencia, según esta normativa vigente. Y suya es, pues, la responsabilidad política de mantener esta especie de "cogobernanza" de la crisis meteorológica.
Basado en la pandemia
El pasado 15 de diciembre, el Ejecutivo aprobó lo que anunció como "el primer Plan General de Emergencias del Estado". Recogiendo la experiencia de 10 meses de enseñanzas de la pandemia de la Covid y a propuesta de Interior, el objetivo era disponer de una respuesta reglada, 10 meses después, a "amenazas inespecíficas" como la de la Covid.
El trabajo se constituyó en un documento base oficial en el que basarse para "mejorar la coordinación de las Administraciones que participan en el Sistema Nacional de Protección Civil e integrarlo en el Sistema de Seguridad Nacional".
Menos de un mes después, la borrasca Filomena ha puesto a prueba el plan. Y es que "su magnitud, con una afectación enorme en todo el territorio, es la diferencia esencial con otros episodios que hemos vivido en el pasado reciente", en palabras de Ábalos.
El acuerdo del Consejo de Ministros consta de 30 páginas y, según fuentes de Protección Civil consultadas por este periodico, fue aplicada el mismo 7 de enero a las 10.50 horas de la mañana, ya iniciada la gran nevada que asoló primero la Comunidad de Madrid -muy especialmente, la capital- y después las dos Castillas, Aragón, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y Cataluña. Todo a pesar de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) llevaba casi una semana advirtiendo de las inclemencias que se avecinaban en forma de heladas.
Además, y a pesar de que tras la caída ininterrumpida de nieve durante 48 horas, los expertos meteorólogos del Estado anticipaban este lunes "un desplome de las temperaturas que puede alcanzar los 13 grados bajo cero en el centro de la Península", Marlaska mantiene España en situación de Preemergencia.
Según el acuerdo del Consejo de Ministros, es el Ministerio del Interior el que debe "realizar la declaración" de la "emergencia de interés nacional" prevista en el Plan de Emergencias del Estado. Sin embargo, Marlaska opta por la "Preemergencia nivel 1" que, tal como explica el acuerdo del Consejo de Ministros, "no supone la intervención de la Administración General del Estado en la dirección y gestión de las emergencias".
¿Madrid, zona catastrófica?
Cómo se deben cuantificar los daños que ha dejado a su paso la borrasca Filomena ha reavivado la guerra política entre el Gobierno y Madrid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ofrecía este lunes su ayuda a los municipios madrileños afectados por la nevada para que el Ejecutivo los califique zona catastrófica. Una idea que Marlaska desechó de plano a la espera de que "acabe la emergencia" y se haga un balance de daños.
Marlaska dejará las ayudas para cuando "acabe la emergencia" de Filomena.
Desde el gabinete de Ayuso se advertía al Ejecutivo: "Los ayuntamientos están haciendo en estos momentos un inventario con todas las pérdidas que ha ocasionado la borrasca. Si necesitan apoyo técnico o jurídico para rellenar esa solicitud, la Comunidad de Madrid les brinda sus servicios".
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, fue el primer regidor en compartir públicamente la necesidad de declarar a la capital como zona catastrófica por los daños que ha ocasionado el alud de nieve. "En estos momentos los servicios jurídicos del Ayuntamiento lo están estudiando y, en una primera lectura, creen que se dan las circunstancias para que se declare", adelantan fuentes del equipo de Almeida.
El inventario sobre los daños que ha provocado la borrasca está abierto, en proceso de elaboración. "Todavía no hemos sido capaces de cuantificar todos los desperfectos que ha sufrido la ciudad. Hay pendientes, por ejemplo, centenares de salidas por caídas de árboles que han provocado innumerables roturas".
El propio Marlaska, la noche del lunes en declaraciones al programa 'La noche en 24 horas' de TVE, reconocía "daños significativos" en Madrid y las "alteraciones a la vida diaria común". Aseguró que ahora es el momento de la "recuperación y que "no se pueden evaluar los daños" hasta que "no se retire la nieve".
En el Palacio de Cibeles miran con mucha prudencia el calendario, donde se acumulan días y sobre todo noches de temperaturas extremas. "Esto no ha acabado. Están cayendo unas heladas terribles que se traducirán en más y más desperfectos". La ley da 15 días a la administración afectada para presentar el informe preceptivo que avale la magnitud de la tragedia. La fecha límite para solicitar ayudas al Gobierno por la borrasca Filomena es el sábado 23 de enero.