Carmen Calvo tendrá que ir al Congreso a explicar por qué oculta el informe del Consejo de Estado

El Gobierno está haciendo todo lo posible por que no salga a la luz el dictamen del Consejo de Estado sobre su decreto con el que se dotaba de una nueva estructura administrativa para gestionar los fondos de recuperación europeos. Pero ahora, el PP ha logrado la primera victoria efectiva en su batalla por conocerlo: la Mesa del Congreso ha dado curso a su petición de comparecencia de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ante la Comisión Constitucional de la Cámara Baja.

En su reunión de este martes, el órgano de gobierno parlamentario ha calificado la comparecencia sin oposición de los miembros del PSOE y de Unidas Podemos, que tienen mayoría en la Mesa.

La capacidad de veto de los dos grupos que soportan el Gobierno ha quedado demostrada en el hecho de que en la misma reunión han rechazado otra demanda de los populares para que fuera la misma Mesa la que pidiera al Ejecutivo el informe del Consejo de Estado.

Según la formación liderada por Pablo Casado, esto "vulnera la calidad legislativa y los derechos de los diputados". El Gobierno, dicen, no puede hurtarlo a la Cámara porque en realidad el informe "era preceptivo y no voluntario".

La interpretación del PP es algo farragosa. Según los populares, a pesar de que la ley indica que los reales decretos-ley no precisan del pronunciamiento previo del órgano consultivo, este texto "desarrolla derecho comunitario europeo". Además, alegan las fuentes del PP consultadas, "el decreto modifica reglamentos". Y en ambos casos, el articulo 22 de la Ley Orgánica del Consejo de Estado exige su consulta previa.

Lo cierto es que esto lo que provocaría, según los expertos juristas consultados por este diario, es que el decreto sería nulo. Esto sería así por haber utilizado el Consejo de Ministros un instrumento "previsto sólo para medidas excepcionales y de urgencia" para una legislación ordinaria. 

"En el momento oportuno"

Fuentes de la Vicepresidencia primera niegan que Calvo esté obligada a comparecer, y acusan al PP de querer intoxicar con este asunto. De hecho, la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, rechazaba este martes la ofensiva popular a este respecto. Según la también ministra de Hacienda, el gabinete de Pedro Sánchez "ni mucho menos" tiene voluntad de ocultar nada. Y hará público el dictamen "en el momento oportuno". Eso sí, Montero no aclaró qué ha de pasar para que se dé esa "oportunidad".

En todo caso, el Gobierno cree que la ofensiva del PP se debe a que Casado "no tiene modo de explicar su voto negativo al decreto que posibilita la llegada de los fondos europeos". Y acusa a los de Casado de "querer negarle el pan y la sal a este Gobierno impidiendo que lleguen a España 140.000 millones de euros necesarios para la recuperación económica, sanitaria y de las familias". 

El PP, por su parte, afirma que el Ejecutivo "miente" al asegurar que la llegada de las ayudas de la UE dependía de la aprobación del decreto. Y fuentes populares se remiten a las informaciones de este periódico para justificar su negativa.

EL ESPAÑOL ha revelado que el artículo 69 de la norma, introducido a última hora, da a Moncloa la capacidad de crear empresas con capital público o invertir en otras que hoy tengan sólo capital privado -como reclama Pablo Iglesias con las farmacéuticas o la nacionalización de eléctricas- para recibir contratos "a dedo" financiados con los fondos de recuperación procedentes de la UE. 

Y que el artículo 2, por ejemplo, determina que la nueva oficina creada en Presidencia centralizará no sólo el fondo de recuperación Next Genmeration EU, sino también los casi 40.000 millones de euros del resto de fondos europeos que hasta ahora se gestionaban en Hacienda. 

Concretamente, Moncloa controlará la "ejecución de proyectos y actuaciones que sean financiables con los fondos europeos del Instrumento Europeo de Recuperación, Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER, más de 25.300 millones), Fondo Social Europeo Plus (FSE+, unos 12.000 millones), Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER, 500 millones, además de la PAC) y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP, 1.100 millones)".

"Dictamen demoledor"

Las fuentes del PP se preguntan si no son esas medidas "escandalosas" las que provocaron un "dictamen demoledor" del Consejo de Estado, contrario a los intereses del Gobierno. Y si no es por eso que el Ejecutivo "lo arrancó" del expediente que mandó al Congreso para su debate y eventual convalidación.

De hecho, señalan los populares que la Constitución en su artículo 88 "establece que los proyectos de ley estarán acompañados por los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos". Y lo cierto es que el real decreto "se está tramitando como proyecto de ley".

Ahora, la pelota cae en el tejado de la Comisión Constitucional del Congreso, que la semana que viene deberá decidir si da curso a la comparecencia de Calvo. Después de que PSOE y Unidas Podemos la hayan calificado en la Mesa sin frenarla, los populares conminan a los grupos del gobierno a que "no obstaculicen los trabajos parlamentarios" y consideren la "oportunidad" de que Calvo acuda a la Cámara con el dictamen, "para explicarlo".

No adelantar acontecimientos

Consultado el Grupo Socialista, un portavoz del mismo alegó que aún no hay una decisión tomada al respecto. El gabinete de la vicepresidenta aseguró que Calvo estará "a lo que diga la Comisión Constitucional, como no puede ser de otra manera". Pero ni el grupo ni el gabinete de prensa de la número dos del Gobierno quisieron adelantar acontecimientos.

La petición del PP es una sola, pero aduce tres motivos para que Calvo tenga que dar explicaciones al Congreso. Por una parte, los de Casado preguntan "sobre los motivos por los que el Gobierno se apartó de lo dictaminado al respecto por el Consejo de Estado", dando por hecho que no es cierto lo alegado por Moncloa, que el pasado miércoles aseguraba que "atendió las consideraciones" del órgano consultivo.

También reclama el PP que la vicepresidenta dé cuenta "de los motivos por los que no remitió el citado Dictamen al Congreso junto con el Real Decreto-ley para su convalidación". Y finalmente, acusan al Ejecutivo de coalición de pretender "hurtar a la Cámara de uno de los elementos de juicio necesarios para conformar su voluntad, vulnerando con ello los derechos fundamentales de los parlamentarios de contar con toda la información necesaria para su tramitación legislativa".

Tres leyes vulneradas

Lo cierto es que según expertos juristas consultados por EL ESPAÑOL, hasta ahora, el Ejecutivo ha vulnerado tres leyes en su afán para que no se conozcan los términos en que el máximo órgano consultivo del Estado se pronunció sobre el texto. 

Y no tres normas cualesquiera. Según el doctor en derecho y experto en transparencia, lucha contra la corrupción y lavado de dinero negro de la Comisión Europea Miguel Ángel Blanes, el Ejecutivo está violentando la Ley Orgánica del Consejo de Estado, al no hacer constar en el texto del decreto que se pidió ese informe; la Ley del Gobierno, al no enviarlo al Congreso de los Diputados; y la Ley de Transparencia, al no publicarlo -al menos, todavía- en el Portal de Transparencia de la Administración del Estado.

Según el también experto del Parlamento Europeo para asuntos relativos al Derecho Administrativo, la norma es especialmente sensible, porque reforma por completo la Administración y sus procesos de contratación con el objetivo de agilizar las licitaciones, crea instrumentos nuevos y "otorga a Moncloa el control discrecional de todas las ayudas aprobadas por la UE".

Y fue precisamente la trascendencia de la reforma la razón por la que el Ejecutivo esta vez sí pidió el dictamen a la institución presidida por María Teresa Fernández de la Vega. Algo que no había hecho en ninguno de los otros 38 aprobados durante 2020. Todo eso es lo que reclama el PP que sea explicado y que sólo un veto expreso de socialistas y morados podría evitar.