El PP exige al Gobierno "revertir la extradición" del venezolano perseguido por Nicolás Maduro

El Partido Popular ha exigido al Gobierno que explique las razones por las que no ha atendido los requerimientos de ACNUR y ha decidido entregar a Ernesto Quintero al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, a pesar de no reconocerlo como Gobierno legítimo.

Este lunes, los populares han registrado tres preguntas por escrito en el Congreso en las que señalan al Ejecutivo de Pedro Sánchez por haber "concedido la extradición cuando resulta notorio que Venezuela no cuenta con las condiciones ni la voluntad necesarias por parte de sus autoridades para garantizar un juicio justo con todas las salvaguardas legales".

Como informó EL ESPAÑOL, Quintero fue detenido el pasado 11 de febrero por la Guardia Civil para su inmediata extradición, tras ser aprobada en Consejo de Ministros y ser ordenada, consecuentemente, por la Audiencia Nacional. Todo a pesar de que este ciudadano venezolano es perseguido por el chavismo, que lo acusa de estafa sin pruebas, como certificó Interpol hace ya un año, sacándolo de su código rojo.

La resolución de la organización policial internacional llegó un mes más tarde de que el Ministerio del Interior español le denegara la condición de asilado político. La negativa del Gobierno español se basó precisamente en que Quintero contaba con esos antecedentes penales que le fueron levantados legalmente un mes después.

"No me dejan verlo"

Sin embargo, y a pesar de que el régimen de Maduro no ha vuelto a impulsar ningún requerimiento, su esposa denuncia que Quintero lleva casi una semana en una celda de Soto del Real, "a la espera del primer vuelo" para embarcarlo a Caracas. Cismary Marcano, además, asegura que no ha podido visitar a su marido en prisión: "Yo le reclamo a la persona que firmó su extradición que tenga el valor de explicárselo a la cara a mi hija, cada vez que ella me pregunta cuándo vuelve su papá de viaje".

La esposa y la niña, que se reunieron con Quintero un año después de su llegada a España por motivos de trabajo, sí tienen reconocido el refugio en España. Y ahora se encuentran desamparadas y sin ingresos: "Desesperadas y solas, porque no me dejan verlo, y estamos sin respuestas".

En su escrito, las dos diputadas firmantes del PP, también preguntan al Gobierno si es "consciente de que la extradición a Venezuela, por las condiciones que allí se dan, pone en riesgo su salud y su vida". Y emplazan al Ejecutivo a que "revierta esta extradición en aras de la protección de los derechos humanos" de este ciudadano venezolano, perseguido por la dictadura chavista. 

Ernesto Luis Quintero Méndez, venezolano que será extraditado por el Gobierno de España. Cedida

Este mismo lunes, la esposa de Quintero ha entregado en la oficina del Defensor del Pueblo de España las pruebas exculpatorias que demuestran que nunca fue directivo ni socio de la empresa a la que la Justicia chavista acusa de estafa. Además de las recomendaciones que sobre el caso ha hecho ACNUR, amparando su inocencia.

Al Congreso, este martes

Según la organización Refugiados sin Fronteras, que reúne a los asilados venezolanos en España, acudir ante el Defensor tenía como propósito "pedir apoyo e impedir una violación de derechos humanos que es el futuro cierto que le depara a Quintero de ser entregado a la dictadura venezolana".

La familia y los abogados de Quintero recuerdan que el informe Naciones Unidas de diciembre de 2020, así como otros diversos organismos multilaterales, "han probado" que el régimen de Nicolás Maduro "viola los derechos humanos, tortura y asesina en sus cárceles".

Cismary Quintero fue recibida en la oficina del Defensor del Pueblo, acompañada del cofundador de la ONG Refugiados Sin Fronteras Jesús Alemán, así como por presidente de la ONG Un Mundo Sin Mordaza.

Este mismo martes, la mujer de Quintero acudirá al Congreso de los Diputados para entregar otro documento "con las pruebas de la inocencia de su esposo, el criterio del ACNUR sobre su caso y una petición formal" para impedir que su esposo sea extraditado.

Esto lo "condenaría a torturas, tratos crueles o una desaparición forzada que son las prácticas habituales y documentadas por parte de la dictadura venezolana", explica esta organización, liderada por Sergio Contreras, periodista torturado en las cárceles de Maduro.