El plan pionero de Bal para suplir el estado de alarma: una 'ley marco' y jueces de la Audiencia Nacional

¿Hay un plan B vigente para después del estado de alarma? No. ¿Ha cambiado algo en la legislación desde que el Gobierno alegó a finales de octubre de 2020 que lo decretaba -y para seis meses y medio- porque "no hay otro instrumento legal que permita limitar derechos fundamentales"? No. ¿Hay "decisiones de los tribunales" que, como argumenta ahora Pedro Sánchez, indiquen que "los acuerdos del Consejo Interterritorial son de obligado cumplimiento"? No. 

Entonces, ¿qué vamos a hacer después del 9 de mayo? Según el presidente del Gobierno, tirar adelante con la "cogobernanza" en un "nuevo escenario", con "más vacunas" y "menos contagios", y sobre todo, con un "aval de los tribunales a las actuaciones coordinadas" como medidas "de obligado cumplimiento". Aunque no se aprueben por consenso, como marca la ley del Consejo Interterritorial de Salud.

Edmundo Bal, abogado del Estado, portavoz de Ciudadanos en el Congreso y ahora candidato de los liberales a la Comunidad de Madrid, desmonta toda la argumentación del Ejecutivo. Recuerda que no hay sentencia alguna que diga lo que sostiene Sánchez, "sólo una denegación de cautelares a Vox". Y opina que "estamos ante un galimatías porque no han hecho los deberes". El presidente, dice, no se atreve a hacer nada, "no se le vayan a enfadar sus socios nacionalistas".

Pero sobre todo, Bal tiene un plan.

150.1 Constitución Española 

"Se puede elaborar una legislación común, y bastante rápido, a través de un instrumento que nunca se ha utilizado en los más de 42 años de democracia", propone. ¿Y qué instrumento es ése? "Una ley marco, que plantea el artículo 150.1 de la Constitución".

Este es un tipo de ley que permite determinar principios coordinadores entre el Estado y las Comunidades Autónomas en competencias que son exclusivas del Estado central, explica Bal. En ella se podría explicitar un catálogo de restricciones "que no dependieran del estado de alarma ni del Consejo Interterritorial", y un listado de los diferentes supuestos en los que se podrían aplicar.

Es decir, como lo que acaba de hacer Angela Merkel en Alemania, otro Estado federal...

¿Y no habría que pasar, en todo caso, por los tribunales para validar la limitación de esos derechos fundamentales? "Claro, pero la ley debería establecer que, en casos de pandemia, el tribunal competente sea la Audiencia Nacional... y ya estarían las tres patas del Estado de derecho", responde el diputado de Ciudadanos: la ley, hecha por el Congreso. Los gobiernos, decretando medidas. Y los jueces, avalándolas. 

"En poco más de un mes, se puede hacer", prevé el portavoz liberal, que cree que entretanto sería mejor mantener la situación de excepcionalidad.

El Estado autonómico

Pero España es un Estado autonómico, con competencias transferidas. Y no parece posible que los gobiernos regionales -y mucho menos los que presiden partidos nacionalistas o independentistas- fueran a aceptar esta suerte de "recentralización de las pandemias".

Porque ¿la Sanidad no está transferida a las autonomías? "Sí, pero no del todo", replica el dirigente naranja. "Para empezar la gestión de las epidemias es competencia exclusiva del Estado central, así como la salud pública". ¿Y por qué no se hace? "Eso me pregunto yo, se comprometieron con nosotros... pero cuando se lo he recordado al Gobierno", responde Bal, "no me han sabido responder".  

Edmundo Bal y Carmen Calvo en una reunión celebrada en Moncloa.

A lo que sí responde Sánchez es a todas las preguntas del primer párrafo de esta información. Aunque en lugar de con un no, el presidente lo hace con un sí. Él sí tiene un plan B, las cosas han cambiado, y los tribunales han dejado claro que el Consejo Interterritorial manda. Aunque Madrid vote en contra -como casi siempre-, no le queda más remedio que cumplir.

Entonces, si el Gobierno quiere respetar el llamado "Estado compuesto", ¿la llamada "cogobernanza" seguirá tras el fin del estado de alarma? En realidad, no. Al menos, en su modelo actual.

Lo que viene tras el 9-M

Una vez cumplido el estado de alarma el próximo 9 de mayo, si por ejemplo, el Ejecutivo del País Vasco quiera cerrar perimetralmente la Comunidad Autónoma y/o alguno o todos de sus tres territorios, no podrá decidirlo por su cuenta. Porque dentro Álava hay un cachito de Burgos, el Condado de Treviño, rodeado a norte, sur, este y oeste por la provincia vasca. Y esa decisión administrativa que podría decretar Iñigo Urkullu, afectaría a dos Comunidades Autónomas.

De modo que la consejera vasca estaría obligada negociar a dos bandas con su homóloga de Castilla y León... o a ir al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a que se lo aprueben las demás CCAA.

Dice la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, que con el fin del estado de alarma previsto para el 9-M se puede adoptar cualquier medida, "salvo impedir salir del domicilio", es decir, el confinamiento. Porque los cierres perimetrales o aislamientos de grupos son medidas "que permite la legislación sanitaria" y el Consejo Interterritorial puede aprobar acciones coordinadas. 

Entonces, ¿por qué hace seis meses no se hizo así? Según alegaba este mismo Gobierno de Pedro Sánchez, porque esas decisiones siempre tenían que pasar por el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de cada Comunidad Autónoma. Y se dio la circunstancia de que lo que le valía al TSJ vasco no le parecía adecuado al castellanoleonés -por seguir con el ejemplo de más arriba- y/ viceversa.

¿Y eso ha cambiado en este tiempo, hay nuevas leyes unificadoras de criterios o con catálogos específicos de medidas que sí y medidas que no se puedan aplicar? No. Tampoco.

Entonces, ¿seguirá pasando lo de la disparidad de criterios? ¿Nos toparemos con que en Bilbao no se atiende en el interior de los bares y las terrazas han de cerrar a las seis de la tarde, pero en Soria el juez dice que eso una limitación excesiva, o no se ha motivado suficientemente en el decreto autonómico? "Efectivamente", responde, de nuevo, Edmundo Bal.

"Diferente situación"

Pero el Gobierno insiste en que ahora estamos "en una situación diferente" a la de hace medio año. Y que por eso, siguiendo con las palabras de Calvo este jueves en Valladolid -precisamente-, no sirven los "parámetros de antes".

Total, que lo que parece estar sugiriendo el Ejecutivo central es que para que las CCAA puedan evitar disparidades de criterios entre los tribunales superiores autonómicos, mejor lleven todas sus propuestas de restricción al Consejo Interterritorial, a que se aprueben en común.

Se supone que así los jueces no tendrían motivos para hallar disparidad de criterios, porque habría homogeneidad... pero lo cierto es que para aplicar esas "recomendaciones" del Consejo, aunque se convirtieran en "órdenes" del Ministerio, aún habría que hacer decretos autonómicos para que tomaran fuerza legal. Y seguiríamos en las mismas con los jueces.

Pero ni País Vasco quiere eso, ni Asturias, ni Andalucía... ni lo quieren los socios parlamentarios del Ejecutivo, ni la oposición. Autonomías nacionalistas, socialistas y populares reclaman más alarma. Los socios del Congreso, paradójicamente -porque ya es raro ver a Otegi pedir a Madrid un estado de alarma-, lo mismo. Y la oposición propone medidas alternativas.

"Lo del PP es una barbaridad", apunta Bal. "Quieren restringir derechos fundamentales por la vía de la ley ordinaria, y eso es peligrosísimo". El plan de Ciudadanos, diseñado por el abogado del Estado junto a otros catedráticos, admite que "es discutible", pero lo ve como la "mejor opción, además de pionera en el Estado autonómico".