Sánchez se niega a pagar las PCR que la Eurocámara considera indispensables para el pasaporte Covid

Y todo porque 20 de los 27 países miembros, entre ellos España, se niegan a asumir el coste de las PCR que darían el mismo salvoconducto para viajar libremente que una vacuna. Y que los test sean gratuitos es una condición irrenunciable para el Parlamento Europeo.

Según ha podido saber este periódico, la posición del Gobierno español ha sorprendido en las filas del Partido Popular. La delegación española de los populares en la Eurocámara estaba apoyando con decisión los trabajos en favor del pasaporte vacunal para impulsar la industria turística.

¿Cómo puede ser que el Gobierno de Pedro Sánchez se niegue a facilitar la aprobación de un mecanismo que necesita imperiosamente? La ministra de Turismo, Reyes Maroto, prometía este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que "a finales de mayo los británicos ya podrán viajar a España" y que "en junio confiamos en tener el Certificado Verde aprobado".

Para la hostelería y la restauración españolas es clave el empujón económico que significaría reactivar la movilidad europea. De hecho, fuentes cercanas a Maroto confirman a este diario que el Ejecutivo confía en que la campaña de verano de 2021 pueda llegar al 50% de la de 2019. Pero eso sólo ocurrirá si todo encaja... y es el propio Gobierno de Sánchez el que lo está torpedeando.

Reyes Maroto, ministra de Turismo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. ADP

Este martes, el secretario de Estado para la Unión Europea, confirmaba la información de EL ESPAÑOL. Juan González-Barba, explicaba que España se encuentra entre la "mayoría grande" de Estados miembros que "tiene dificultades" con que las pruebas PCR sean gratuitas. El motivo es el coste que eso supondría en particular para los países turísticos, ya que este verano habrá aún muchos viajeros que tengan que hacerse el test porque no les haya llegado la vacuna.

Libertad de movimientos

Pero lo cierto es que el Certificado Verde no tendrá mucha más vida. La Comisión Europea lo ha diseñado para que tenga una vigencia de un año, ya que el gobierno europeo no quiere que sobreviva tras la pandemia ningún mecanismo que ponga en duda la libertad de movimientos, uno de los pilares de la Unión Europea.

Fuentes comunitarias confirman a este periódico, además, que el empeño del Parlamento de Bruselas es votar este mecanismo en el pleno convocado para dentro de menos de un mes, en la semana del lunes 7 de junio. Pero las posiciones entre la Eurocámara y el Consejo -es decir, los gobiernos de los Veintisiete- están alejadísimas, y sólo quedan cuatro reuniones de ambas instituciones junto a la Comisión, el llamado trílogo.

Por suerte, hay una segunda bala. Junio es un mes extraño en Bruselas, ya que hay dos semanas de sesión plenaria. "Hay un minipleno los días 22 por la tarde y el 23 por la mañana", confirma una fuente parlamentaria.

"Con la carga financiara que supone ahora mismo, no se podrá conseguir que se apruebe el reglamento ya en junio", admitía González-Barba al término de una reunión en Bruselas de ministros de Asuntos Europeos de los Veintisiete. Junto a España, dos países lideran a los reacios a que las cuentas públicas asuman el pago de las pruebas diagnósticas. Son Alemania y Países Bajos, que alegan que esta decisión "es una competencia nacional de cada estado miembro".

También quieren cuarentenas

Y es que el documento con el que la UE pretende animar la movilidad entre los países miembros para contribuir ya desde la campaña de verano a la recuperación económica tiene el riesgo de quedarse "en papel mojado", según explica un alto funcionario comunitario. "Los Estados miembros quieren guardarse la posibilidad de seguir imponiendo restricciones a los viajeros, como cuarentenas", explica, "así que dime tú para qué entonces el pasaporte Covid".

El secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, durante la reunión de este martes en Bruselas. UE

En esta posición están todos los gobiernos, lo cual hace la negociación con el Parlamento especialmente difícil. La mayoría de la Eurocámara rechaza esta posibilidad. Y un eurodiputado comenta con este periódico lo sorprendente que es que "más de 750 diputados nos podamos poner de acuerdo y sólo 27 primeros ministros no lo logren".

Pero no sólo está el problema de que los gobiernos quieran guardarse ese as bajo la manga las restricciones. Sino que fuentes comunitarias de toda solvencia confirman a EL ESPAÑOL que "sólo siete países están dispuestos a asumir el coste de las PCR para que sean gratuitas". Y España, a pesar de estar presionando en todos los foros para que se apruebe el pasaporte cuanto antes, está entre los que se niegan a pagar.

Y ésta sí que es una condición sine qua non para el Parlamento Europeo. Sin ella, afirman varias fuentes consultadas en la Eurocámara, no habrá acuerdo posible. "En estos momentos de crisis, nada disuade más para viajar, después de la seguridad sanitaria, que ponerle un sobrecoste a esa tranquilidad", explica Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado socialista implicado en la negociación, como presidente de la Comisión de Libertades Públicas. 

"¿Qué sentido tiene el certificado verde si la vacuna vale para lo mismo que una prueba PCR negativa... pero realizarse el test cuesta más de 100 euros frente a la gratuidad de la vacuna?", se pregunta. López Aguilar, por ejemplo, explica el caso de alguien que quiera veranear en Canarias, sus islas. "Una familia media, de cuatro miembros, si ha de hacerse un test a la ida y otro a la vuelta, acaba pagando casi 1.000 euros de más..."

El eurodiputado socialista, en todo caso, es opitimista y cree seguro que habrá acuerdo. Según su experiencia, cuando a todas las partes les conviene, en la UE hay pacto, "y éste es el caso". Fuentes del Gobierno español esperan con ansias el pacto entre Consejo, Comisión y Parlamento: "Estamos preparados, tenemos las App y la legislación aprobada", aseguran... pero ahora falta que el Consejo de Ministros, el nuestro, se ponga de acuerdo.