La 'ley Rider' en riesgo de inconstitucionalidad tras los fallos contra el abuso del gobierno por decretazo

Dictada esa jurisprudencia, el Gobierno es consciente de que el decreto corre el serio riesgo de ser anulado por el Constitucional si se presenta un recurso. Para empezar, la promotora de la ley, Yolanda Díaz, anunció el acuerdo en la mesa del diálogo social el pasado 10 de marzo y, aun así, la norma no fue llevada al Consejo de Ministros hasta dos meses después, el 11 de mayo. ¿Por qué? 

Hay que recordar que ese pacto llegaba en la tarde del mismo miércoles en el que estallaba el murcianazo , la operación por la Ciudadanos y el PSOE se aliaban para presentar mociones de censura que descabalgaran al PP... y todo se volvió loco en la política española.

Desde aquel día, la ministra Díaz ha escalado a vicepresidenta tercera, Pablo Iglesias ha dejado la política y el PP enarbola la bandera de un presunto "cambio de ciclo político" apoyándose en la victoria aplastante de Isabel Díaz Ayuso en las elecciones que ella misma adelantó para evitarse una moción de censura como la de Murcia. 

Si la norma pudo esperar dos meses y ahora su entrada en vigor no se sustanciará hasta dentro de otros tres, en pleno agosto, ¿dónde está la extrema y urgente necesidad?

Riders en las calles de Madrid.

Según el doctor en derecho y experto en transparencia de la Comisión Europea Miguel Ángel Blanes, la regulación aprobada en esa norma "no justifica" haberla impulsado a través del Real Decreto-ley 9/2021 por dos razones: la citada 'vacatio legis' de tres meses desde su publicación y "la existencia de una jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo coincidente con la normativa aprobada de urgencia".

Blanes recuerda que esas sentencias del Supremo "ya estaban dotando de seguridad jurídica a todo el sector afectado al declarar la presunción de laboralidad de las personas que prestan servicios en dicho ámbito". Es decir, que la norma podía "demorarse durante el tiempo necesario para permitir su tramitación por el procedimiento legislativo ordinario".

Récord de decretos

El Gobierno de Sánchez es el Ejecutivo que más ha recurrido al decreto-ley. Sólo en 2020, de las 52 normas que impulsó, 39 de ellas fueron decretos-leyes. Y en lo que va de año 2021, precisamente con el 9/2021, de 11 de mayo, ya son nueve los aprobados en Consejo de Ministros.

El PP, según ha podido saber este periódico, ya sopesa impugnar este texto, basándose en el incumplimiento del presupuesto habilitante de "extraordinaria y urgente necesidad", que recoge el artículo 86.1 de la Constitución Española.

La hoy vicepresidenta tercera pasó meses sentada con los agentes sociales para sacar adelante la regulación laboral de los repartidores. Costaba tanto llegar al acuerdo que, en enero, su entorno daba por hecho que la llevaría al Consejo de Ministros incluso sin pacto. Las presiones de empresarios y sindicatos lo evitaron y, finalmente, el 10 de marzo se anunció que el texto se había cerrado.

Pero el Gobierno se guardó la aprobación de la llamada ley Rider hasta que pasaran las elecciones de la Comunidad de Madrid.

"Práctica indeseable"

El portavoz parlamentario del PP en asuntos económicos, Mario Garcés, también denuncia este "abuso" en conversación con EL ESPAÑOL. "A lo largo de estos últimos meses, hemos vivido circunstancias que han justificado el procedimiento del decreto", admite en referencia al coronavirus. "Pero el uso abusivo del instrumento para introducir reformas estructurales y sistémicas" como la ley Rider, "más allá de las emergencias de la pandemia, constituye una práctica indeseable además de inconstitucional". 

Así lo confirmó el Pleno del Tribunal Constitucional, que la semana pasada propinó en un mismo día dos varapalos al Gobierno de Pedro Sánchez por el uso incorrecto de la vía del decreto-ley para regular cuestiones que carecen de una necesidad extraordinaria y urgente. 

Mario Garcés, portavoz económico del PP en el Congreso. PP

Según falló el TC el jueves 13 de mayo, la reforma legal que coló a Pablo Iglesias en la comisión delegada del Gobierno para asuntos de inteligencia (CNI) no reunía la condición de extrema y urgente necesidad, como demuestra que se introdujo en un decreto de medidas socioeconómicas contra la Covid.

Tampoco cumplía esa condición imprescindible, por la que el Gobierno puede soslayar al Congreso en la iniciativa legislativa, la regulación del traspaso del régimen de clases pasivas al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Esta sentencia estimaba un recurso interpuesto, precisamente, por el grupo del PP en el Senado.

Blanes incluso se adentra en el contenido de la norma impulsada por el Ministerio de Trabajo. "El citado Real Decreto-Ley en ningún momento justifica cuáles podrían ser los perjuicios u obstáculos que para la consecución de los objetivos perseguidos se seguirían de su tramitación como proyecto de ley".

Según Garcés, el Ejecutivo de Pedro Sánchez usa el decreto para saltarse el debate parlamentario, dada su debilidad y la dificultad de sacar adelante acuerdos con sus socios de la izquierda independentista. "El presidente ha aprovechado esta modalidad normativa para infiltrar disposiciones que sólo eran de extrema y urgente necesidad personal para Iglesias y para los socios de Gobierno, alterando de modo flagrante la naturaleza de estas disposiciones".