Pedro Sánchez acelerará los indultos para abrir una nueva etapa con Cataluña y atar el apoyo de ERC

Fuentes del Ejecutivo central confirman a este periódico que el tono de Aragonès y Sànchez augura "muy poca esperanza" en el nuevo gobierno catalán. Eso sí, señalan un rayo de luz en el empeño de "Esquerra por imponer a Junts" que siga abierta "una vía de diálogo" con Madrid.

"Ése ha sido el escollo en la negociación", apuntan desde el gabinete de Pedro Sánchez fuentes del dispositivo de enlace entre ambos gobiernos, que abonarán la dependencia mutua de unos y otros. Y es que si el presidente del Gobierno necesita apoyos en el Congreso, el primer govern catalán liderado por Esquerra en democracia quiere sacar réditos de la fluida relación con el PSOE.

"Ellos seguirán reivindicando cosas imposibles, sabiendo que lo son", concluye este alto funcionario del Ejecutivo central. Y Moncloa, por su parte, acelerará los indultos "en cuanto el Supremo dé su dictamen".

La "generalitat republicana"

Pere Aragonès, número dos de Oriol Junqueras (el encarcelado líder de ERC), y Jordi Sánchez, enviado de Carles Puigdemont (el huido expresident), comparecieron este lunes por la mañana para dar cuenta de sus prioridades. Y éstas, una vez más, serán "avanzar hacia la independencia en forma de república catalana". Un mensaje recibido de inmediato con abierta beligerancia por parte del PSC.

El líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, entró en el Ejecutivo hace ahora cuatro meses, con la salida de Salvador Illa hacia las elecciones catalanas del 14-F. Su misión de enlace ya ha comenzado y ejercerá de mediador entre la abierta hostilidad contra el Palau de la Generalitat desde Barcelona y la condescendencia negociadora desde Moncloa.

Eva Granados, número dos de los socialistas catalanes, calificó esta vieja nueva "generalitat republicana" como una "prórroga agónica de un fracaso político". Fuentes de los socialistas catalanes confirman que el PSC ejercerá el papel de "oposición contundente" y que será el PSOE de Madrid el que vaya jugando con las bazas que Pedro Sánchez tiene en la mano. Como primer paso, convocar la mesa de negociación y, de inmediato, acelerar los indultos.

El presidente, aún aturdido tras el ayusazo del 4-M, sabe que la decisión será polémica, pero los plazos le podrían encajar para tomar la decisión en un Consejo de Ministros veraniego... del mismo modo que en 2020 no fue hasta el 3 de agosto que, tras los sucesivos escándalos, se anunció la salida de Juan Carlos I de España.

En todo caso el líder del PP, Pablo Casado, ya ha tomado posiciones advirtiendo de que la legislatura "habrá acabado" si Sánchez acepta indultar a los condenados por el 'procés' para seguir en el Palacio de la Moncloa.

El 'más difícil todavía'

Y es que, igual que desde su fracaso golpe de octubre de 2017, los separatistas son conscientes de que su plan unilateral no tiene futuro, Moncloa entiende que esa palabrería del Govern debe ser, como mínimo, tolerada por el Gobierno en Madrid. Sánchez necesita recomponer sus alianzas parlamentarias si quiere que su estancia en el puesto de presidente no sea sólo nominal, sino efectiva.

Con 155 escaños de base en el Congreso, el Ejecutivo de coalición no se puede quedar solo. Para aprobar leyes, para tramitar los fondos europeos y para sacar adelante los Presupuestos de 2022 -que en breve comenzarán a diseñarse en Hacienda-, necesitará siempre de los 13 escaños de ERC y los cinco de Bildu que siempre votan de la mano. Y como ya informó este diario a finales de marzo, Esquerra exige "una fecha ya" para sacar a los presos.

Ante la negativa de los 12 condenados a admitir su culpa, e incluso a reconocer la jurisdicción del Tribunal Supremo por sus actos, el escrito fue presentado a título particular por el abogado de Barcelona Francesc Jufresa Patau, del despacho Jufresa & Grasas. 

Los plazos

Según ha podido confirmar este diario, una vez que fueron remitidos al Ministerio, el departamento de Juan Carlos Campo inició los trámites el pasado 28 de septiembre de 2020. Este retraso es achacable a que durante los casi 10 meses que Pedro Sánchez estuvo en funciones -de abril de 2019 a enero de 2020- no se tramitaron indultos. El estado de alarma por el coronavirus amenazó con retrasarlo todo aún más, pero a los tres días de su imposición, el Ejecutivo modificó el decreto para que las gracias no se vieran afectadas por la suspensión de los plazos administrativos incluida en el decreto de alarma.

Desde que iniciaron su trámite, fuentes de Moncloa han sostenido a requerimientos de EL ESPAÑOL, que el Gobierno tramitaría la solicitud como cualquier otra. "No tenemos prisa", explicaron fuentes del entorno del presidente.

De hecho, el artículo 6) del Real decreto 1879/1994 establece que los expedientes "habrán de ser resueltos en el plazo máximo de un año, pudiendo entenderse desestimadas las solicitudes cuando no haya recaído resolución expresa en el indicado plazo", cada uno de ellos aún no han sido resueltos. El Ministerio de Justicia está ahora mismo, a la espera de recibir el informe preceptivo del tribunal sentenciador, en este caso, el Supremo.

La Ley de indulto, que es un texto de 1870 -tan vieja que en su artículo 29) trata sobre la "conmutación de la pena de muerte"- , no establece los plazos. Éstos los marca el citado decreto, y el cálculo indica que el Consejo de Ministros tendrá hasta la reunión del martes 28 de septiembre para decidir, cuando se cumpla exactamente un año desde que Justicia puso el sello a los expedientes de los condenados.

Hasta esa fecha puede alargar Pedro Sánchez su decisión final sobre la medida de gracia solicitada para los encarcelados Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart además de para Santi Vila, Carles Mundó, Meritxell Borràs.

Según todas las fuentes consultadas, se espera que sea a lo largo del próximo mes de junio cuando el tribunal presidido por Manuel Marchena emita su informe, previsiblemente contrario a la concesión del perdón. Pero también indica la ley que, con ser necesario, el dictamen no es vinculante.

Y fuentes cercanas al Ejecutivo dan por hecho que, aunque el Supremo se muestre contrario a los indultos, como ya lo hizo la Fiscalía, el Gobierno Sánchez acabará concediéndolos. 

Es cierto que una orden ministerial de fecha 10 de septiembre de 1993, firmada por el entonces titular de Justicia, Juan Alberto Belloch, que concede seis meses más de plazo al Consejo de Ministros para decidir "a partir de la recepción de los informes preceptivos" si a criterio de la Subsecretaría de Justicia, la propuesta de un indulto "requiera ampliar el tiempo de su tramitación". Pero todo indica que Sánchez está decidido a -ahora sí- acelerar los procesos para asegurar sus apoyos en el Congreso y hacer coincidir la polémica concesión del perdón a los golpistas con el periodo de verano.