Jordi Cañas: "El fondo de la Generalitat es una póliza de seguros para volver a intentar el 'procés'"

En esta conversación con EL ESPAÑOL desde Bruselas, Cañas no deja de lamentar que "el fondo que ha abierto la Generalitat no sólo malversa dinero público para pagar las malversaciones sancionadas", sino algo mucho más grave: "Es una póliza de seguros para quien quiera volverlo a hacer".

Y que los indultos a los condenados por el 1-O, lejos de mejorar la imagen de España como democracia, "lo único que han conseguido es volver a poner sobre la mesa un asunto que ya no le interesaba a nadie... estaba ganado".

Pregunta de Jordi Cañas (Cs) a la Comisión Europea. E.E.

Cañas es conocido en el seno de Ciudadanos como el máximo representante de la rama más socialdemócrata de los naranjas. Como explicó Juan Carlos Girauta en una columna publicada en ABC, "Cañas defendió en la última Asamblea General mantener en el ideario la referencia al socialismo democrático junto al liberalismo progresista. Yo postulé su supresión".

En 2014, fue imputado por un presunto delito fiscal, sin relación alguna con su cargo en Ciudadanos. Y en un gesto muy poco habitual en la política española, decidió renunciar a su acta de diputado. El 7 de febrero de 2018, las acusaciones fueron desestimadas. Y tras cuatro años fuera de la política pública, que hicieron temer que la puerta de la política se hubiera cerrado definitivamente para él, fue recuperado para las listas europeas de 2019 e integrado en la dirección de Inés Arrimadas, después de que la actual presidenta ganara las primarias de sucesión a Albert Rivera.

La semana pasada, a los pocos minutos de que Jaume Giró, consejero de Economía y Hacienda del Govern, anunciara el decreto que crea un fondo con dinero público para pagar las multas por el desvío de otro dinero público, presentó una pregunta con solicitud de respuesta escrita a la Comisión Europea.

En su condición de eurodiputado, quiere que el gobierno europeo tome posición: "¿Considera la Comisión que un fondo de esta naturaleza se ajusta a los estándares europeos de fiscalización de la gestión económica de las administraciones públicas para avanzar en la lucha contra la corrupción y la malversación de recursos públicos?".

Viraje socialista

Aquel mismo día, Salvador Illa, líder del PSC en el Parlament, parecía estar en su onda. Exigió un dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias porque no veía clara la legalidad del decreto. La misma portavoz del Gobierno, entonces María Jesús Montero, advirtió de que el Ejecutivo nacional "revisaría su legalidad" por si había que recurrirlo... pero algo ha pasado desde entonces.

Illa pidió una reunión con Aragonès este martes para hablar de la pandemia, el president le contestó que le llamaría a la salida de la reunión de su Govern. Así lo hizo, hablaron... y al acabar, de lo que menos habló el líder socialista fue de las restricciones sanitarias, sociales o económicas por el coronavirus, sino de que él quería una garantía "para todos" de que el decreto se ajusta a la legalidad, "y creo que se ajusta".

El ciudadano Cañas, desde Bruselas, no podía indignarse más: "El PSC es infalible en su papel de cómplice de los separatistas".

"Nadie lo entiende en la UE"

Según el eurodiputado, "lo que ocurre en España es tan bestia, que en las instituciones europeas hay que explicarlo con mucha sencillez, porque si no es imposible que lo entienda". Se refiere a que el Gobierno de la nación esté cerrando ya las fechas para una mesa que negocie "reformas legales y constitucionales" con los mismos que "violaron la Constitución" hace menos de cuatro años.

"¡Y que lo siguen haciendo!", apunta.

Asegura Cañas que el decreto para que el dinero de todos los españoles -"no sólo los catalanes", apunta- se vuelva a poner en el agujero que dejaron los independentistas que lo gastaron en "iniciativas ilegales", ha sido armado por "algún equipo de abogados inteligente". Porque, dice, lo han hecho "jurídicamente poco vulnerable". Pero "moralmente insostenible".

En todo caso, Cañas advierte de que, si es necesario, llevará "este escándalo" ante la OLAF, que es la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. "Es como si el Parlamento Europeo pusiese un fondo para cubrir los dineros robados por eurodiputados delincuentes". Su oficina en la Eurocámara ya está preparando la documentación.

Y pone otro ejemplo: "Ese fondo no le serviría a un mosso implicado en cualquier responsabilidad contable... pero a ellos sí. ¿Cómo va a avalar una administración con fondos públicos el pago de la multa por el mismo dinero que le robaron? Son condenados por malversación avalados por la misma administración malversada..."

Y sobre todo, advierte, con la complicidad ausente del Gobierno, la silente del PSOE y la activa del PSC. "Es un fraude de ley que, además, pone un dinero de todos para que lo vuelvan a hacer... como, además, dicen que harán".