El TSJ andaluz también tumba el pasaporte Covid y revela la ausencia de una política nacional eficaz

El rechazo de la Justicia al pasaporte Covid que Andalucía pretendía implantar para entrar en bares y restaurantes deja un panorama incierto sobre el uso de esta herramienta en la lucha contra el coronavirus.

El problema viene generado por la falta de una política común implementada desde el Gobierno central. El pasaporte Covid para locales de restauración y ocio nocturno es una petición que ya han hecho varias comunidades y que, por el momento, ha sido rechazada por el Consejo Interterritorial de Salud, que preside el Ministerio de Sanidad.

Otros países europeos, como Italia, ya lo exigen no sólo para poder ir a estos locales, también en el transporte público y en los centros educativos, donde los profesores deben tener este certificado para poder dar clase. 

La falta de consenso se produce en pleno verano y con muchos ciudadanos planeando desplazarse para las vacaciones con la incógnita de qué certificado necesitarán o no allá donde vayan. En Galicia, por ejemplo, sí se está exigiendo, y su Tribunal Superior de Justicia lo avala.

Rechazo judicial

Además de Andalucía, cuya decisión se conoció a última hora de la tarde de este viernes, el TSJ de Canarias y el Cántabro han optado también por rechazar la implantación del pasaporte Covid.  

Ahora el Gobierno de Cantabria tiene dos días para alegar lo que estime oportuno en relación con el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida cautelar urgente acordada por el Tribunal.

En amplios sectores sanitarios, estas últimas decisiones de los TSJ de Cantabria y Andalucía han caído como un jarro de agua fría. Hay satisfacción, en cambio, en el sector hostelero, muy castigado por la pandemia y que considera que exigir el certificado a los clientes perjudicaría a sus negocios.

"Estamos muy contentos, estamos de enhorabuena y vamos a ver si somos capaces de que nos dejen trabajar. Ya que no nos indemnizan, al menos que no nos vuelvan locos este verano", afirmó el presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria, Ángel Cuevas. 

El caso andaluz

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, que ha denegado la ratificación judicial de la medida impulsada desde la Junta entiende que es competente para analizar dicha ratificación judicial, puesto que puede afectar a derechos fundamentales como el derecho a la intimidad personal -“en cuanto implica la necesidad de mostrar datos relacionados con la salud, considerados, de acuerdo con la normativa europea, como de carácter sensible”- o el principio de no discriminación -“en la medida en que establece un trato diferenciado para el acceso a tales locales, basado en la posesión o no del mencionado certificado”-.

El auto recuerda que debe decidir -tal y como recoge el Tribunal Supremo- si la limitación de derechos fundamentales que plantean las medidas de las administraciones son idóneas, necesarias y proporcionadas. Y considera que la medida “no es idónea ni proporcionada para la consecución del fin que se pretende, esto es, la protección de la vida, salud e integridad física, en la medida en que lejos de evitar los contagios en el interior de los locales de ocio puede posibilitarlos, razón por la cual no puede ser ratificada por esta Sala”.

Galicia fue la primera comunidad en pedir su uso en interiores de la hostelería y, por el momento, está vigente en todos los municipios en nivel máximo y alto de restricciones -lo que incluye sus siete grandes ciudades-.

Este mismo viernes el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha denegado la medida cautelarísima solicitada por la Asociación de Empresarios Lugo Monumental para que se suspendiese la exigencia de aportar el certificado Covid para acceder al interior de establecimientos hosteleros y locales de ocio nocturno.

"Fundamento sanitario" 

Los magistrados resaltan que tienen "un evidente fundamento sanitario, dados los riesgos de transmisión de una enfermedad contagiosa como es la Covid". "Nos encontramos ante unas medidas de prevención que se adoptan en un contexto de emergencia de salud pública", advierten.

Además, inciden en "la preocupante evolución del número de contagios en estos últimos días en el área geográfica a la que se extienden las medidas cuestionadas, afectando de forma predominante a los jóvenes, que es el grupo poblacional que frecuenta en mayor medida las discotecas y demás locales de ocio nocturno, así como las cafeterías, restaurantes y bares".

Otras comunidades tampoco descartan unirse a esta medida. Entre ellas están Madrid o Castilla y León. De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha mostrado partidaria esta semana de retomar este debate y ha apostado por esta medida. 

"Habría que empezar a estudiar qué personas siendo negativas y sobre todo aquellas que están vacunadas empiezan a tener una cierta vida normal. Yo creo que esto en cuanto pasemos de un porcentaje de vacunados, al que todavía no hemos llegado, habrá que estudiarlo nuevamente", dijo este lunes. 

Tras estas declaraciones, respondió casi inmediatamente el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha asegurado que no se puede tolerar que el no estar vacunado o testado pueda impedir el acceso a estos sitios, como ocurre en Francia o Italia. 

"Aviso para navegantes en aguas turbulentas -tuiteó Abascal este lunes-. Si Díaz Ayuso toma el rumbo de (Alberto Núñez) Feijoó, Juanma Moreno y (Pedro) Sánchez se encontrará con Vox enfrente, incluso en los tribunales", advirtió en Twitter. Ante esto, Ayuso respondió dejando claro que no admitirá "tonos amenazante" ni "ultimátums" de Vox por el pasaporte Covid.