El Gobierno poda 'in extremis' la ley de Castells: ni IVA a las privadas ni 1% del PIB para universidades

Y es que, si durante la pasada semana los sectores implicados habían recibido una redacción donde se imponía un IVA del 21% a los centros educativos privados y se marcaba, por ley, que el 1% del PIB se destinara a la formación del sistema universitario; el martes por la mañana amanecían con un documento en el que estos dos supuestos se eliminaban.

También aparecían apartados nuevos, como cláusulas para la financiación de las universidades como la Menéndez Pelayo o Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) que no se habían contemplado en los últimos documentos. Modificaciones sustanciales y cuestiones de estilo que, en su mayoría, tenían un trasfondo económico.

Comparando el texto final facilitado por el Ministerio de Universidades y el último borrador remitido a los agentes sociales al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Castells pasa de exigir por ley que la financiación de las universidades alcance "como mínimo" el 1% del PIB a que sea un "plan" el que termine el porcentaje.

De esta forma, en el artículo 38 sobre suficiencia financiera del último borrador se explicaba que, aunque el Estado y las CCAA deberían de acordar un plan para incremento del gasto público en las universidades públicas, "durante los próximos diez años" se dictaminará que exista un incremento del gasto público hasta alcanzar "como mínimo" el 1% del producto interior bruto (PIB).

Así pues, en el documento final que se aprobó por el Consejo de Ministros, este plan entre Autonomías y Estado no dependía únicamente de las universidades públicas sino de todo el sector educativo (que incluye a la privada) y debía de determinar el "incremento del gasto para la educación universitaria" sin llegar a concretar un porcentaje específico.

Más poder autonómico

Según el último borrador remitido a los rectores de las universidades de toda España, la imposición del IVA a la educación universitaria privada iba a ser una realidad. El documento que se les había remitido hacía efectiva la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido para que estos centros ya no estuvieran exentos de su pago. Finalmente, este apartado ha desaparecido.

Aun así, y aunque haya eliminado este apartado que tanto disgustaba al sector privado, Castells ha incluido una cláusula por la cual, en el marco de la normativa estatal, las Comunidades Autónomas podrían regular las publicaciones de transparencia en la gestión de las Universidades privadas. Algo que, hasta ahora, no estaba contemplado.

Entre las disposiciones adicionales, la nueva redacción regula la financiación de la UNED teniendo sus "particularidades" en consideración. Así, mientras que en un primer momento el Gobierno vinculaba las operaciones de endeudamiento de la UNED a la aprobación por parte del Ejecutivo que estuviera en funciones, ahora lo conecta con su situación financiera.

De esta forma, quedará estipulado por ley que el recurso al endeudamiento por parte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia habrá de autorizarse "por una norma con rango de ley".

"No obstante, a lo largo del ejercicio presupuestario, para atender desfases temporales de tesorería, la Universidad Nacional de Educación a Distancia podrá recurrir a la contratación de pólizas de crédito o préstamos, en una cuantía que no superará el cinco por ciento de su presupuesto, que habrán de quedar cancelados antes del 31 de diciembre de cada año", explica.

Algo similar ocurre con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. En el último borrador se hablaba de que sería el Gobierno el que decidiría su financiación y, finalmente, Castells ha optado por vincularla a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), eliminando partidismos de su viabilidad económica.

"La actividad económica y financiera de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo se acomodará a un presupuesto de carácter anual, que estará incluido en los Presupuestos Generales del Estado".

Consecuentemente, el régimen económico-financiero de este centro será el establecido en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, para los organismos autónomos y será la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado la que realice el control interno de la gestión económico-financiera de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. En lugar del Ejecutivo.