La 'ley Castells' llega sin el acuerdo de los profesores y borrando al Rey de los títulos universitarios

El anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario Español (LOSU) se presentará este martes en una primera lectura en el Consejo de Ministros. La norma que capitanea el ministro, Manuel Castells, pretende aunar dos grandes proyectos para renovar la educación superior (paralizada desde 2007): la reforma del las condiciones formativas y su currículo (itinerarios, titulaciones, creación de centros, etc) y la situación del profesorado (un proyecto que se pretendía regular de forma independiente y del que se han presentado hasta cuatro borradores para que, finalmente, se integre en esta norma).

La que será la tercera ley universitaria de la democracia española consta de 90 páginas y elimina la función del Rey de la expedición de títulos oficiales. Algo que, hasta ahora, era la norma habitual. Será el rector ahora el que expida los títulos, tal y como adelantó ABC.

El borrador de la ley que llega al Consejo de Ministros este martes explica que "sólo el rector expedirá los títulos universitarios oficiales" eliminando la rúbrica del Rey. Hasta ahora, la dinámica es la opuesta y, para que el título tuviera validez, debía de ser expedido "en nombre del Rey por el rector de la universidad".

Del mismo modo, la LOSU establece nuevos paradigmas formativos y de promoción interna que coinciden con las grandes banderas del Ejecutivo: la igualdad de género y la memoria democrática.

La ley propone la creación de "unidades de igualdad", unos organismos que pretenden promocionar el acceso de mujeres entre el personal docente e investigador funcionario. Estarán coordinadas por cada universidad (es decir, que tendrán diferentes requisitos cada una de ellas) y serán las encargadas de coordinar las políticas universitarias con perspectiva de género.

Respecto a lo que el Ejecutivo denomina "memoria democrática", el borrador de la ley Castells explica que las universidades deben promoverla mediante la "docencia y la investigación".

El ministro de Universidades ya adelantó durante una comparecencia en el mes de marzo en el Congreso de los Diputados su intención de preparar un programa de memoria democrática junto con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

El objetivo era recopilar información de las instituciones universitarias de 1936 y la articulación de acciones en torno a actos de reconocimiento y homenaje a las víctimas del franquismo relacionadas con el ámbito académico.

Además, Castells también anunció su intención de crear un grupo de trabajo interministerial que permita "trabajar en el fomento de la docencia e investigación universitarias en materia de memoria democrática". Algo que, ahora, se llevará a la práctica. 

Profesores y rectores

Entre el profesorado, los sindicatos han sido especialmente críticos con el documento que este martes se remite al Consejo de Ministros. Aseguran que su articulado no incluye medidas contra la precariedad de las plantillas, que se centra en aspectos más formales y que promocionan a la figura del profesor titular.

Y es que, hasta ahora, la elección del rector debe contar con el beneplácito del claustro y ser seleccionado de entre los funcionarios en activo del Cuerpo de Catedráticos de Universidades de cada facultad. En adelante, por el contrario, no hará falta que el futuro rector sea catedrático.

La norma estipula que se pondrán presentar al puesto "funcionarios de los cuerpos universitarios docentes con un mínimo de tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal".

CSIF ha denunciado que, aunque el Ministerio de Universidades anunciara una primera reunión el 15 de septiembre sobre la futura LOSU, "seguimos sin negociación y sin información sobre el anteproyecto de esta norma, que el Gobierno pretende aprobar a finales de noviembre", ya en segunda vuelta.

Salarios y evaluación

Que las condiciones laborales se enmarquen dentro de esta ley es algo que los sindicatos han visto mal desde un primer momento. Es el resultado del fracaso de intentar negociarlo por separado tras cuatro intentos fallidos de sacar adelante el Estatuto del Personal Docente Investigador (PDI). Ahora, será el Congreso de los Diputados el que decidirá si aprobar o no la ley y los sindicatos se ven "a merced" de las negociaciones políticas.

Entre las propuestas del ministro de Universidades está la transposición del modelo catalán creando agencias evaluadoras independientes del profesorado por regiones. Actualmente, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) es el único organismo que puede acreditar a los profesores titulares y catedráticos, que obtienen así la categoría de funcionario.

Cuando se trata de laborales (con peores condiciones y salarios), existe la posibilidad de que los acrediten las conocidas como anequitas, organismos reguladores autonómicos como el de Cataluña que no existen en todas las regiones.

Castells quiere ir un paso más allá y trasponer el modelo catalán a toda España. Es decir, que las anequitas (que no hay en todas las CCAA) tengan potestad de evaluar futuros docentes, lo que se ha venido a denominar "catedráticos contratados".

Los propios sindicatos denunciaron a EL ESPAÑOL que esta reforma lo que hacía era eliminar el papel que el Estado tiene en la gestión universitaria y da más poder a los gobiernos autonómicos.

Los ingresos de los laborales (cómo se contrataría ahora a los catedráticos) y los funcionarios son los mismos, pero se pierde la posibilidad de trabajar a tiempo parcial u obtener remuneraciones por experiencia. En definitiva, todos los incentivos de ser funcionario desaparecen.

Fuera uno de cada 3 centros

La futura Ley Castells se complementa, además, con el ya aprobado Real Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios. Un documento de carácter retroactivo por el que se exigen unos criterios mínimos para que un centro educativo sea una universidad.

Entre los nuevos requisitos, los centros deberán disponer de una oferta académica mínima de 10 títulos oficiales de grado, seis títulos oficiales de máster y dos programas oficiales de doctorado, y deberán estar representadas en tres de las cinco grandes ramas del conocimiento. Esto haría que, en España, uno de cada tres centros privados desapareciera. Uno de cada cuatro, en el caso de universidades de gestión pública y privada.

La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) tachó estos requisitos de excesivos hace apenas un mes. En un informe publicado el 8 de julio, la CNMC afirmaba que la necesidad de ofrecer titulaciones en al menos tres de las cinco ramas de conocimiento "no está vinculada con una mayor calidad del servicio universitario".

"Tampoco la limitación del peso de los títulos de grado y de la formación permanente. Estos requisitos pueden reducir la capacidad de especialización de los centros universitarios y su capacidad de aprovechamiento de economías de escala en determinados casos", aseguraban desde la CNMC.