El Gobierno aprueba ampliar la aplicación de la ley anti-novatadas de Castells a la privada

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la Ley de Convivencia Universitaria. La normativa, presentada por Manuel Castells y que deroga el decreto franquista de 1954, pretende reformular el marco de convivencia universitaria y evitar las novatadas (que suelen empezar por estas fechas) o penalizar mediante la expulsión a aquellos que copien sus tesis o trabajados universitarios.

Así las cosas, si los profesores o alumnos (la ley se aplica para ambos) incurren en algunas de las faltas graves como realizar novatadas, acosar a una persona por razón de sexo o plagiar su trabajo de fin de carrera, entre otros aspectos, podrán enfrentarse a la expulsión de su centro educativo por un tiempo comprendido entre los dos meses hasta los tres años, según su gravedad.

La ley tendrá vigencia en todas las universidades públicas y privadas del sistema universitario español y sus centros adscritos. En un primer momento, el borrador de la ley presentado en julio sólo era aplicable a los centros públicos, pero tras su trámite, ha incluido a la privada.

La gravedad de la inflación será la que condicione la sanción. Las faltas disciplinarias (leves) se solventarán con amonestaciones privadas; las graves con expulsión de 1 día a un mes; y, las muy graves, con hasta tres años de expulsión.

Por poner algunos ejemplos, se considerará "falta muy grave" la violencia hacia un miembro de la universidad, el acoso sexual o incumplir las normas de salud pública. También el pago total o parcial de una obra (tanto en el trabajo de fin de Máster como en la Tesis o el trabajo de fin de Grado) y suplantar a un miembro de la comunidad universitaria.

Faltas graves, por otro lado, serían conseguir un examen de forma "indebida", deteriorar los bienes de patrimonio de la universidad, impedir que se imparta clase o falsear los resultados de un examen.

Para terminar, faltas leves se considerarán acceder indebidamente a las instalaciones universitarias o utilizar los servicios incumpliendo los requisitos establecidos.

La norma parte de la "mediación" como forma de resolución de conflictos en el entorno universitario de tal forma que, sólo si las partes rechazar acudir a dicho procedimiento, se aplicará un régimen disciplinario.

Además, las sanciones tendrán un tiempo de vigencia. Las faltas muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses. Las sanciones impuestas por faltas muy graves, por faltas graves y por faltas leves, prescribirán, respectivamente, a los tres años, a los dos años y al año.

Tras la aprobación de esta ley, las universidades públicas y privadas deberán aprobar Normas de Convivencia que garanticen el respeto a la diversidad y la tolerancia, la igualdad y la inclusión de los colectivos vulnerables. De esta forma, incluirán en dichas normas medidas de prevención y respuesta frente a los casos de violencia, discriminación, y/o acoso. Normas que serán aplicables tanto al personal docente como al estudiantado.

Será una comisión de Conciencia (de nueva creación) la encargada de proponer las medidas para mejorar la convivencia universitaria y tramitar el régimen sancionador. En la disposición final tercera, se especifica que las universidades privadas tienen autonomía para "establecer su propio régimen disciplinario".

Ley de FP

Desde la rama educativa, pero en este caso dependiente del ministerio de Educación y Formación Profesional, el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la que será la nueva ley de Formación Profesional (FP). Normativa iniciada con la exministra Isabel Celaá y que ha presentado la nueva titular del ramo, Pilar Alegría.

Tal y como ha puesto en valor Pilar Alegría, la Formación Profesional es la "palanca que ayuda a hacer realidad" la transformación del país, destacando también que permitirá mejorar la educación de los jóvenes y los trabajadores españoles.

"Vamos a reducir las tasas de desempleo de nuestro país, y con especial interés la tasa de desempleo juvenil, que en este momento está en un 35%", se ha comprometido.

Volviendo a la ley de la FP, las principales novedades de la norma son la oferta formativa por grados (de a A a la E) donde la acreditación de competencias se va complementando cuantas más horas de formación se tenga. De este forma, ya no solo habrá grados de FP de nivel medio o superior, también aparece la acreditación de competencias laborales. Una formalidad que, según el Gobierno, pretende dar veracidad a la experiencia adquirida en el día a día del trabajador.

Así, en la futura oferta por grados de la FP habrá: Grado A: acreditación parcial de competencias; Grado B: certificado de competencia profesional; Grado C: Certificado Profesional; Grado D: Ciclos formativos (básico, medio y superior) y Grado E: curso de especialización (especialistas y másteres).

Toda la oferta en ciclos de los Grados C, D y E tendrá carácter dual (general y avanzada). ES decir, que se impartirá la mitad en los centros educativos y la otra mitad en los de trabajo. Una forma, según el Ministerio, de reforzar la relación con el entorno laboral del futuro empleado. Serán los tutores (uno en la empresa y otro en el centro educativo) los que evaluarán el trabajo.

Esta conexión con el entorno laboral hará que el tiempo que los alumnos de la FP pasan en las empresas se incremente hasta, incluso, doblarse. Pasarán de ejecutar el 25% de su formación en los centros de trabajo al 50%.

Pero, además de esta unión con el mundo laboral, la nueva FP tiene otra gran apuesta: la pasarela con la universidad. A través de itinerarios abiertos, el Ministerio de Educación quiere que los alumnos de la FP den el salto a la universidad con la mayor facilidad posible.