ERC y Bildu se suman a la presión de Podemos a Sánchez amenazando con tumbar los Presupuestos

ERC y Bildu han detectado el momento de dificultad del presidente Pedro Sánchez, enredado en el conflicto con Unidas Podemos, pero, sobre todo, están convencidos de que éste será el último Presupuesto de la legislatura en que podrán arrancarle sus reivindicaciones.

Los portavoces independentistas enviados para negociar con el Ejecutivo consultan cada vez con más ansiedad las notificaciones de sus móviles. Pero nada: no hay llamadas perdidas, no aparecen mensajes, no llegan documentos con ofertas. En ERC y Bildu, el soporte clave para que Sánchez saque adelante las cuentas públicas de 2022, creen que el PSOE "no está cuidando" a sus aliados.

Se suma este grave escollo para Sánchez, pues, a la crisis que tiene abierta en el seno de la coalición con su socio. Yolanda Díaz quiere pilotar la reforma laboral. Pero Nadia Calviño quiere unirla a la de las pensiones y sumar a otros ministerios, como Educación, para influir en la negociación con los agentes sociales... sobre todo, para poder cumplir con la encomienda directa de Bruselas: nada de imponerle rigideces a un mercado laboral como el español, que tiene la tasa de paro más alta de la zona euro.

En apenas dos meses se le acumulan al presidente el cierre de los Presupuestos, la negociación del Salario Mínimo del año que viene y la reforma laboral que, conjuntamente con la de las pensiones, debe estar negro sobre blanco y pasada a limpio para Bruselas. Y en el primer capítulo, los independentistas catalanes y los vascos han decidido hablar menos de números y más de sus exigencias políticas.

"Último año"

"Más que dinero y promesas, queremos garantías en lo presupuestado", explican las fuentes consultadas en el separatismo catalán. "Que luego se ponen muchos millones en los Presupuestos y llegan menos de la mitad a Cataluña".

Además, ERC reclama un compromiso en la Ley Audiovisual para que el 7,5% de los contenidos de las plataformas de streaming estén disponibles en la lengua oficial autonómica. Y el traspaso de toda la red de Cercanías a la Generalitat.

Por su parte, fuentes internas de Bildu apuntan la necesidad de seguir avanzando en la cuestión nacional, eufemismo para referirse a nuevas concesiones de autogobierno. "Y ahora hay pocos estímulos para dar algo a cambio de nada", señalan. 

Después de la sucesión de declaraciones de Arnaldo Otegi la semana pasada, está claro que la coalición heredera de Batasuna tiene una estrategia más a largo plazo: "Si hay que sostener a este Gobierno para avanzar en nuestro proyecto, se hace, se votan sus Presupuestos", apuntan.

Aunque en lo que coinciden todas las fuentes de los aliados nacionalistas del Gobierno en el Congreso es en que "éste es el último año en que podemos presionar". Los meses de otoño, los de la negociación presupuestaria, son los clave para arrancarle compromisos, concesiones y transferencias al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Un Gobierno en franca minoría parlamentaria pero que, hasta la fecha, ha logrado sacar adelante casi todas las votaciones. 

"Si sacan estos PGE, los del año que viene ya no les interesarán", apuntan. El año 2023 ya es electoral y desde el lado indepe se da por hecho que quien tendrá el estímulo para romper será el PSOE. "Podrían prorrogar las cuentas, por una vez. Y sobre todo llegarían a las citas con las urnas apartados del supuesto estigma de ser socios del independentismo vasco y catalán". 

"Ya no hay amor"

De ahí que Bildu y ERC (sobre todo, por la presión interna de Junts en el Govern) vayan a poner toda la carne en el asador en lo que queda de negociación presupuestaria. "El PSOE está dilatando las negociaciones", asegura una fuente catalana, que pone un ejemplo matrimonial para describir la situación. "Nos tratamos como una pareja enfadada que se reencuentra, pero cuando hablamos ya no hay amor".

Gabriel Rufián, el negociador de Esquerra -y en consonancia, el mismo Govern con el consejero Jaume Giró a la cabeza (Junts)- ha llegado a plantear que los PGE contemplen una cláusula "por la que los remanentes de lo no ejecutado se conviertan en transferencias directas a la Generalitat al año siguiente.

Son las cuentas del mismo Ministerio de Hacienda las que agita el Govern. Según estos números, en la primera mitad de 2021, el Gobierno sólo ha ejecutado el 13,3% de la inversión territorializada que aparecía en los Presupuestos. Es decir, un total de 275,6 millones de euros de los alrededor de 2.000 millones previstos para todo el ejercicio. "Y se niegan a darnos esas garantías por escrito", apuntan las fuentes de la negociación.

Las fuentes consultadas en el Ministerio de María Jesús Montero no entran a esos detalles. En todo caso, nunca se ha hecho con ninguna región, y se limitan a decir que "a veces el problema no está en no querer ejecutar, sino en la propia capacidad de gestión". ¿De quién? "Ha sido muy difícil llegar a convenios concretos con el Govern en estos años", responden lacónicos.