Moncloa propone un pacto mundial para unificar la lucha antiCovid mientras niega la ley de pandemias

Es decir, establecer un mínimo de actuaciones y normas coordinadas que, precisamente, la propia Darias y todo el Ejecutivo rechazan para el territorio español. Es más, fuentes del propio Consejo de Ministros confirman a este periódico que la negativa es frontal. 

Después de los últimos fallos del Tribunal Constitucional, que amparó las actuaciones -el confinamiento estricto, primero, y el toque de queda, después- pero no el instrumento legal utilizado, las citadas fuentes gubernamentales aseguran que el Ejecutivo está convencido de que "una ley para arbitrar estas medidas en casos de emergencia sanitaria sería declarada inconstitucional".

El Gobierno acata, pero rechaza de plano, las sentencias del TC. Y aunque nunca se puso manos a la obra -a pesar de que lo comprometió tanto con ERC como con Ciudadanos-, se siente atrapado entre las exigencias de la oposición y las sentencias contra el estado de alarma.

Iniciativas rechazadas

Desde los inicios de la pandemia, ya en abril de 2020, Pablo Casado ofreció sus escaños para aprobar, "vía decreto, una ley de pandemias". Con urgencia, y luego negociar sus mejoras en la tramitación como proyecto de ley, vía enmienda. Después, ha presentado en varias ocasiones proposiciones de ley en ese sentido, lo mismo que Ciudadanos, con el llamado plan Bal.

En plena desescalada del primer confinamiento, la entonces vicepresidenta, Carmen Calvo, anunció los "trabajos" para impulsar una ley de pandemias, a la que no llamó así en todo caso, pues era el término que ya utilizaba el Partido Popular.

Pero después, nunca más se supo. Y a pesar de ello, el Gobierno se pone a la cabeza fuera de nuestras fronteras de que exista un "instrumento jurídicamente vinculante para una estrategia de respuesta multilateral al Covid-19".

Podemos también lo pide

El posicionamiento de la ministra Darias, asumido por el presidente Pedro Sánchez resulta contradictorio no sólo con su punto de vista internacional. También con sus socios de Gobierno. Esta misma semana Unidas Podemos reclamaba elaborar un "marco legislativo común" entre Comunidades Autónomas para hacer frente a la Covid-19 y su nueva variante ómicron de cara a las Navidades. O lo que es lo mismo, una ley de Pandemias muy similar a la que el PP lleva proponiendo más de un año.

La formación morada se mostraba partidaria de que exista una homogeneización "a nivel nacional" para que las normas sean las mismas. En estos momentos son varias las Comunidades Autónomas (Galicia, Murcia, Aragón, Baleares, Cataluña y Comunidad Valenciana) que, por ejemplo, están exigiendo el uso del pasaporte Covid. El País Vasco lo planteó al Tribunal Superior de Justicia de la región, y éste lo rechazó. El recurso de casación ante el Supremo lo aceptó, este mismo martes, pero con salvedades.

Pedro Sánchez y Carmen Calvo escuchan la intervención de Pablo Casado en el Congreso de los Diputados. Efe

Si lo que propone Podemos llegara a término sería un "o todos o ninguno".

Aunque la formación de Yolanda Díaz no ha querido dar la razón directamente a Pablo Casado, sus propuestas no distan mucho. El PP siempre ha defendido la idea de Ley de Pandemias como "marco legal" para las Autonomías, que les permitiera tomar decisiones sin esperar al visto bueno de un tribunal de justicia. La ley, según el PP, "podría estar lista en menos de 15 días" reformando la ley orgánica de medidas especiales en materia de salud pública.

Ómicron divide al Ejecutivo

El debate sobre una Ley de Pandemias interna sí o no llega en un momento crucial para España que afronta su sexta ola con el miedo a una posible variante mucho más contagiosa: ómicron que ya está en España y se han detectado casos de la cepa que, posiblemente, en nueve meses sea predominante en todo el país.

Las dos sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional sobre el primer y segundo Estado de Alarma atan de pies y manos al Ejecutivo que necesitaría o bien de una ley de pandemias o de la declaración de estado de excepción. Pero el Gobierno rechaza esa vía extrema, a riesgo de exacerbar las protestas. Ese instrumento constitucional suspende muchos derechos fundamentales, y ésa es la razón por la que -aducen las fuentes de Moncloa- no se recurrió a él.  

Por ejemplo, si las regiones quieren limitar el movimiento entre Comunidades Autónomas tendrán que pedirlo de una forma muy localizada y obtener, previamente, el aval del Tribunal Constitucional. Algo que se alargará más en el tiempo que si ya existiera un marco normativo.

Además, esto supone un problema para las regiones puesto que pueden obtener un posicionamiento a favor o en contra según el TSJ que lo analice. Como ha ocurrido, precisamente, con el pasaporte Covid.

Darias en la OMS

Que Darias haya anunciado que "es necesario" un marco común a nivel mundial -el citado TIP- es algo con lo que también se había comprometido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su viaje institucional a Estados Unidos. Además, el PP apoya este posicionamiento y ha elevado hasta el Congreso de los Diputados la necesidad de este hecho, como adelantó EL ESPAÑOL.

En este caso, la ministra de Sanidad ha apoyado liderar el programa TIP de la OMS desde la Asamblea Extraordinaria que se celebró el pasado lunes. En el encuentro, la socialista explicó que el Tratado Internacional de Pandemias servirá "para complementar y reforzar el cumplimiento del actual Reglamento Sanitario Internacional y reforzar el liderazgo de la OMS en la arquitectura de la salud global".

Apostar por un futuro instrumento jurídicamente vinculante encuadrado en el artículo 19 de la Constitución de la OMS, defendió la ministra, "es un paso clave en la estrategia de respuesta multilateral al COVID". Darias recordó la importancia de un Tratado sobre Pandemias "para atajar la crisis y prepararnos ante futuras amenazas sanitarias transfronterizas".

El PP, en su propuesta legislativa desde el Congreso de los Diputados, apoyaba esta propuesta pero daba un paso más. Solicitaba que el Ejecutivo dialogue con los agentes implicados antes de acudir a pactar con Europa las líneas del TPI.

En su iniciativa parlamentaria reclamaban que el Gobierno pacte las aportaciones que realice al Tratado "con todos los grupos parlamentarios, con las Comunidades Autónomas y con los agentes del sector de la salud, como profesionales sanitarios, pacientes, industria farmacéutica o empresas de biotecnología".

Explicaba el PP que la finalidad del tratado es ser de utilidad para avanzar en términos de control, seguimiento y rendición de cuentas mediante "evaluaciones externas conjuntas". Pretenden que, con este plan, se puedan incrementar los niveles de confianza de los ciudadanos en los sistemas sanitarios con "información y transparencia".

En su alegato, el PP ve el tratado como un "incentivo" y un "beneficio real" para la colaboración con los centros de investigación y para la "creación de nuevas sinergias en el ámbito de la financiación". Una suma de esfuerzos de la comunidad científica e investigadora para encontrar, desarrollar y portar soluciones eficaces y seguras.