Bruselas estudiará como una "violación de derechos civiles" el caso del niño del 25% de castellano en Canet

Toda la maquinaria de la Generalitat de Cataluña, junto a los grupúsculos que han hecho de la inmersión lingüística la piedra angular del movimiento separatista, contra los derechos civiles de un niño de cinco años. Un chico que va a la escuela Turó del Drac de Canet de Mar (Barcelona), y cuyos padres han logrado que el TSJC le garantice, a partir de este jueves, el 25% de las clases de educación infantil en castellano.

La eurodiputada Maite Pagazaurtundúa ha anunciado a EL ESPAÑOL que va a informar a la Comisión Europea sobre estos hechos, como un caso flagrante de "vulneración de derechos civiles". Ello podría provocar que Bruselas amoneste a España, como hizo antes con los gobiernos de Hungría y Polonia por la vulneración de los derechos del colectivo LGTBI.

La Comisión Europea elabora desde 2020 un informe anual sobre el Estado de Derecho, para evaluar la salud democrática de sus Estados miembros en aspectos como la independencia judicial, los mecanismos de lucha contra la corrupción, la pluralidad en los medios de comunicación y los sistemas de controles y equilibrios democráticos.

Un acoso "intolerable"

Maite Pagaza, adscrita al grupo de Ciudadanos (Cs), ha anunciado que pedirá a la Comisión Europea que analice en este informe el caso de Canet de Mar y la discriminación que sufren las familias que piden educación en castellano en Cataluña, frente a una Generalitat que se coloca al margen de la Ley y se niega a acatar las sentencias judiciales.

Maite Pagaza denunciará el caso de Canet de Mar ante la Comisión Europea como una vulneración del Estado de Derecho: "Si la Comisión incluye este problema en su informe anual, tendrá un efecto enorme en la reputación de España", explica la eurodiputada, "al Gobierno español no se le cae la cara de vergüenza ante sus ciudadanos, pero sí ante las instituciones europeas".

El acoso "intolerable" que sufren familias castellanoparlantes como la de Canet de Mar, señala Maite Pagaza, "pone de manifiesto que hay una obsesión, una paranoia. Es una cartografía del odio. Todos esos actos de hostilidad, intolerancia, prejuicios y discriminación… ocurrió en épocas pasadas en Europa, contra colectivos como los judíos y los gitanos. Pero esto no se aguanta más. No puede existir impunidad con algo tan grave".

Como con Orbán y Putin

Por suerte, añade la eurodiputada del grupo de Ciudadanos, "hay organizaciones de la sociedad civil que hacen un trabajo extraordinario. Es como los homenajes a etarras. Se van terminando, pero ha costado muchísimos años cuando hay una hegemonía nacionalista tan acusada. Los nacionalpopulismos son muy estables al llegar al poder, tenemos los ejemplos de Orbán y Putin".

A su juicio, la actitud de la Generalitat ante los hechos de Canet de Mar tiene un nombre: "hispanofobia. Durante muchos años, la gente ha escuchado pretextos, como que el catalán va a desaparecer, pero ese rollo agónico no es cierto. Estamos a favor de las lenguas minoritarias y regionales, pero es que eso no tiene nada que ver".

Por su parte, la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada, ha informado a EL ESPAÑOL que el niño de cinco años de Canet -cuya identidad se preserva, para evitar que sufra nuevos ataques- ha podido acudir a clase este jueves con normalidad.

A partir de esta semana, la escuela a la que acude el pequeño, Turó del Drac, debe impartir al menos un 25% de las clases en castellano. "La directora de la escuela es consciente de que se expone a la inhabilitación, si se niega a cumplir la resolución judicial", explica Ana Losada. Su asociación está a la espera de que la Justicia dicte las mismas medidas cautelares para otra decena de colegios de Cataluña.

Protesta ante el colegio

Pero el escarnio que sufren los padres del niño de cinco años vivirá este viernes un nuevo episodio. La CUP, el grupo Koiné y otras entidades independentistas han convocado para las cuatro y media de la tarde una concentración ante la escuela para defender la insumisión a la sentencia. Ciudadanos ha pedido a la Delegación del Gobierno en Barcelona que no autorice este acto político ante el colegio en el que asiste a clase el pequeño.

Pero hay un bullying institucional que no sólo cuenta con el respaldo de los partidos independentistas (ERC, Junts y la CUP), sino del propio conseller de Educación de la Generalitat, Josep González Cambray, que este jueves ha visitado Canet de Mar para apoyar a las familias que se niegan a acatar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

No en vano, tanto Cs como el Foro de Profesores, que lucha contra el nacionalismo en las aulas, han comparado el caso del niño de Canet de Mar con el de Ruby Bridges, la niña de cinco años cuyos padres decidieron en 1960 que acudiera a un colegio de blancos en Luisiania tras la sentencia del Tribunal Supremo de EEUU que había abolido la discriminación racial.

Los padres racistas decidieron hacer el vacío a Ruby Bridges, que durante un año tuvo que asistir a clase escoltada por la Policía. La historia se repite hoy en Cataluña, de un modo particularmente siniestro.

El presidente del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, y la diputada Lorena Roldán han dirigido este jueves un escrito al Defensor del Pueblo en el que piden que garantice el cumplimiento de la sentencia del 25% de clases en castellano y denuncian "el grave problemas de libertades que se vive en Cataluña, especialmente en el ámbito educativo".

En su escrito, explican a Ángel Gabilondo que "la Generalitat de Cataluña ha alentado una campaña de acoso social contra la familia y el menor en las redes sociales y los medios de comunicación. En los últimos días se ha llamado a realizar un apartheid contra la familia, se han hecho llamamientos para apedrear la casa del menor y se ha solicitado aislar al menor en clase para que se encuentre 'absolutamente solo'".

Por su parte, Sociedad Civil Catalana (SCC) y Ciudadanos han reclamado este jueves al comisario de Justicia de Europa, Didier Reynders, que obligue al Gobierno de España a cumplir la sentencia que exige un 25% de castellano en la educación pública catalana y sea firme ante el cumplimiento del Estado de Derecho en Cataluña "como hace con Polonia o Hungría".

El Gobierno de Pedro Sánchez anunció en un primer momento que no daría ningún paso para obligar a la Generalitat a cumplir la sentencia del 25% de enseñanza en castellano. Pero algo ha comenzado a cambiar este jueves.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha condenado el "hostigamiento" que sufre la familia de Canet de Mar, mientras que el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado desde Bruselas que "toda posible amenaza" será investigada. "Las sentencias judiciales deben ser cumplidas", ha recordado por su parte el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.