Marlaska duplica los terceros grados en contra del criterio de las prisiones en los últimos dos años

Concretamente desde la implantación de una nueva política penitenciaria a inicios de 2020, que incluye pluses de productividad vinculados a la consecución de la mayor cantidad de excarcelaciones posibles. 

El año 2019, antes de que entrara en vigor la orden de servicio aprobada por el Ministerio el 7 de enero de 2020, llamada Programa de productividad vinculado al rendimiento y la calidad del servicio para el personal de los centros penitenciarios, 277 reclusos fueron excarcelados pese a la opinión contraria de su prisión.

Y, siempre según las cifras oficiales de Interior, en los 11 primeros meses de este año ya son 517 los condenados que han accedido al tercer grado a pesar de no ser merecedores de ello según la dirección de la cárcel en la que cumplían sentencia.

Desde entonces, el departamento de Grande-Marlaska ya ha gastado 393.676,19 euros en este programa de incentivos. Así lo demuestran los documentos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Por un lado, el desglose de Progresiones a tercer grado por tipología delictiva, que detalla que desde la llegada del ministro, en junio de 2018 han salido de prisión por la vía del tercer grado más de 17.000 presos. Según ese informe, desde 2018 son hasta 1.273 los reclusos excarcelados por el acceso a este beneficio.

Por otro, los datos oficiales del gasto impulsado por el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz en los pluses de productividad para altos funcionarios de Prisiones para incentivar la concesión de terceros grados. Desde inicios de 2020, el amigo personal del ministro que llegó de su mano a la dirección de Prisiones ha dedicado casi 400.000 euros a este programa. Es decir, casi 720 euros al día hasta junio de 2021 -último mes contabilizado- para fomentar la salida de prisión de reclusos.

"Es una vergüenza que mientras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad cumplen con su trabajo y los delincuentes entran en prisión, Marlaska los ponga en la calle a través de pagar más a los responsables de las prisiones", lamenta Ana María Vázquez, diputada del Partido Popular.

"Ya conocemos con datos lo que paga Marlaska por poner a delincuentes en la calle", añade la portavoz de Interior del PP en el Congreso. "Pero es que duele ver como en la suerte de delincuentes y criminales agraciados con la libertad por el ministro se encuentran agresores sexuales como el asesino del niño de Lardero".

Ha sido una nueva iniciativa de Vázquez la que ha logrado que Interior revele estas estadísticas, que la diputada califica de "nauseabundas". Hace ya más de un mes, presentó una batería de preguntas escritas a través del registro del Congreso de los Diputados.

Maltratadores excarcelados

En ellas, Vázquez, su compañero Javier Merino y la portavoz del PP, Cuca Gamarra, exigían datos sobre este programa de excarcelación de presos a cambio de dinero. Y un desglose de aquéllos a los que fue la mediación directa de la Secretaría general de Prisiones la que intervino para soslayar el informe negativo de las juntas de tratamiento penitenciario, como en el caso del presunto asesino y violador del niño Álex en la localidad riojana, en la última fiesta de Halloween.

"Hay más de 1.200 condenados por violencia machista a los que se les ha dado el tercer grado", destaca Vázquez en conversación con este diario. "Precisamente liberados por este Gobierno, que sólo usa el feminismo para la pancarta y no para defender a las víctimas, haciendo que sus verdugos cumplan las penas".

Desde que el exmagistrado es ministro del Interior, 14 agresores sexuales como el de Lardero, y 35 homicidas han dejado la cárcel a pesar de haber recibido un informe negativo de las Juntas de tratamiento de sus prisiones.

El caso de los condenados por delitos "contra la libertad y la indemnidad sexuales" es altísimamente llamativo, en concreto, a partir de 2020, el año en que se implantó la política de incentivos económicos para estimular la concesión de terceros grados. Así, según los datos oficiales, se pasó de tres agresores sexuales excarcelados sin informe a favor a siete, por ejemplo, en 2020. 

Pero las cifras son aún más exageradas en el caso de los presos por delitos de "violencia de género", que pasaron de cinco a 15. Y en los reos por "homicidio y sus formas" que, a la vista del informe de Interior, pasaron de cinco excarcelados en 2019 a 17 en 2020 y a 13 en lo que va de 2021.

Seis liberados al día

Fue el director de Prisiones, Ángel Luis Ortiz, quien implantó esta filosofía, concebida en torno a que el sistema de prisiones español es "tremendamente duro" en comparación con otros países de nuestro entorno. Así lo calificó él mismo públicamente en la última edición de los cursos de verano de la Universidad Complutense. 

La idea consiste en que a más excarcelaciones, más sueldo. El Ministerio del Interior paga este plus de productividad a los directores de cárceles por conceder la principal medida de semilibertad a la población penitenciaria.

De hecho, desde la llegada del ministro a la cartera, tras la moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy en el primer Gobierno de Pedro Sánchez, son 4.438 los penados a los que se ha sacado de prisión por esta vía.

O lo que es lo mismo, cuatro reclusos al día, incluyendo sábados, domingos, fiestas y vacaciones. Descontando las jornadas inhábiles, son casi seis reclusos liberados al día en España desde la llegada del exjuez a Interior.

Este periódico ya informó de esta "insólita política" el pasado 30 de octubre, en los días posteriores al estallido del escándalo del asesinato del pequeño Alex en Lardero (La Rioja) por un polidelincuente que estaba en libertad condicional como producto de un tercer grado concedido por Instituciones Penitenciarias en contra del dictamen de la junta de tratamiento de la prisión.

Francisco Javier Almeida, con antecedentes por violencia de género y violación, fue detenido rápidamente como el presunto autor del asesinato del menor, al que confundió con una chica porque iba disfrazado de "la niña del Exorcista".

"Buenismo que cuesta vidas"

Vázquez lamenta que "la política penitenciaria del buenismo que practica Marlaska ya cuesta vidas, como hemos visto con el niño de Lardero". Para la portavoz popular de Interior, "ésta no es la seguridad que con sus impuestos pagan los españoles, los españoles no quieren esa productividad que cuesta vidas".

Según un escrito de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias al que tuvo entonces acceso este periódico, los incentivos económicos pueden ascender hasta los 2.000 euros anuales. El tercer grado penitenciario es, además, el requisito previo para que luego un juez pueda conceder, como también ocurrió en el caso del crimen de Lardero, la libertad condicional. Precisamente, lo que ocurrió en el caso del reo reincidente de Lardero.

El acusado ahora enfrenta una posible condena a prisión permanente revisable, una pena que el PSOE prometió derogar cuando la incluyó el Gobierno del Partido Popular.

Después de recurrirla ante el Tribunal Constitucional y de que éste avalara que este tipo de condena cumple con los requisitos y objetivos que marca la Carta Magna, el actual Ejecutivo socialista ha olvidado la polémica. De hecho, el propio ministro Marlaska se ha visto obligado a reconocer que ya no tiene "intención de derogarla", ahora que el TC se ha pronunciado.

"Resulta nauseabundo ver que la política penitenciaria de Marlaska está basada en un sistema de incentivos a la excarcelación", reseña Vázquez, "y por la innoble vía de ofrecer estímulos económicos, sin pensar que hay personas incompatibles con la libertad, que no deben pisar la calle".