PP y Vox fuerzan que el pleno de los Presupuestos se mantenga el día de los inocentes y no se adelante
Meritxell Batet se niega a forzar la interpretación del reglamento por temor a una impugnación que retrasaría la entrada en vigor de las cuentas públicas.
22 diciembre, 2021 12:38Noticias relacionadas
El pleno definitivo para aprobar los Presupuestos Generales del Estado será finalmente el 28 de diciembre, día de los inocentes. Una broma de mal gusto para sus señorías, que verán recortadas sus vacaciones para debatir una sola enmienda, aceptarla o rechazarla, y votar la ley de las cuentas públicas. Un trámite de apenas una hora que en la noche del martes, Héctor Gómez y Pablo Echenique trataron de evitar pidiendo al resto de portavoces que aceptaran un cambio del orden del día para este jueves. Pero los del Partido Popular y Vox se negaron.
Cuca Gamarra e Iván Espinosa de los Monteros rechazaron la posibilidad de alargar la sesión del jueves para adelantar el debate y la votación de los Presupuestos. Ambos partidos, animados por un afán político de obstaculizar los planes de Pedro Sánchez y María Jesús Montero. Así lo ha podido confirmar este diario en fuentes del PSOE, del PP y de la Presidencia de la Cámara. La dirección del grupo Socialista se mostraba indignada: "No entendemos lo que hace el PP ni por qué".
Aunque lo hacían, en el fondo, confiando en que Meritxell Batet haría valer su condición de presidenta del Congreso e intérprete del reglamento para convocar un pleno extraordinario. Según fuentes parlamentarias del PP, nadie en Génova quería estropearse el descanso navideño, y se daba por hecho que Batet cumpliría con los deseos del secretario general de su partido.
Pero nada ha salido así. Fuentes de la Presidencia de la Cámara confirman a este diario que Batet no forzaría la interpretación del reglamento, que "los plenos se tienen que convocar con 48 horas de adelanto", y que la negativa de PP y de Vox a cambiar el orden del día era suficiente advertencia.
Es decir, que si un pleno debe convocarse con dos días de previsión, según lo escrito, tratar de meter con calzador los Presupuestos podría provocar un conflicto... o hasta la impugnación y el consiguiente retraso de la entrada en vigor de las cuentas públicas.
Después de la enmienda de Compromís que, sorpresivamente, apoyó el Partido Popular en el Senado, el Gobierno se encontró con que los Presupuestos regresaban al Congreso para un nuevo debate.
La ministra de Hacienda, el presidente del Gobierno y los portavoces de PSOE y Unidas Podemos daban por sentado que podrían irse de vacaciones este jueves porque las cuentas públicas de 2022 saldrían limpias de la Cámara Alta, y aprobadas definitivamente, sin necesidad de una segunda vuelta en la Cámara Baja.
Los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos se movilizaron el martes por la noche para solicitar a la Mesa del Congreso un cambio en el orden del día. Pero ese movimiento exigía la unanimidad de todos los portavoces, según los puntos 3 y 4 del artículo 67 del reglamento.
La inclusión de un pleno extraordinario para este jueves hacía imprescindible que el dictamen del Senado hubiera llegado rápido para que Batet, según el artículo 54, hubiese cumplido las 48 horas de margen... pero la Cámara Alta no se dio tanta prisa como deseaban los grupos del Gobierno y no dio tiempo a que la presidenta tomara esa decisión sin forzar las normas.
Calendario vacacional
En un principio, la aprobación de las cuentas públicas estaba prevista para la semana que viene. El orden del día contemplaba un pleno para el 28 de diciembre, martes, en el que sus señorías se despedirían antes de Nochevieja tras darle el sí a los segundos PGE de Sánchez.
Ese pleno sólo estaba previsto en el caso de que las cuentas públicas regresaran al Congreso con varias enmiendas que valorar. Y la retirada de las que había presentado ERC ya había hecho que los grupos del Gobierno dieran por solventado el trámite. Sin embargo, en la tarde del martes saltó la sorpresa, a tal punto que el portavoz republicano, Gabriel Rufián, calificaba de "desastrosa" la gestión de PSOE y Unidas Podemos.
Compromís había propuesto dedicar 1,6 millones de euros a la promoción y difusión de las lenguas protegidas por la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias en Galicia, Asturias, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia y Baleares. Y los 100 senadores del PP le dieron su apoyo, cambiando el calendario vacacional del Congreso.