Los interinos amenazan con recurrir y bloquear las oposiciones que ignoren el decreto del Gobierno

La decisión de la mayoría de las comunidades autónomas de convocar sus ofertas públicas de empleo (OPE) en Educación antes de que se ponga en marcha la adaptación del Real Decreto de los internos puede terminar en los juzgados.

Así lo aseguran fuentes sindicales a EL ESPAÑOL tras conocer las intenciones de varios gobiernos autonómicos de sortear la Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público aprobada por el Congreso de los Diputados a finales de diciembre.

Y es que, según las fuentes consultadas por este diario, muchos aspirantes podrían presentar recursos por haberse convocado unas OPE en tiempo y forma "irregular", adelantándose a la puesta en marcha de un mecanismo que busca reducir la temporalidad en el sector público al 8%.

Este objetivo fue materializado por el Ejecutivo de la mano de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (procedente del Real Decreto ley 14/2021). Legislación que, posteriormente, debía adaptarse al Estatuto Marco de cada sector (en este caso del Educativo) y que está a punto de salir publicada.

Pero como todavía está cocinándose en el Ministerio de Educación, varias comunidades (concretamente 12) han decidido convocar sus procesos de oposición y, así, evitar poner en marcha la citada legislación.

Las razones se desconocen (algunos alegan motivos políticos, otros aseguran que benefician "demasiado" a los interinos) pero lo que está claro es que con su apresurada convocatoria evitan una modificación de los criterios en los procesos de estabilización. Hecho que no gusta nada a los afectados y que podría ser un problema para todos.

"Lo que van a conseguir es que se judicialice todo porque van a presentar recursos al proceso de oposición y, si el juez lo considera, decretará medidas cautelares que paralizarán las OPE", explican desde el CSIF.

Opositores

Pero no sólo se va a judicializar el proceso si las cosas siguen como están. El plan para reducir la temporalidad en el sector público no gusta a nadie en el sector educativo. Ni a los que se quejan de que se hayan convocado las plazas sin adaptar el RD de interinos (mayoritariamente sindicatos con interinos afiliados) ni a los estudiantes que llevan años preparándose una oposición.

Ellos también amenazan con denunciar, pero, en su caso, si se convocan bajo los nuevos parámetros. Y ya han creado una plataforma llamada Docentes por la Justicia. A su parecer, el nuevo Real Decreto que regulará el ingreso a los cuerpos docentes durante los años 2022 a 2024 deja en desventaja a quienes tienen poca experiencia laboral.

María Miedes, portavoz del colectivo, reclama un "examen justo e igualitario" porque, a su entender, todas las adaptaciones que se han hecho son para que "el interino se saque la plaza". "Desde Europa hay una directiva que no está traspuesta de manera correcta a la legislación actual", denuncia.

E.E

Miedes defiende que lo que pedía Europa para reducir la temporalidad era que las plazas "y no las personas" que están en interinidad pasen a ser de funcionariado. Pero consideran que el Gobierno (en el área de Educación, por lo menos) lo ha hecho al revés, asegurando la plaza al interino pero no dando las mismas oportunidades a todos los aspirantes.

Sostiene que las Autonomías que convoquen sus OPE aplicando este Real Decreto (parece ser que este año sólo serán País Vasco y Cataluña) van a "otorgar plazas e interinidad" antes a personas con méritos, pero que no se presentaron a una OPE y entraron a la bolsa por otras razones, que a gente que estudie y se trabaje el examen.

"La Constitución Española dice que todo el mundo debe optar a plazas en igualdad, mérito y capacidad", insiste. Por ello, habla de impugnar las oposiciones. Considera que si se ofertan plazas con el nuevo sistema "entraríamos en una espiral de reclamaciones" porque lo que se conoce hasta ahora del Real Decreto "no tiene una solidez legal".

Docentes por la Justicia

María Miedes apuesta por que en la decisión del Gobierno de sacar adelante el Real Decreto hay un condicionante económico y es que "le conviene más dar la plaza que indemnizar a un trabajador con mucha experiencia".

Además, desde Docentes por la Justicia insisten en que los interinos pueden impugnar la forma en la que se han convocado las OPE, pero "en función de lo que nosotros hemos estudiado, no es nada ilegal porque se hace una convocatoria con el anterior Real Decreto vigente".

Los sindicatos no están de acuerdo con ellos porque, además de no compartir su planteamiento sobre la "facilidad" para obtener plaza los interinos insisten en que, si se convocan las OPE sin el Real Decreto las plazas serán "la mitad".

"Van a convocar sólo las plazas de gente que se jubila (reposición) pero no las de temporalidad (que son las que sirven para que los interinos puedan ser fijos)", denuncian.

Asociación de Interinos

Desde la Asociación Nacional de Interinos y Laborales, Manuel Martos defiende que el Real Decreto de interinos "sí posibilita la herramienta del concurso" que es lo que el sector esperaba realmente cuando se convocan los procesos de estabilización y consolidación.

"En las OPE que se están convocando ninguna CCAA, salvo en estos momentos Canarias, está contemplando el concurso. Lo máximo que estamos viendo es plantear concurso-oposición y son pocas las que establecen que la fase de oposición no sea eliminatoria", explica.

Sobre la posibilidad de impugnar asegura que es posible pero no en todas las comunidades. Su asociación tiene unos 900 miembros y eso les obliga a hacer una criba para ver dónde tienen más asociados y, en esos casos, afrontar una impugnación. Hasta ahora ponen palos en la rueda con movimientos técnicos esperando que las regiones entren en razón.

Tras haber dialogado en varias ocasiones con Bruselas (hay que recordar que el pasado mes de julio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) volvía a fallar contra el abuso de los contratos interinos en la administración pública española) insiste en que lo que hay en España no es temporalidad. "Temporalidad tiene que ser un nombramiento de urgencia, de máximo seis meses, no lo que hay ahora".

En estos momentos nada asegura que el personal en abuso y fraude se quede con una plaza por eso ellos proponen al Gobierno convocar un "concurso no restringido". Algo que "el estatuto básico permite siempre con el personal laboral" y, así, "lo solucionas todo".

Cataluña

Una de las comunidades que sí va a esperar a que se adapte el RD de interinos (o eso parece) es Cataluña. Este diario se ha puesto en contacto con su departamento de Educación y han asegurado que están "a la espera de la modificación del RD 276 RD con el que se aprueba el Reglamento de ingreso, acceso y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes". Esta normativa, que es de ámbito estatal, dará un nuevo marco jurídico en la convocatoria de todas las plazas.

"El calendario previsto es que toda la oferta pendiente y la adicional sean publicadas antes del 1 de junio de 2022. Las convocatorias deben estar publicadas antes del 31 de diciembre de 2022 y deben ser resueltas antes del 31 de diciembre de 2024. Por tanto, a lo largo de 2022 se publicarán la oferta y las convocatorias con calendario de realización de pruebas", finalizan.

Por el momento, colectivos como la Asociación de Profesionales Valoradores de la Dependencia en Andalucía (AproVadA) ya han presentado recursos de reposición similares a los que, según los sindicatos, se pueden ir presentando en los siguientes meses.

En su caso, el colectivo andaluz presentó el recurso contra la Oferta Pública de Empleo presentada por la Junta el 24 de diciembre, cuatro días antes de que el Gobierno publicara la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad.

También han mostrado su repulsa a la convocatoria de la OPE desde Navarra. La Asociación de Interinos de Navarra ya ha reclamado al Gobierno oral que paralice la convocatoria del cuerpo de maestros hasta que la nueva ley de estabilización del empleo público sea efectiva.

La ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, interviene en una Sesión de Control en el Senado Europa Press

Lo que denuncian desde sindicatos como CSIF o CCOO es que el borrador que va a aprobar Educación en abril/marzo está bien y es el que se debería de llevar adelante. Los sistemas transitorios de acceso (que es como lo llaman ellos) facilitan y simplifican la fase de oposición dando más experiencia en la fase de concurso.

Gobierno

El problema ha llegado a tal punto que el sindicato CSIF se ha dirigido directamente a Función Pública para que intervenga para "garantizar la equidad entre administraciones y evitar recursos en los procesos selectivos".

En este sentido, piden a la ministra, María Jesús Montero, que convoque de urgencia la Conferencia Sectorial. "La Ley, que entró en vigor el pasado 30 de diciembre e introduce nuevos elementos que introducen inseguridad jurídica en los procesos selectivos derivados de los acuerdos de 2017 y 2018, ya que suscitan diferentes criterios a la hora de favorecer la estabilización", insisten.

De esta manera, CSIF reclama a Función Pública que "ejerza su liderazgo" para homogeneizar los criterios que deben aplicar las diferentes administraciones y establecer los criterios que deben aplicarse a los procesos selectivos ya convocados y pendientes de su ejecución.

"Además, pedimos a Función Pública, como máximo responsable del cumplimiento de los acuerdos suscritos y en virtud de sus competencias en materia de empleo público (Art. 149.18 de la CE) corrija cualquier actuación contraria a la Ley para reducir la Temporalidad", finalizan.