Sánchez ata los votos de Ciudadanos y del PDeCAT y se asegura la mayoría para aprobar la reforma laboral

A falta de apenas dos semanas para el pleno que, el día 3 de febrero, debe convalidar el decreto de la reforma laboral, y según las fuentes consultadas en el PSOE, ha sido el trabajo parlamentario del Partido Socialista el que ha logrado atar los votos necesarios.

Tras varias semanas de conversaciones discretas en pasillos y despachos del Congreso, mensajes de WhatsApp e incluso desplazamientos por España de los negociadores a la sede de alguna de las formaciones, al PSOE ya le salen las cuentas.

"Sin tocar una coma del decreto", Ciudadanos aportaría nueve votos, tay como ha confirmado Edmundo Bal, que se unen a los cuatro del PDeCAT, ya confirmados. Además, los dos de Coalición Canaria, los tres de Más País-Compromís "y los dos de Navarra +, que ya sabemos que no votarán en contra", suman los 21 votos que necesita el Ejecutivo para sumar a sus 155 escaños. 

El escaño de 'El Rastas'

Pero en realidad hay muy poco margen. Primero, porque una suma tan exigua posibilita que cualquier fallo o indisposición dé al traste con una votación crucial para el devenir de la legislatura y la llegada de los fondos europeos. Y segundo, porque paradójicamente podría ser culpa de Unidas Podemos que no se llegara al número de votos necesario.

El Grupo Confederal morado sigue sin sustituir al diputado inhabilitado Alberto Rodríguez. El Rastas perdió su escaño el pasado mes de octubre tras adquirir firmeza su condena por atentado contra la autoridad.

Nada ha cambiado desde hace tres meses, aunque la pena de cárcel le fue conmutada por el pago de una multa y pese a las presiones de Podemos, que frenó Yolanda Díaz. La vicepresidenta del Gobierno se mostró muy molesta cuando el partido anunció, en nombre de toda la confluencia, que se presentaría una querella contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet.

Ni Alberto Rodríguez, antiguo secretario de Organización del partido, ha cedido legalmente -ha anunciado un recurso de amparo ante el Constitucional- ni su formación se da por vencida. Los morados seguirán presionando a sus socios socialistas con esta omisión y debilitamiento de los apoyos del Gobierno.

Responsabilidad y lealtad

Así que los votos están cogidos con pinzas. Ante el riesgo de que nadie caiga enfermo el día de la votación, las fuentes consultadas confirman que se seguirá sondeando a los integrantes de la llamada "mayoría de la investidura". Por dos razones principales. Primero, por responsabilidad y segundo, por lealtad.

Mertxe Aizpurua (Bildu), Gabriel Rufián (ERC) y Aitor esteban (PNV), portavoces de los socios parlamentarios del Gobierno. Efe

Con el argumento de "no podemos volver a un escenario laboral en el que rija la reforma de 2012, que está obsoleta y nació sin diálogo social", piden responsabilidad a sus aliados.

La coalición PSOE-Unidas Podemos también se cree en la obligación de mostrar lealtad a unas formaciones que han dado estabilidad al Gobierno más débil de la Democracia en apoyos parlamentarios. "No vamos a bajar los brazos hasta el último momento", explicaba una ministra a este periódico.

"El hecho de tener unos apoyos no hace incompatible la presencia de otros grupos en un asunto tan primordial como éste". Este es un mensaje encriptado a Esquerra, Bildu y PNV para que eviten desmarcarse de la suma de apoyos basándose en la presencia de Ciudadanos entre los votos favorables.

En el PSOE son conscientes de que Cs es una coartada a la que pueden acudir las dos formaciones independentistas de izquierdas para "eludir la responsabilidad" y sortear la acusación velada de que su voto negativo significa que "prefieren la legislación laboral del PP". Y que, habitualmente, es imposible ver en el mismo bando parlamentario a los liberales de Inés Arrimadas junto a los peneuvistas de Aitor Esteban. 

En todo caso, la dureza de las exigencias públicamente planteadas por los portavoces parlamentarios de ERC, Bildu y PNV, Rufián, Aizpurua y Esteban, a los que en las últimas fechas se han unido los líderes orgánicos, Junqueras, Otegi y Ortuzar, pone muy difícil el cambio de postura. "Han marcado una posición tan radical que ahora les cuesta modular", advertía una ministra. "Creemos que con Bildu no hay nada que hacer, pero Esquerra debería reflexionar", añade.

El PSOE, nervioso

Pero no lo harán, al menos no romperán su unidad de acción, a la que se ha sumado el BNG. Y ello porque ni les convence lo que ofrece Yolanda Díaz ni esos retoques que plantea la vicepresidenta segunda tienen siquiera el aval del PSOE.

El partido del presidente Sánchez rechaza las propuestas con las que trabaja su socia de coalición, que sufre ante la posibilidad de que su ley estrella acabe saliendo sin el respaldo de los aliados parlamentarios que cimentó Pablo Iglesias, y con "el apoyo de la derecha de Ciudadanos", partido que consiguió aislar el ex vicepresidente.

Los socialistas han hecho saber a sus socios que la posibilidad de que prevalezca el convenio autonómico -exigencia que une a los tres socios principales y que Yolanda Díaz trataba de encajar en el futuro Estatuto de los Trabajadores- "es inviable, nunca ha sido una posibilidad y la rechazan no sólo los empresarios sino también los sindicatos".

Cualquier discusión sobre el encarecimiento del despido está descartada. La vuelta del salario de tramitación y la corrección en la parcialidad de los contratos que plantea Esquerra también provocarían la salida de los empresarios del acuerdo. "Y los grupos tienen que saber que el Gobierno quiere que esta reforma sea la pactada", remata un miembro del Ejecutivo, en conversación con este periódico.

De hecho, es lo que demanda Bruselas... y de ahí el nerviosismo en el PSOE, que afrontará una segunda mitad de legislatura sin reforma laboral o sin socios. Habrá que darles (muchas más) cosas para recuperarlos luego.