Isabel Díaz Ayuso auditará el sistema de protección de menores tras los tres casos de abusos detectados

El órgano encargado de realizarla será la Inspección de Servicios de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. Esta evaluará "de manera crítica, sistemática e imparcial la eficacia de las actuaciones que desarrollan las distintas unidades y recursos que integran la red autonómica y la calidad de la gestión que desarrollan".

La auditoría viene motivada por la operación Sana, que ha desarticulado un grupo dedicado a la prostitución infantil que operaba, sobre todo, en el distrito madrileño de Villaverde y que había abusado, al menos, de diez menores. Tres de ellas, tuteladas por la Comunidad de Madrid.

La presidenta madrileña rechazó una comisión de investigación parlamentaria, tal y como reclamaba la izquierda, por considerar que PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos no pretendían con ella "investigar, sino condenar" a la consejera de Familia, Juventudes y Políticas Sociales, Concepción Dancausa, que aún no ha dado explicaciones públicas.

Pero lo hará este jueves, a petición propia, en la Asamblea de Madrid. Ahí anunciará la auditoría y dará cuenta de cómo ha colaborado su departamento con la investigación policial de la denominada operación Sana.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa . EP

El objetivo de la auditoría, según confiesan a este medio fuentes del Gobierno regional, es "identificar aspectos del funcionamiento de esta red que puedan ser mejorados y formular propuestas que permitan incrementar la eficacia y calidad de su gestión".

De este modo Isabel Díaz Ayuso pretende acallar las críticas que la izquierda y sus socios parlamentarios de Vox le han dedicado desde que se destapó el escándalo, a principios de año. Rocío Monasterio acusó al PP de tener "secuestrado" el parlamento y la portavoz de Más Madrid, Mónica García, pidió la reprobación de Dancausa.

84 alertas

La defensa del Gobierno popular es que ellos ya alertaron hasta en 84 ocasiones a las autoridades policiales y judiciales sobre la situación y evolución de las tres menores tuteladas. Llegaron, incluso, a pedir en octubre de 2021 que se prohibiera la salida del centro de una de estas víctimas sin a que el juez haya emitido aún respuesta alguna. Y lo hicieron, aseguran, "sin tener conocimiento de la investigación que estaban desarrollando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

También resaltan que los abusos se realizaron fuera del centro de tutelaje. Las menores pueden salir de las instalaciones cuando el centro está especializado en tratamiento de trastornos y problemas de conducta, como es el caso.

Por esto mismo estas mismas fuentes señalan que "la Comunidad es la responsable de protegerlos en el interior de los recursos y denunciar cualquier situación anómala", pero "las autoridades policiales y judiciales son las encargadas de actuar para que también estén protegidos fuera de los centros".

Debate enconado

El debate político sobre los abusos sexuales a menores se encuentra en un momento de máximo enconamiento. El PSOE y Unidas Podemos se han dedicado a tumbar de manera reiterada en Baleares y Valencia (donde gobiernan) las sucesivas peticiones para que se creara una comisión de investigación, pero este martes aprobaron en el Congreso investigar las que suceden en el seno de la Iglesia Católica.

Partido Popular y Vox se negaron a apoyar esta comisión si no se ampliaba su campo de investigación a "cualquier agresión" contra menores cometida en nuestro país, algo que habría incluido los abusos a niños tutelados en Madrid, Comunidad Valenciana y Baleares. Pero los socios de coalición en el Gobierno de España impusieron su mayoría en la Mesa y se negaron a dicha ampliación.

Este jueves, en la Asamblea de Madrid, se producirá con toda probabilidad otro enconado debate en el que los menores abusados se arrojarán como arma política.En este, al menos, se anunciará una auditoría para evaluar la "eficacia y calidad" de su sistema de protección.