Sayas y Adanero dicen que ocultaron su 'no' "para no dar opción al PNV de cambiar su voto"

Este último se reúne en el patio con Ana Beltrán, la diputada del Partido Popular por Navarra y número tres de Pablo Casado. Hablan largo y tendido. La representante popular intenta sonsacarle cuál será finalmente el sentido de su voto. Pero es en balde.

El diputado regionalista aún no tiene claro qué hacer. Ya ha expresado públicamente que no está de acuerdo con la decisión impuesta por la dirección de su partido, y por su cabeza -como por la de Adanero- bulle la idea de romper la disciplina de voto. Pero de momento es sólo eso, una idea. Cuando se adentra en los pasillos, Sayas da largas a los periodistas que le asaltan. "El partido ha dado una directriz que yo no comparto", desliza, sin aclarar si va a acatar la decisión tomada por la cúpula de UPN.

De él y de su compañero, García Adanero, depende nada más y nada menos que la aprobación del texto legal más importante de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Si votan a favor, la norma saldrá adelante con 176 votos a favor y 173 en contra; si votan en contra, se derogará el decreto con 174 síes y 175 noes.

Los dos diputados de UPN se encuentran, por tanto, en una encrucijada: respetar la disciplina del partido (que había acordado con el socialista navarro Santos Cerdán el apoyo a la reforma a cambio de que el PSOE no reprobara al alcalde de Pamplona, Enrique Maya) o votar en conciencia con lo que vienen predicando durante los últimos dos años de legislatura. Y es que si algo les caracteriza es su oposición tajante al Gobierno de España, del que sólo han apoyado los estados de alarma.

La decisión, según ha podido saber EL ESPAÑOL, se toma a eso del mediodía, y en privado. En una reunión que los dos diputados de UPN mantienen en su despacho en el Congreso. De ahí, ambos salen con una consigna: nadie se puede enterar de que van a votar que no en las tres/cuatro horas que restan hasta la votación.

Lo consiguen, a pesar de que Sayas se ve a lo largo de la jornada con Cuca Gamarra, Cayetana Álvarez de Toledo, Macarena Olona e Iván Espinosa de los Monteros. Cordialidad y distensión con todos ellos, pero ninguno logra obtener lo que busca: conocer el sentido de su voto. ¿El motivo? Lo explica con retrospectiva el propio Sayas a este periódico: "No podíamos permitirnos que el PNV se enterara y votara 'sí'".

Y es que los nacionalistas vascos se mueven en la ambigüedad. Parece que van a votar no después de no haber conseguido su reivindicación clave: la prevalencia del convenio autonómico. Pero se han mostrado abiertos hasta el último momento a una abstención que relaje las cuentas, tan ajustadas, de Díaz y Sánchez. Sólo piden un "retoque" no ya sólo en el decreto, sino en una "segunda parte" de la reforma laboral.

Sorpresa en la votación

El caso es que la jornada transcurre sin que ni Sayas ni Adanero comuniquen su decisión. A nadie. Han decidido no atender siquiera a sus teléfonos. Están resueltos a dar la sorpresa. Y la dan. Vaya si la dan. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, anuncia que la reforma laboral ha sido tumbada. El mutismo se apodera entonces tanto de la sede de UPN en Pamplona como de la bancada de la izquierda.

Los diputados de Partido Popular y Vox se levantan. Estallan de júbilo. Incredulidad en los rostros de PSOE, Unidas Podemos y de los nueve de Ciudadanos, que no entienden qué ha sucedido. Sergio Sayas y Carlos García Adanero se mantienen sentados, intentando pasar de incógnito, aunque aplauden veladamente...

...hasta que 40 segundos después, en una imagen con reminiscencias a cuando Carles Puigdemont proclamó la "repúblicana catalana", Batet anuncia: "Los servicios de la Cámara me informan de que queda convalidado el real-decreto ley".

El júbilo cambia entonces de bando: las caras largas y de estupefacción en los sillones azules del Gobierno mutan en abrazos y aplausos, así como en ecos de "¡sí se puede!". ¿Qué ha pasado? Pues que un diputado del Partido Popular, Alberto Casero, ha votado favorablemente a la reforma laboral alegando un "error informático".

El PP se queja a la presidenta de la Mesa del "error informático" que habría provocado el involuntario (y decisivo) sí de Casero, pero Batet no cede y los populares comienzan a corear: "¡Tongo, tongo!".

Pese al desenlace, Sayas y Adanero se muestran satisfechos con su voto. Han obrado, entienden, "en conciencia". Cayetana Álvarez de Toledo se acerca a sus escaños y les agradece su "valentía": "Sabía que ibais a votar que no; lo veía en vuestros ojos".

Guerra en UPN

Lo que sucede a partir de entonces es conocido por todos: la guerra estalla en el seno de Unión del Pueblo Navarro y la izquierda tacha a los dos diputados regionalistas de "tránsfugas" y "traidores". La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, les acusa incluso de haberse vendido: "Sólo queda por conocer el precio". Y se gana por ello una demanda.

Pero sus compañeros de partido no se quedan atrás: "Falta de disciplina", "traición", "ególatras"...  La dirección de Javier Esparza denuncia "la ocultación de su voto final a votantes, afiliados, cargos, ejecutiva y dirección del partido". Y todo ello, añaden, con "premeditación", poniendo "en jaque nuestra credibilidad y fiabilidad".

Los interfectos se defienden alegando respetaron los estatutos del partido, que la cúpula negoció "a sus espaldas" y "sin consultar" a sus representantes en Madrid, que "el acta pertenece al diputado" y que "los votantes están con nosotros" en su decisión de no apoyar la reforma laboral. "Es evidente que la dirección de UPN nos quiere fuera y los votantes dentro", resume Sayas.

El enconamiento no sorprende a quienes conocen la situación del partido navarro, que se encuentra dividido desde verano de 2020, cuando Esparza y Sayas se enfrentaron en las primarias de la formación. Estas ratificaron al primero en la presidencia con un escueto 58% frente al 42% que obtuvo el joven diputado.

Quienes sí se sorprenden son los propios Sayas y Adanero por la velocidad con la que su partido les juzga: apenas una semana después, este miércoles, el Comité de Garantías propone una sanción de dos años y medio de suspensión de militancia, lo que supone que no se podrán presentar como candidatos a las próximas elecciones generales. Ellos dicen que presentarán alegaciones, pero se dan por sentenciados.

Pero ni siquiera al borde de la expulsión, cuando ya se ven fuera del partido en el que militan desde su juventud, se arrepienten de su no a la reforma laboral: "Jamás hemos estado tan convencidos de una decisión; hemos hecho lo correcto".