Sánchez quiere pactar ya con el transporte para centrar su pulso con Alemania en la energía

Por un lado se enfrenta al incipiente estallido social, que arranca con el paro de transportistas que bloquea parte de la actividad económica y dificulta la llegada de suministros. Para intentar despejarlo, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha convocado para este jueves a los representantes de los transportistas con la idea de no levantarse de la mesa hasta que no haya un acuerdo. La dificultad es que no estará en esa mesa la asociación que convoca la protesta y que ya desechó la oferta del Gobierno de 500 millones para paliar la subida del combustible.

En la reunión estarán presentes la vicepresidenta Nadia Calviño y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Por su parte, el titular de Agricultura, Luis Planas, busca salidas para la situación del campo y de la pesca, en plena movilización del Gobierno para frenar ese estallido en ciernes.

Al mismo tiempo, el presidente del Gobierno se prepara para intentar arrancar de la Unión Europea decisiones vitales para mitigar los efectos de la guerra de Ucrania.

En Bruselas se enfrentará desde hoy a Alemania y a otros países del norte de Europa para intentar que el gas no sea tenido en cuenta en la consideración del precio de la luz y que se establezcan límites al precio de la electricidad. Tiene más fácil lograr autorización para dar ayudas directas.

En función de lo que logre en Bruselas, el Gobierno aprobará el decreto el martes 29.

Internamente, cargos de los ministerios de Unidas Podemos y responsables de Economía y Hacienda han avanzado en un plan b, entendiendo por ello el acuerdo para formar un abanico de medidas que se modularán según lo que logre Sánchez en Bruselas. 

Mientras se producía esta negociación reservada, el Gobierno ha escenificado una ronda con todos los partidos, que sólo ha servido para provocar profundo malestar en todos los grupos del Congreso.

“Hemos venido a escucharos”. Así han empezado y casi han acabado los representantes del Gobierno las reuniones que han mantenido durante las dos últimas semanas con los portavoces de todos los partidos con representación parlamentaria, salvo Vox, que no ha querido acudir.

Reuniones internas

De esas reuniones, los portavoces consultados han deducido un cierto aturdimiento y preocupación del Gobierno por la situación económica y las consecuencias sociales. Todos han salido sorprendidos de que el Gobierno no haya puesto sobre la mesa ninguna medida concreta y se haya limitado a pedir apoyo al decreto que aprobará el martes el Consejo de Ministros para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra.

“Sólo querían la foto, no han traído ni un solo papel”, ha asegurado Gabriel Rufián, portavoz de ERC y socio parlamentario habitual del Gobierno, tras su reunión de este miércoles.

Lo mismo ocurrió el lunes con los responsables de economía de las Comunidades Autónomas y con los agentes sociales. Se les escuchó, se les pidió apoyo, pero no se les dijo qué medidas se estudian para que sean apoyadas. 

Ahora bien, todas las posibles medidas del Gobierno están, en parte, supeditadas al resultado del Consejo Europeo que se celebrará este jueves y viernes en Bruselas. Tanto como que los portavoces entienden que Pedro Sánchez está creando unas expectativas elevadas de esa cumbre y puede pagarlo si el resultado no es el que espera.

Pero más allá de esas reuniones, que los grupos entienden como la necesidad de llenar el tiempo durante la semana con apariencia de búsqueda de acuerdos, el Gobierno trabaja interna y discretamente para preparar ese decreto.

Concretamente, desde hace días negocian los dos sectores del Gobierno. Participan Manuel de la Rocha, secretario general de Asuntos Económicos y G20, y altos cargos de Economía y Hacienda, y por parte de Unidas Podemos, Josep Vendrell y Joaquín Pérez Rey -ambos, de confianza de Yolanda Díaz-, así como Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable de economía del partido morado.

Hubo una reunión este martes por la tarde en la que se avanzó. Habrá más reuniones estos días y, sobre todo, trabajarán domingo y lunes para trasladar las conclusiones de la cumbre europea al real decreto que irá al Consejo de Ministros del martes y que deberá ser convalidado antes de 30 días en el Pleno del Congreso.

Posibles medidas

En esa negociación interna se analizan las posibles iniciativas y los escenarios que puedan salir de la cumbre europea. Se estudian medidas para paliar los efectos de la crisis que incluyen el precio de la vivienda, los combustibles, el gas, la inflación, la industria y la protección social, entre otras. Por ejemplo, se avanza en extender bonos sociales para consumidores vulnerables y se estudian medidas vinculadas al Ingreso Mínimo Vital.

La idea del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es lograr que la UE saque el gas del mecanismo para fijar el precio de la electricidad. De esa forma, se lograría reducir el precio de la luz. Sin embargo, el Gobierno no oculta su preocupación por la dificultad de lograr esa autorización de Bruselas por el veto de países del norte, que encabeza Alemania.

Por ello, el Gobierno trabaja en un plan B en el que no se ha descartado aún casi ninguna opción. Por ejemplo, Unidas Podemos mantiene la presión para lograr que se establezca mayor carga impositiva sobre las empresas eléctricas para gravar sus beneficios. Pedro Sánchez eludió esta petición en la reunión que mantuvo el martes con los máximos responsables de esas empresas, pero fuentes de Unidas Podemos aseguran que aún no se ha descartado esta opción y sigue sobre la mesa.

Sí ha quedado aparcada la reducción de impuestos a los carburantes, la electricidad o el gas porque el Gobierno entiende que no hay margen y porque bajaría a recaudación en momentos en los que es preciso hacer frente a la crisis con medidas sociales.

Unidas Podemos asegura que esa opción de reducir impuestos fue descartada por su presión a la parte socialista del Gobierno en esas reuniones. La bajada de impuestos fue pactada y firmada hace dos semanas por Sánchez y las Comunidades Autónomas en la Conferencia de Presidentes de La Palma.

De hecho, el PP no oculta su malestar por no haber recibido respuesta del Gobierno a sus propuestas, diez días después de presentárselas en una reunión que pretendía buscar un pacto de Estado y, por otra parte, porque el primer acuerdo firmado por Alberto Núñez Feijóo en esa cumbre autonómica ya ha sido incumplida por el Ejecutivo.

Las reuniones con los grupos son el trampantojo del pacto de Estado y las reuniones internas, las que de verdad sirven para decidir. Por ejemplo, este miércoles hubo reuniones muy formales y con foto del Gobierno con representantes del PSOE y luego con los de Unidas Podemos, es decir, consigo mismos.