Alberto Casero, la primera patata caliente de Feijóo: tendrá que decidir si lo expulsa y le pide el acta

Como secretario de Organización y hombre de la máxima confianza del secretario general Teodoro García Egea, Casero ha tenido entre otros cometidos el diseño de las campañas electorales en la etapa más reciente del PP (también la de Castilla y León que ha permitido a Alfonso Fernández Mañueco renovar su mandato al frente del gobierno regional).

Como aforado, por su condición de diputado, Casero se enfrenta ahora a una causa penal en el Supremo. Se investigan cinco contrataciones presuntamente irregulares que realizó durante su etapa como alcalde de Trujillo (2011-2019), por un importe que suma más de 70.000 euros.

Por otra parte, y como se recordará, el Gobierno de Pedro Sánchez pudo sacar adelante la aprobación de la reforma laboral gracias al polémico "error" de Casero en el voto telemático, en el Pleno del Congreso del pasado 3 de febrero.

Medidas contra la Corrupción

El artículo 22.1 de los actuales estatutos del PP establece que el Comité de Derechos y Garantías abrirá un expediente informativo a cualquier afiliado que "incurra en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de un cargo público" y sea citado a declarar como investigado en una instrucción judicial. Una circunstancia que se producirá en los próximos días.

El mismo artículo señala que, a partir de ese momento, "en los casos de delitos flagrantes de corrupción, el Comité de Derechos y Garantías Nacional a la vista de la gravedad de los hechos podrá determinar la suspensión de funciones o de afiliación, lo que se acordará en función de las circunstancias específicas de cada caso concreto".

El Reglamento de Régimen Disciplinario y de Garantías establece, en su artículo 38, el siguiente paso en el proceso: cuando el juez decrete la apertura de juicio oral "por un delito relacionado con la corrupción", el expediente informativo se transformará en expediente disciplinario y el afectado deberá ser suspendido, de forma imperativa, como afiliado y en las funciones que desempeñe en el partido.

Por tanto, el PP no tiene la obligación de suspender de militancia a su hasta ahora secretario de Organización, Alberto Casero, cuando sea citado a declarar como investigado -una circunstancia que se producirá en los próximos días-, pero sí en caso de que el juez decida finalmente abrir juicio oral contra él.

La desimputación de Cospedal

La coordinadora general del PP, Cuca Gamarra -que este fin de semana se convertirá en secretaria general del partido- ha eludido confirmar a EL ESPAÑOL si se propone instar la imposición de medidas cautelares de forma inmediata contra Alberto Casero: es decir, si el partido le suspenderá de militancia y le reclamará que renuncie a su escaño en el Congreso de los Diputados.

Otras fuentes del PP consultadas por este diario señalan que la dirección del partido no es partidaria de precipitar este tipo de medidas disciplinarias, después de que varios cargos públicos hayan sido imputados judicialmente, para quedar luego libres de cualquier cargo.

Citan al respecto el caso de la ex secretaria general María Dolores de Cospedal. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón citó en junio de 2021 a María Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro, como investigados por su supuesta implicación en el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas, en la llamada Operación Kitchen.

Sin embargo, tras tomarles declaración, el magistrado dictó el sobreseimiento de la causa abierta contra ambos y descartó que hubieran participado en la trama policial encabezada por el comisario Villarejo (quien les implicaba en las anotaciones de sus agendas).

La marcha de Andrea Levy

Las citadas fuentes del PP señalan que hubiera resultado profundamente injusto que Cospedal fuera suspendida como afiliada, por una acusación que nunca quedó acreditada.

En cambio, de acuerdo con lo previsto en los estatutos del partido, el PP sí acordó suspender provisionalmente de militancia al exministro de Interior Jorge Fernández Díaz el pasado mes de julio, cuando el juez dictó el auto de procesamiento contra él y otros antiguos miembros de la cúpula del Ministerio por su implicación en la misma operación Kitchen.

El Comité de Derechos y Garantías del PP, que debe decidir si adopta medidas disciplinarias contra Alberto Casero se encuentra descabezado desde el pasado 22 de febrero, cuando su presidenta, Andrea Levy, presentó la dimisión pidiendo la convocatoria de un Congreso extraordinario para renovar la dirección del partido.

Dicho Congreso arranca este viernes en Sevilla y ratificará el nombramiento de Alberto Núñez Feijóo como presidente nacional del PP, tras recibir 55.000 avales y el voto directo de 36.974 afiliados en la elección del pasado 21 de marzo.

Contrataciones irregulares

El equipo de Núñez Feijóo deberá renovar luego, entre otros órganos, la composición del Comité de Derechos y Garantías.

Como ha informado EL ESPAÑOL, una juez instructora de Trujillo abrió el pasado mes de julio, a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía, las diligencias sobre cinco contrataciones y convenios presuntamente irregulares realizados por Alberto Casero entre 2017 y 2018, durante su etapa como alcalde.

Casero habría aprobado dichos contratos eludiendo requisitos esenciales de la contratación pública: sin procedimiento administrativo alguno, sin publicidad y sin la intervinieron de los órganos competentes.

La jueza de Trujillo remitió la causa al Tribunal Supremo el pasado mes de febrero por un presunto delito de prevaricación continuada, dada la condición del dirigente del PP como diputado nacional (y por tanto aforado).

La cuenta atrás

La Fiscalía del Tribunal Supremo apreció que Casero no sólo podría haber incurrido en un delito de prevaricación, sino en otro de malversación, que puede implicar pena de cárcel. 

Finalmente, la Sala Penal del Tribunal Supremo ha acordado esta semana la apertura de una causa penal a Alberto Casero y ha designado al magistrado Andrés Palomo como instructor de la causa: será el encargado de decidir en los próximos días si cita a declarar como investigado al diputado del PP y si ordena otras diligencias para esclarecer los hechos.

Se pondrá en marcha entonces la cuanta atrás para que el nuevo equipo de Núñez Feijóo y Cuca Gamarra decida si suspende de militancia al hasta ahora secretario de Organización del PP o incluso si le insta a abandonar el escaño en el Congreso de los Diputados.