España teme tener que racionar el gas a partir del próximo invierno por la guerra de Ucrania

La guerra de Ucrania está teniendo consecuencias que afectan a toda Europa. Y el caso de España no es una excepción. El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha manifestado este miércoles su preocupación de cara a lo que pueda ocurrir el próximo invierno desde el punto de vista energético, y ha advertido de la dependencia de Europa en términos de gas respecto de Rusia y el problema que existe para "sustituirlo".

"Hoy no se pueden sustituir los 150 bcm (millardos de metros cúbicos) de gas que Europa recibe de Rusia", ha agregado. "No hay forma de cubrir prácticamente el 40% de ese gas" en Europa y eso va a provocar un "tensionamiento brutal", ha advertido.

Imaz, que cree que como sociedad hay que hacer un esfuerzo "muy importante" de reducir consumos y acelerar al máximo la generación renovable, ha advertido de que hay un problema de seguridad de suministro en los próximos seis o siete meses que "va a impactar de una forma dramática". "Hay que hacer una reflexión sobre cómo abordamos los riesgos de seguridad de suministro que se pueden tener a lo largo de los próximos meses", ha insistido.

El consejero delegado de Repsol ha llamado a "repensar" la actual transición energética con una visión "menos ideológica" porque "se está haciendo mal", y tiene el riesgo de "impactar negativamente en la industria, en los costes energéticos y en los consumidores".

Durante su intervención en el Encuentro Empresarial de Cebek 'Tras dos años de pandemia y una guerra en Europa: Cómo afrontamos las empresas las nuevas dificultades y retos presentes y futuros', celebrado este miércoles en Bilbao, Imaz se ha referido al conflicto bélico en Ucrania, y ha negado que sea el "causante de todos los males en la crisis energética". "No es verdad", ha asegurado.

"En noviembre de 2021, el petróleo estaba a 81 dólares el barril, y no había guerra en Ucrania, y en diciembre el precio del gas estaba más alto, y tampoco había guerra", ha argumentado.

Imaz ha dibujado un escenario en el que la sociedad sigue demandando "de forma creciente" petróleo y gas. Va creciendo el consumo, va creciendo la demanda y al mismo tiempo se "desincentiva su producción"; se ponen "dificultades desde el punto de vista inversor y financiero a los sectores y empresas para que inviertan en estas energías".

"La inversión va bajando y la demanda sigue subiendo, la producción va bajando... Tampoco hace falta ser doctor en economía en Harvard para saber que los precios van subiendo", ha ironizado.

Para el consejero delegado de Repsol, se ha planteado "una transición energética necesaria, que tiene que tener su ambición, pero no es una transición inteligente, es una transición que tiene el riesgo de impactar negativamente en la industria, en los costes energéticos y en los consumidores". "Por lo tanto, mi primera reflexión sería: ambición, transición energética sí, sin duda, pero necesitamos repensar la transición energética", ha demandado.

Para Imaz, este es un buen momento, "porque la energía tiene que cubrir un triple objetivo". "Seguridad de suministro, –se nos había olvidado en Europa– competitividad-precio, para que nuestra industria pudiese competir y no nos desindustrialicemos y sostenibilidad", ha remarcado.

Reservas de la UE

En esta misma línea, este miércoles los países de la Unión Europea respaldaron la propuesta legislativa para establecer un almacenamiento mínimo de gas en el bloque del 80% el 1 de noviembre de este año, y del 90% en los años siguientes, con vistas garantizar el suministro en el contexto de la guerra rusa en Ucrania.

En concreto, los embajadores de los 27 Estados miembros fijaron sus líneas rojas con respecto al proyecto de reglamento que ahora debe ser negociado con el Parlamento Europeo y que busca garantizar unas reservas mínimas de gas en el bloque en el próximo invierno y los sucesivos.

Esos depósitos están actualmente al 37,4% de su capacidad y, según esta nueva normativa, aquellas empresas que operen almacenes de gas deberán notificar los niveles de llenado a las autoridades nacionales y los Estados miembros se encargarán de la supervisión y de informar a la Comisión Europea.

El mandato negociador de los Veintisiete también estipula que aquellos países que no tienen almacenes de gas tendrán acceso a las reservas de otros socios a cambio de compartir la "carga financiera" que supone la obligación de llenado, informó en un comunicado el Consejo de la UE, la institución que representa a los Estados miembros.

De la misma forma, establece una nueva "certificación obligatoria" para todos los operadores, de forma que la UE pueda limitar la "influencia externa" en "infraestructuras críticas" de almacenamiento. Este punto, también respaldado por el Parlamento Europeo, busca limitar la influencia del gigante ruso Gazprom en el bloque.

Antes del acuerdo entre los Veintisiete, España y Portugal pidieron en un documento conjunto que se tuvieran en cuenta las características específicas de la península ibérica en el desarrollo de este proyecto legislativo y fuentes diplomáticas de ambos países han confirmado que el mandato negociador es del agrado de las dos capitales.

En particular, tal y como recoge Efe, solicitaban que se tuviese en cuenta el papel de las terminales de gas natural licuado (GNL) al contabilizar el nivel de almacenamiento mínimo, así como el bajo nivel de interconexión de la península con el resto del continente, entre otras cosas.

Así, el documento pactado por las capitales precisa tanto las reglas que regirán estos niveles mínimos como "posibilidades para contabilizar las reservas de GNL", así como una serie de salvaguardias para "evitar un impacto desproporcionado" de la medida en aquellos países con una capacidad de almacenamiento "importante".

Por otro lado, los Estados miembros han pactado que estos niveles obligatorios de reservas expiren el 31 de diciembre de 2026 y han incluido derogaciones específicas para Chipre, Malta e Irlanda porque "no están conectadas directamente con el sistema gasístico de otros Estados miembros".

Pactado el mandato negociador de los Estados miembros, ya pueden comenzar las conversaciones con el Parlamento Europeo, que fijó sus líneas rojas el pasado 7 de abril con 516 votos a favor, 25 en contra y 15 abstenciones.

La capacidad de almacenamiento subterráneo total de la UE es de 1.100 teravatios por hora (TWh), lo que supone unos 100 millones de metros cúbicos distribuidos en 160 instalaciones en dieciocho Estados miembros. No obstante, el 73% de las reservas de gas del bloque se concentra en cinco Estados miembros (Alemania, Italia, Francia, Países Bajos y Austria).