Sánchez está dispuesto a negociar el CGPJ "si Feijóo cede", tras forzar la reforma de la ley por el TC

El Gobierno (el PSOE, Pedro Sánchez) está dispuesto. El Partido Popular (el negociador Esteban González Pons) también. Ambas partes conocen la disponibilidad de la otra. Y sin embargo, ninguna de las dos acepta públicamente las condiciones del rival. Según ha podido confirmar este diario en fuentes del PSOE, el presidente del Gobierno negociará una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en el sentido que reclama el PP. Pero antes exige que "ceda Alberto Núñez Feijóo".

Tres altas fuentes distintas del PSOE y del Gobierno han confirmado a este diario esta disposición. "Ellos saben que nos sentaremos a negociar", explica una de ellas. "Yo mismo se lo he dicho varias veces... además, nosotros también sabemos la presión que viene de Bruselas".

Pero el duelo está ya tan enquistado que, tras la aprobación de la contrarreforma de la LOPJ, este jueves, en el Congreso, el Consejo General del Poder judicial (CGPJ) podría quedar sin renovarse en toda la legislatura. Así se infiere de la última condición planteada por los populares: que el PSOE retirara esta iniciativa para sentarse a negociar su propuesta de Pacto por la Justicia, enviada a Moncloa el lunes pasado.

El PSOE no lo hizo y sí logró aprobar este jueves la iniciativa en el Congreso.

El PP tenía una buena razón para agarrarse a esa exigencia. Todos los Informes sobre el Estado de derecho en España de la Comisión Europea, incluido el publicado este mismo miércoles, exigen la renovación del órgano constitucional y la inmediata "reforma de su sistema de elección" para que "al menos la mitad de sus integrantes, los vocales jueces, sean elegidos por sus pares sin interferencia política".

O lo que es lo mismo, que desde Génova no se pide ninguna locura, sino "el cumplimiento de los estándares europeos", como consta en el documento de la Comisión. ¿Por qué no se hace, si hasta el PSOE lo asume? Porque hoy en día eso significaría que, ante la opinión pública, parecería que el Gobierno ha estado en falta.

"Y son ellos, sólo ellos, y nadie más que ellos", es decir, el PP de Pablo Casado primero y el de Feijóo después, "los que están incumpliendo la Constitución".

El último consenso

Es decir, que el PSOE, el Gobierno, Pedro Sánchez, se niegan a aparecer como el rendido y exige que sea "Feijóo el que ceda". Además, porque el articulado de la ley vigente, de 1985, no ha cambiado desde entonces, y ha sido cumplido por los Gobiernos de Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy... pero, sobre todo, por los respectivos líderes de la oposición en cada etapa.

Y es más, porque la última reforma consensuada del sistema de elección de los vocales jueces data del año 2000. Entonces, el PSOE estaba en la oposición y el luego ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, impulsó un "Pacto por la Justicia" con el entonces ministro, José María Michavila.

José María Michavila (PP), junto al Juan fernando López Aguilar (PSOE) y el entonces ministro de Justicia, Ángel Acebes (PP). Efe

El hoy eurodiputado socialista lo recuerda, en conversación con EL ESPAÑOL: "Aquello lo hicimos juntos y el objetivo era darle más legitimidad y representatividad, corrigiendo las dudas de constitucionalidad que la aplicación de la norma suscitaba". Desde entonces, es cierto, Congreso y Senado siguen siendo las instituciones que designan a todos los vocales, pero los 12 de extracción judicial salen de una lista mayor previamente elegida "por votación de sus pares".

Fuentes del propio Gobierno de Sánchez, fuentes socialistas del Consejo de Ministros, defienden ese sistema como "el más democrático". E incluso se han llegado a expresar contundentes en la negativa a negociar con el PP una reforma de la norma: "Rotundamente no", llegó a responder Félix Bolaños a este diario en una pregunta a la salida de un Consejo de Ministros.

La fuente no se reveló en EL ESPAÑOL, pero él mismo confirmó la información públicamente en una entrevista radiofónica pocos días después: "Este sistema no sólo es el vigente, es decir, el que hay que cumplir. Es que es el que defendemos nosotros, que tenemos la mayoría... y el PP tiene que entender que no puede imponer cambios legales si no logra votos suficientes".

También es perfectamente democrático ese argumento.

Otros miembros del Gobierno, también socialistas, son incluso partidarios de una "elección directa por las cámaras de todos los vocales" del CGPJ. Porque "lo justo es que reflejen la voluntad de las mayorías elegidas por los ciudadanos", argumentan, basando la razón en que "al presidente del Gobierno también se le elige desde las Cámaras, en función de lo votado por los españoles para el Legislativo".

"Riesgo de politización"

Pero la Comisión Europea no quiere eso, porque teme "el riesgo de politización", ya sea real o simplemente "de imagen", que haría daño a la "fiabilidad del Estado de derecho" igualmente.

El Partido Socialista no sólo es el sustento principal del Gobierno de Pedro Sánchez, sino el que está mandatado por la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para negociar con el Partido Popular la renovación del CGPJ. Porque sólo ellos pueden conseguir la mayoría cualificada de tres quintos de las Cámaras para impulsarlo.

El Partido Popular prometió hace un mes que "en un mes", el Gobierno tendría su propuesta para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Una vez cumplido el mandato de cuatro de los 12 magistrados del Constitucional. Pero es que, en medio, estaban las elecciones andaluzas y, aunque en los últimos años hay más urnas que nunca, es normal que eso pare toda negociación entre los dos grandes partidos.

Pedro Sánchez se dispone a subir al atril para dar su discurso sobre el estado de la Nación. Efe

Pero precisamente el "batacazo" socialista del 19-J activó toda la maquinaria de Moncloa: en menos de un mes -y con cumbre de la OTAN de por medio-, sacó del cajón la Ley de Memoria, aprobó un nuevo decreto contra la crisis, otro sanitario y redactó, registró y forzó la aprobación de una contrarreforma de la LOPJ.

El Congreso daba este jueves luz verde a la reforma exprés que sirve al PSOE para asaltar el Tribunal Constitucional, corrigiéndose a sí mismo y a su reforma de marzo del año pasado, que cercenaba funciones constitucionales del CGPJ. Un cambio que fue criticado, recientemente, desde dentro del propio PSOE... y que corría el riesgo de ser declarado inconstitucional, por lo que al Ejecutivo le podría interesar un cambio de mayorías en el TC.

Además, los socialistas lograron que se aprobara una autoenmienda para que el CGPJ esté obligado a elegir los dos magistrados que le tocan de los cuatro -los otros dos, son a elección de Moncloa- antes del 13 de septiembre. Es decir, en un plazo de tres meses desde el cumplimiento del mandato, el pasado 12 de junio.

El PSOE contó con el apoyo de todos sus socios de investidura y la contrarreforma salió adelante en el Pleno con 187 votos a favor, 152 en contra y 7 abstenciones. Se rechazaron, además, las tres enmiendas a la totalidad de Ciudadanos, Vox y PP.