El decreto energético tampoco convence a CCAA del PSOE, que lo apoyan "por responsabilidad"

La conferencia sectorial de Energía, Industria y Comercio convocada por el Gobierno este lunes ha sido un fracaso. No ha cumplido su propósito de convencer a las regiones más díscolas (las populares) y, encima, ha terminado mostrando la cara menos complaciente de las socialistas, que han matizado que apoyan el decreto por "responsabilidad".

Tras una reunión de algo más de tres horas y media de la que nadie salía contento, varias regiones gobernadas por el PSOE, como La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha o Asturias, han mostrado su aceptación con peros al decreto del Gobierno.

Desde la región gobernada por Emiliano García Page, uno de los presidentes menos complaciente con Ferraz, se han mostrado a favor de las medidas de ahorro energético, pero con alguna exigencia.

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El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha pedido que "queden claras las condiciones que plantea el Gobierno de España para la aplicación del decreto ley que las recoge".

Ese matiz también lo ha hecho suyo Asturias, que ha dejado claro que asume el plan de ahorro energético "como gobierno solidario" que es o, La Rioja, que ha mostrado su respaldo "por responsabilidad" en el contexto actual.

En Aragón han pedido incluso "flexibilidad", como algunos gobiernos del PP. Desde la consejería han asegurado que el decreto debía hacerse eco de las "demandas" que les había formulado el sector industrial y comercial de la región. Un apoyo bastante diluido que no ha venido nada bien a Pedro Sánchez, que esperaba salir de esta reunión reforzado por sus autonomías.

El PP, en bloque

Y es que, el Partido Popular sí ha acudido a la cita como un solo equipo. Si hace unas semanas las posturas entre Génova y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, parecían distantes, esta semana han acudido a la cita con un mensaje unitario.

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Todas las regiones gobernadas por el Partido Popular han exigido a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que derogue el real decreto. Opción que, como bien sabía el PP, era imposible que ocurriera.

También han solicitado la convocatoria de la Conferencia de Presidentes. Propuesta que lanzó el domingo su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, y que han terminado materializando Galicia, Murcia, Andalucía, Madrid y Castilla y León.

Que la defensa del decreto haya sido tan tibia por parte de algunas comunidades autónomas pone en apuros a Sánchez. Necesita unidad para conseguir los avales suficientes para convalidar el decreto ley en el Congreso.

Ahí, los partidos catalanes y vascos desempeñan un papel fundamental. Si nos fijamos en las valoraciones que han hecho del decreto los partidos que gobiernan ambas autonomías, el PSOE no lo tendrá nada fácil en la Cámara Baja.

Tanto País Vasco como Cataluña han salido de la reunión notablemente molestos, considerando la cita una "pérdida de tiempo".

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Por ejemplo, aunque el Gobierno vasco ha expresado su "voluntad máxima" de cumplir con el ahorro energético, ha reclamado al Ejecutivo central "flexibilidad" y que exista la opción de trabajar de manera conjunta para lograr medidas "consensuadas" y "acordadas".

Votación en agosto

La petición de nacionalistas vascos y catalanes para retrasar la puesta en marcha del decreto ha sido rechazada por las ministras Teresa Ribera y Reyes Maroto.

No se sabe si esto tendrá repercusiones en los diputados parlamentarios del PNV, en el caso del País Vasco, o de los partidos nacionalistas catalanes: Junts, ERC y PdCAT.

Ambos tienen tiempo para pensárselo. Según fuentes parlamentarias, el Congreso prevé convalidar el decreto en un Pleno extraordinario a finales de este mismo mes. Concretamente, la semana del 22 de agosto.

En ese trámite, el decreto ley podría hacer alguna adaptación de parte del articulado, pero no grandes cambios. El debate coincidirá, además, con la fecha límite que pone el Real Decreto para que los comercios adapten sus sistemas de cierres y paneles para el ahorro energético.

La medida es una de las que más problemas ocasiona al sector, sobre todo el pequeño comercio, puesto que son adaptaciones que precisan de una inversión muy elevada de capital.

El Gobierno se ha mostrado solidarizado con la causa. Aunque sin explicar cómo van a ayudar a paliar el impacto económico, Ribera ha reconocido que necesitarán "ayuda".