El PP prepara una ofensiva contra la ministra de Justicia con el CGPJ, el 25% de castellano y los indultos

Los populares quieren forzar su comparecencia en el Senado y, junto a ella, también la del nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Dado que Alberto Núñez Feijóo ocupa un escaño en el Senado, los populares quieren llevar a esta Cámara el debate de las principales cuestiones de Estado, como la Justicia.

Por un lado, el senador del PP Fernando de Rosa exigirá a Pilar Llop que explique por qué se niega a acatar el informe emitido por la Comisión Europea el pasado mes de julio, que insta a modificar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para garantizar su independencia.

Desde el PP ya han advertido de que la desobediencia a esta directriz puede implicar que Bruselas retenga una parte de los fondos europeos Next Generation concedidos a España, que suponen un importe total de 140.000 millones de euros.

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En segundo lugar, el PP quiere que la ministra de Justicia explique por qué el Gobierno ha permitido que Cataluña se convierta en un territorio en el que no se cumplen las sentencias judiciales.

Al respecto, Fernando de Rosa pedirá a Llop que aclare si la "desjudicialización" de la política catalana que pactaron Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en la última reunión de la Mesa de Diálogo implica garantizar impunidad para los delitos cometidos por los independentistas.

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Pedro Rollán, y el portavoz de Justicia en el Senado, Fernando de Rosa.

ERC ha instado al Gobierno a reformar el Código Penal antes de que concluya el año, para despenalizar el delito de sedición por el que fueron condenados a penas de cárcel Oriol Junqueras y el resto de responsables del golpe del 1-O.

Dentro de esa batería de interpelaciones, De Rosa también preguntará a la titular de Justicia si cree que el Gobierno debe recurrir ante el Tribunal Constitucional la decisión de la Generalitat de desobedecer -mediante un subterfugio legal- la sentencia del TSJC que garantizaba al menos un 25% de enseñanza en castellano.

Tras la reunión de la Mesa de Diálogo, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, respaldó expresamente el nuevo decreto impulsado por Pere Aragonès, que excluye el castellano como lengua vehicular en contra de la jurisprudencia del Supremo, para burlar esta sentencia. 

En el mismo sentido, preguntará a la ministra de Justicia si comparte el criterio de la Abogacía del Estado, que ha argumentado que los indultos a los condenados por el procés están justificados porque "buscaron la convivencia democrática y la paz social en Cataluña".

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Se da la circunstancia de que Llop se despachó la semana pasada con duras declaraciones contra Feijóo, "al que parece ser el líder del PP", dijo. La ministra le pidió que "ponga orden" en su partido y no tenga "miedo". Además, dijo que echaba de menos a Pablo Casado, "que sí se enfrentó a Ayuso". 

Acoso al juez Llarena

El PP quiere promover una reforma legal para que el Ejecutivo tenga en cuenta siempre el criterio del órgano juzgador, antes de conceder la medida de gracia. En unas declaraciones recientes, el ministro de Deportes, Miquel Iceta, se mostraba partidario de que Carles Puigdemont regrese a España para que el Gobierno pueda estudiar su indulto, una vez sea juzgado. 

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Los populares quieren acabar con el señalamiento que han sufrido en Cataluña magistrados como Pablo Llarena y Manuel Marchena, con la difusión de sus datos personales o incluso lugares de residencia. Al respecto, el PP pedirá a Llop medidas para proteger a estos magistrados y a los funcionarios judiciales.

La tercera pata de la estrategia que el PP planteará ante la ministra de Justicia en el Senado tiene que ver con el País Vasco: Fernando de Rosa preguntará a la titular de Justicia qué medidas piensa adoptar para poner fin a los homenajes a etarras.

El PSOE rechazó el pasado mes de diciembre apoyar en el Congreso de los Diputados una propuesta planteada por Ciudadanos para prohibir los llamados ongi etorri, alegando que el principal colectivo de familiares de presos etarras se había comprometido a poner fin a estos actos. A la hora de la verdad, los homenajes a etarras que salen de la cárcel se han seguido celebrando con absoluta impunidad en el País Vasco.

El PP también ha solicitado la comparecencia del nuevo general del Estado, Álvaro García Ortiz, para someterlo a examen. Cuando Álvaro García pasó a ocupar este cargo, en sustitución de Dolores Delgado, el PP lamentó que se trata de un profesional con "una notable cercanía al PSOE". Los populares reclaman una reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia respecto al Gobierno.

Feijóo remitió el pasado mes de julio al presidente Pedro Sánchez un paquete de propuestas en materia de Justicia. El plan incluía la inmediata renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con el actual sistema de elección, mediante el cual todos sus vocales son propuestos por los partidos políticos.

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Pero incluía también el compromiso de pactar a continuación una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el fin de cumplir las exigencias de la Comisión Europea, que pide que al menos la mitad de los vocales del CGPJ sean elegidos "por sus pares", es decir, por los jueces y magistrados.

Las 'puertas giratorias'

El plan de Feijóo también incluía mecanismos para limitar las "puertas giratorias" en la Justicia, de manera que el cargo de vocal del CGPJ y de fiscal general del Estado no podrán ser ocupados por quienes hayan desempeñado un puesto de carácter político durante los últimos cinco años.

Del mismo modo, según la propuesta de Feijóo, los jueces y magistrados que hayan ocupado un cargo de elección política o de gobierno, con rango superior al de director general (como el ministro de Justicia, Fernando Grande-Marlaska), no podrán reincorporarse al servicio judicial antes de un plazo de dos años.

Sin embargo, el presidente Sánchez desdeñó la propuesta de pacto de Feijóo e impulsó una "contrarreforma" de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para permitir que el CGPJ, cuyo mandato está caducado, pueda designar a sus dos representantes en el Tribunal Constitucional. 

De este modo, el PSOE se garantiza una mayoría "progresita" en el Alto Tribunal que debe resolver ahora recursos tan importantes como los presentados contra la Ley Celaá de Educación, la Ley del Aborto, el plan de ahorro energético del Gobierno (la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso ya ha anunciado este recurso) o la desobediencia de la Generalitat a la sentencia del 25% de castellano. 

Mientras tanto, la reforma impulsada por el PSOE hace un año impide al CGPJ nombrar nuevos jueces y fiscales en otras instancias (como el Tribunal Supremo, algunas de cuyas salas no pueden dictar sentencias porque varios de sus magistrados se han jubilado), ya que su mandato está caducado.