El Congreso celebrará un pleno extraordinario el 25 de agosto a petición del Gobierno

El Congreso de los Diputados interrumpe las vacaciones. El Pleno reabre para una sesión extraordinaria el próximo jueves, 25 de agosto, solicitada por el Gobierno. El Ejecutivo quiere aprobar media docena de normas pendientes, entre ellas la Ley de Libertad Sexual, que tiene que volver a la Cámara Baja tras introducirse una enmienda en el Senado.

El pleno debatirá y votará la convalidación de tres decretos leyes aprobados en el último mes, entre los que destaca el decreto con medidas de ahorro energético, otro que establece el nuevo sistema de cotización de los trabajadores autónomos y un tercero con medidas urgentes sobre incendios forestales.

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También llegarán al pleno del Congreso para su aprobación definitiva tres leyes remitidas por el Senado, la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, la reforma de la ley concursal y el proyecto de ley de Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

La próxima semana, el miércoles por la tarde, también se celebrará una Diputación Permanente para debatir las solicitudes de comparecencia de miembros del Gobierno que se han ido acumulando durante el verano sobre diversos asuntos.

Sequía, incendios, energía

Por ejemplo, el Grupo Popular solicitó la pasada semana la comparecencia de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, por la sequía, con siete regiones con restricciones la preocupación "en aumento".

Los incendios también han llevado al PP a pedir una comparecencia, en particular la de la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, por el tren atrapado en el incendio en Bejís, en Castellón, con varios heridos.

Otro de los temas calientes es el decreto de ahorro energético, por el que el PP trasladará al Congreso una batería de medidas económicas entre las que destaca el apoyo a una nueva tarifa social energética para los consumidores más vulnerables y la apuesta por la investigación de minerales como el uranio y el litio.

Asimismo, el PP pide que se paralice el articulado de la Ley del Cambio Climático sobre la prohibición "radical" de cualquier tipo de investigación, extracción o exploración de minerales en España, refiriéndose, fundamentalmente, al uranio o al litio.