El PP, seguro de ganar el debate de la fiscalidad: los españoles les identifican con bajar impuestos

Explica así el cambio que desde el mes de marzo se ha producido en el PP con la llegada de Alberto Núñez Feijóo y lo que está ocurriendo en estas semanas con la polémica sobre los impuestos en las comunidades autónomas en la que diferentes presidentes populares hacen propuestas sobre este asunto.

Lo hacen sin coordinación ni conocimiento previo de la dirección del partido, pero dentro de la coherencia de un PP en el que se concede autonomía a las diferentes comunidades y, sobre todo, se sitúa como gran marco político la reducción de impuestos que consideran el mejor para sus aspiraciones electorales.

En anteriores etapas del PP, según admiten varios dirigentes actuales, se repetían mensajes sobre igualdad entre los españoles y una cierta uniformidad en la gestión de sus presidentes autonómicos. Era evidente la disonancia cuando alguno, como Isabel Díaz Ayuso, se salía del guion.

De hecho, una de las gotas que colmó el vaso y aceleró el golpe de mano que acabó con Pablo Casado fue lo que desde la organización del partido en las comunidades se consideraba intromisión constante de Génova. El entonces número dos del partido y secretario general, Teo García Egea, era el ejecutor de esa instrucción que irritaba permanentemente a los dirigentes regionales.

En marzo, cuando asumió la presidencia del PP en Sevilla, Alberto Núñez Feijóo explicitó un nuevo partido de barones, en contra de la tradición orgánica. La propia dirección que salió de ese congreso partía de un nuevo Pacto del Betis entre el entonces presidente de la Xunta de Galicia y el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno para “repartirse” el partido.

El PP pasa así con los impuestos del mensaje unificador a la autonomía de sus dirigentes regionales.

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En ejercicio de esa autonomía, los barones, con Moreno a la cabeza, se han lanzado a hacer propuestas de bajadas de impuestos. “La situación en cada comunidad es diferente a las demás. Por ejemplo, Andalucía tiene a Málaga con capacidad de recibir grandes fortunas, mientras que otras como Galicia ya tienen a grandes contribuyentes establecidos y, por tanto, no tiene sentido la misma estrategia, según explican.

Tiene como posible contraindicación que es visto desde Cataluña, donde el PP está bajo mínimos, como una agresión de Andalucía para arrebatar contribuyentes. La respuesta de Génova es que, por el contrario, sirve para poner de manifiesto en Cataluña que hay otra forma de gestionar y hay un partido que baja impuestos.

El caso de Portugal

Otra de las contraindicaciones es que, según dicen los argumentarios del Gobierno, bajar impuestos pone en riesgo servicios públicos y dificulta la petición de fondos del Estado al Gobierno central. Además, al ser el impuesto de patrimonio se prima a los “ricos”, según el argumento de contraataque del PSOE.

El PP explica que el propio José Luis Rodríguez Zapatero dijo que el impuesto de patrimonio es injusto y va contra la clase media y, por eso, el presidente socialista lo quitó.

Explican también que su propuesta no sólo se refiere a patrimonio, sino que incluye la deflactación de las tarifas del IRPF que afecta a las rentas bajas y que, previsiblemente, el Gobierno terminará por aceptar. También se ponen la medalla de la bajada del IVA de la luz y del gas.

El argumentario del PP señala, además, que la llegada de grandes contribuyentes compensa la eliminación de recaudación de patrimonio porque sube el IRPF en el que empiezan a computar. 

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Los populares utilizan como referencia Portugal, donde el Gobierno socialista (antes en coalición con comunistas) favoreció a las grandes fortunas para recaudar más y logró un exitoso aumento de recaudación fiscal, lo que le ayudó a salir de la crisis.

“Estamos limpiando el legado de Montoro”, asegura un alto dirigente del PP, en referencia al ministro de Hacienda de Mariano Rajoy que respondió en 2011 a la crisis económica con multitud de subidas de impuestos.

El programa electoral de las generales de 2019, aprobado por el equipo de Pablo Casado, pero formalmente en vigor pese a las crisis por la pandemia y la guerra de Ucrania, abogaba por “una rebaja fiscal del IRPF que afectará todos los contribuyentes. El tipo máximo se situará por debajo del 40%” ; “una rebaja del Impuesto de Sociedades, situando el tipo máximo por debajo del 20%”; “suprimir el Impuesto de Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para las transmisiones entre padres e hijos y al resto de la línea descendiente, así como entre cónyuges”; “eliminar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para la constitución de hipotecas en la compra de la vivienda habitual” e “incentivar fiscalmente el ahorro para extender los beneficios fiscales a la vivienda habitual y los planes de ahorro”.

Es decir, una rebaja prácticamente de todos los impuestos.

Encuestas internas

En todo caso, el equipo de Feijóo entiende que les favorece que el marco político sea el de los impuestos, están encantados con que centre la agenda política. No les interesa el debate sobre asuntos como el aborto o la "ley trans", porque les divide y, por eso, lo eluden siempre que pueden.

De hecho, los llamados cualitativos de las encuestas internas señalan que los ciudadanos identifican al PP con las bajadas de impuestos y por eso inciden en ese asunto.

Para la convención que celebrarán en otoño o en invierno no sólo lanzarán a sus candidatos para municipales y autonómicas, sino que, además, incidirán en la idea de la bajada de impuestos.

Entienden que en un momento de elevada inflación los ciudadanos sienten que necesitan más dinero en el bolsillo y menos en manos del Estado.

El debate sobre los impuestos, en todo caso, ha llegado casi un año antes de las municipales y autonómicas, y más de un año antes de las generales y, según todas las previsiones, la situación económica no mejorará y, por tanto, la percepción de los ciudadanos será aún mayor, según Génova.

Pese a todo eso, dirigentes del PP admiten que cayeron en la trampa del Gobierno sobre el impuesto a empresas energéticas y bancos. Su voto contrario a este impuesto contra empresas con altos beneficios fue utilizado por el Gobierno para acusarles de defender a los poderosos.

El Gobierno lo pudo hacer porque no esperó a la decisión de Bruselas sobre el impuesto y porque faltó información y conexión con la Comisión Europea, según explican dirigentes del PP.

Otro efecto colateral es el de la hipotética disputa entre Juan Manuel Moreno e Isabel Díaz Ayuso. Dirigentes del PP entienden que se trata de una pugna por el futuro. La presidenta de Madrid tiene un evidente peso por su triunfo en Madrid, pero el andaluz tiene mayoría absoluta donde antes nunca el PP había ganado.