La carrera rota de Lucía Figar, 7 años imputada en Púnica: "Hay cero opciones de que vuelva a la política"

"No quiero dar pena, ni decir que he sido una apestada -asegura a EL ESPAÑOL-. Vete a saber si me ha ido mejor. Pero lo que es un drama es que yo estaba muy arriba y te pasa un proceso que es un atropello".

Recientemente ha trascendido que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha puesto fin a su largo periodo de imputada. Tras conocer esta noticia, la exonconsejera asegura no guardar ningún tipo de rencor. Por el contrario, remarca casi con alivio: "Me he sabido reinventar".   

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, políglota, Lucía Figar protagonizó una fulgurante trayectoria política, accediendo a la Moncloa como asesora con tan solo 23 años. Ascendió de la mano de Esperanza Aguirre, que la nombró consejera de Educación de la Comunidad de Madrid y la proyectó como una sucesora nata. 

Con la llegada de Ignacio González, primero, y de Cristina Cifuentes, después, conservó su puesto de consejera y además ganó peso en el PP. Tuvo asiento en la ejecutiva en Génova y fue portavoz del partido en Madrid. Cuando su nombre sonaba para los gobiernos de Mariano Rajoy, su carrera se resquebrajó. Era principios de junio del año 2015.

"Estaba llamada a las más altas responsabilidades", admiten desde el Partido Popular. De ella destacan su talento y su aportación al sector educativo: "Sentó las bases del sistema actual en España, tenía un currículum brillante y era considerada pata negra en la familia del PP", defienden quienes estuvieron a su lado en la CAM. 

Cuando se enteró por la prensa de que sería citada a declarar, tras ser acusada por la UPO de haber suscrito un contrato con fondos públicos de su departamento a una de las empresas implicadas en Púnica, tomó una decisión que no tenía vuelta de hoja: dimitir y reciclarse en el sector privado. 

Ahora, como patrona de la Fundación Telefónica y desde su puesto en IE University donde, entre otras cosas, montó una aceleradora de start-ups de educación y tecnología, sentencia: "Las posibilidades de que yo vuelva a la política están entre cero y ninguna. ¡Ni loca!". 

La imputación en 2015

La noticia de su imputación saltó a las portadas el día en que Cristina Cifuentes, que acababa de ganar las elecciones autonómicas de mayo de 2015 sin mayoría suficiente, mantenía su primera reunión con el líder de Ciudadanos, Ignacio Aguado, para explorar el acuerdo de Gobierno que, finalmente, sellaron. 

Dos días más tarde, llegó la citación para declarar. "Sin que nadie hubiera presentado denuncia o querella alguna". Siendo aforada, renunció al puesto de consejera para prestar declaración y acudió a declarar bajo secreto de sumario, sin saber de qué se le acusaba y con más de 20 medios de comunicación a las puertas de la Audiencia esperándola.

A este extremo se llegó por los indicios que el magistrado encontró en una serie de servicios de prensa con un coste de 1.814,89 euros al mes, realizados entre 2011 y 2014, a cargo de una empresa de Alejandro de Pedro, el informático de la Púnica especializado en campañas de reputación digital. 

Lucía Figar llorando tras anunciar Esperanza Aguirre su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid. EFE

Estos contratos, argumenta Figar, fueron "tramitados de acuerdo con la ley y fiscalizados de manera positiva por la Intervención de la Comunidad de Madrid, que jamás puso reparo". En la investigación, inicialmente, se pensó que podía haber financiación irregular al PP.

Finalmente, y según ha quedado acreditado durante la instrucción, se trataba de trabajos destinados a recopilar y difundir en las redes sociales noticias de la actividad pública de la Consejería de Educación. 

Apoyo de políticos

Entonces la Fiscalía alegó que los trabajos beneficiaban personalmente a la expolítica, por titular las noticias con su nombre y no con su cargo: "Un absurdo, pues es lo que sucede en la práctica con noticias referidas a altos cargos políticos, desde el presidente Sánchez; sin que se esté cometiendo delito alguno", subraya. 

En esas jornadas aciagas, recuerda, colegas de todos los partidos políticos se solidarizaron con ella y le brindaron su apoyo. Un claro ejemplo fue el tuit que publicó Luis Garicano, entonces dirigente de Ciudadanos: "La Guardia Civil se ha pasado esta vez".

Junto a él, la exconsejera recibió también mensajes de políticos como Leguina, Rubalcaba, José Manuel Franco o Santiago Abascal. Además de sus compañeros de partido, que siempre le han mostrado su respaldo. Hoy día, conserva amistad con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, con su sucesor en la consejería, Enrique Ossorio o con el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty. 

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"Me he sentido muy reconfortada. La gente sabe distinguir imputaciones mediáticas basadas en conjeturas. El problema es que dura siete años y medio. Te imputan, prestas declaración... Las propias diligencias han durado lo imposible porque han buscado extenderlo", relata tras haber evitado sentarse en el banquillo de los acusados.

Aunque cuesta arrancarle un lamento, sí admite —vagamente— haber sentido "injusticia". Y que le han "hecho daño", tratando de desprestigiar su imagen y con oportunidades que se fueron. Pero rápidamente añade: "Hay que mirar para adelante siempre, el que mira para atrás se convierte en una estatua de sal". 

Presunción de inocencia

A modo de reflexión, expresa que ejemplos como el suyo "alejan a muchísima gente muy competente de dar un paso adelante y entrar en política, en servicio público". Considera que "todas estas cosas perjudican a la clase política en general, donde tienen que estar los mejores". 

Para evitar que se repitan estas situaciones, aboga por "prestigiar mucho el derecho a la presunción de inocencia". Además, indica, "la justicia ha de ser más ágil". Por otro lado, también entiende "el derecho a la información por parte de los medios de comunicación". 

Con dos décadas de trayectoria política en su currículum, asegura no arrepentirse "de nada". Para Lucía Figar ha sido un "privilegio absoluto dedicar 20 años de servicio público". Dicho esto, no va a volver. Ni se lo plantea. 

Desde que conoció su imputación en el año 2015 hasta la noticia de su exoneración en octubre de 2022, ha pasado por un período en el que ha aprendido a vivir con una causa penal a cuestas. "Tranquila del todo no se está", confiesa. Aunque ahora se siente "reconfortada por un auto tan claro". 

Es consciente de que el carpetazo puede que no sea definitivo, "siempre cabe que alguna parte recurra a la sala de la audiencia". El PSOE ya ha pedido que se anule su sobreseimiento. Ella evita volver al barro y sólo espera cerrar este capítulo relacionado con su vida política no sólo en el sentido figurado, sino —y sobre todo— en el literal.