Los PGE olvidan incluir las ayudas que marca la ley para gasóleo y fertilizantes a agricultores

Tras estudiarse las miles de páginas que componen los Presupuestos Generales del estado, el Partido Popular ha descubierto que tampoco para el año 2023 incluyen las ayudas a los agricultores que marca la Ley de Cadena Alimentaria que data de 2021.

Así, el próximo será el segundo ejercicio en el que, a pesar de que la norma fue impulsada por el Ministerio de Agricultura de Luis Planas, no haya dinero para la reducción de "hasta el 35% en la factura del gasóleo, piensos y fertilizantes y un mínimo del 15% en los plásticos".

Ya el pasado mes de octubre, el Gobierno vetó que el Congreso votara la entrada en vigor de estas bonificaciones para paliar la enorme subida de los precios de producción, esencialmente del gasóleo (más de un 75% en lo que va de año) y de los fertilizantes, cuyo precio ha subido un 300% en 2022. Entonces, el Ejecutivo invocó su prerrogativa para bloquear cualquier enmienda que suponga "aumento de gasto o minoración de ingresos" para las arcas públicas.

Ahora, el nuevo proyecto de cuentas públicas tampoco activa ninguna partida para este fin. Por este motivo, según las fuentes parlamentarias consultadas, el PP ha redactado dos disposiciones que añadir a los PGE de 2023 (con los números 4322 y 4323), dentro de las más de 2.000 enmiendas parciales que llevó el viernes 28 de octubre al Registro del Congreso de los Diputados.

Efectivamente, la disposición Adicional Primera de la vigente Ley 16/2021, de 14 de diciembre, dice textualmente que "el Gobierno posibilitará [...] la bonificación de hasta un 35 % y un 15 % de la factura del gasóleo y la de los plásticos y fertilizantes, respectivamente, utilizados en las actividades llevadas a cabo en favor de los operadores".  

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el de Agricultura, Luis Planas, en Moncloa. Efe

Milagros Marcos, portavoz de Agricultura del PP en el Congreso, criticó hace un mes que PSOE y Unidas Podemos se refugiaran en el mecanismo legal del veto gubernamental para "ni bonificar a los agricultores las facturas, ni tener que votar en contra". 

De hecho, según la diputada popular, la medida supondría un coste de 58 millones de euros, es decir, un 0,02% del gasto previsto en las cuentas públicas del año que viene, cuyo techo fijó el propio Gobierno en 198.221 millones de euros. Pero, según Marcos, "es que están incumpliendo su propia ley".

Según los últimos datos de Eurostat, la subida de los precios en los mercados internacionales —exacerbada tras el inicio de la guerra en Ucrania— ha hecho caer hasta un 70% la producción de fertilizantes en la Unión Europea. Como consecuencia, los precios se han multiplicado por cuatro en el último año. "Y el Gobierno se niega a darle al campo las ayudas que le corresponden por ley", recuerda la portavoz del PP.

Los populares denuncian que "a pesar de los enormes costes que están teniendo que soportar los trabajadores del sector primario en esta crisis", no se ha cumplido las disposiciones legales ni se cumplirán el año que viene, salvo que prospere la enmienda. "Si el Gobierno que promovió la ley la incumple, ¿qué espera que hagan quienes no saben cómo cubrir esos costes?", alega Milagros Marcos.

Las asociaciones agrarias añaden que, no sólo el gasóleo ha aumentado un 75% de precio, "también los piensos han subido más de un 60% y hasta cuatro veces más la energía".

"Es inmoral"

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) ha denunciado que las cuentas públicas de 2023 solamente han incrementado un 0,3% la partida destinada al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), pasando de 8.845 a 8.868 millones. Es decir, únicamente 23 millones de euros más con respecto a 2022.

Según denuncia este sindicato, el sector agrario es "estratégico para la economía española", ya que representa el 10% del PIB, pero "ha quedado liquidado con tan sólo un 1,8% del total del Presupuesto destinado por Hacienda para el conjunto de los ministerios".

Un incremento que califican de "ridículo, teniendo en cuenta la gravísima situación que atraviesa el sector agrario español" y en contraste con "las considerables subidas en ministerios como Derechos Sociales, Igualdad o Cultura".

Milagros Marcos, portavoz de Agricultura del Partido Popoular en el Congreso. PP

Para el PP, resulta "inmoral esta actitud repetida" del Ejecutivo. La portavoz popular de Agricultura recuerda que su formación "únicamente pide la aplicación de la ley de la cadena alimentaria, que entró en vigor en 2021 por iniciativa del Gobierno de Sánchez".

Marcos insiste en la necesidad de reducir los costes de producción, junto a la bajada de impuestos como el IVA en alimentación y el impuesto a la renta sobre las personas físicas (IRPF).

Pero sobre todo, rechaza el "incumplimiento consciente de la ley de la Cadena Alimentaria", argumentando que la norma del Ministerio de Agricultura "se aprobó antes que las cuentas públicas de 2022". Es decir, que con éste, el Gobierno cumplirá ya dos ejercicios "saltándose su propia ley".

Fondos Europeos

Otra de las enmiendas del PP a las cuentas públicas del año que viene a las que ha tenido acceso este periódico, reclama que los regadíos del sector agrario sea incluido el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

La disposición, con el número 4380, reclama que el Gobierno cree un "Fondo de resiliencia en materia de agua", con cargo al Mecanismo de Recuperación, "para desarrollar infraestructuras hidráulicas, tanto destinadas a regadío como a prevención de avenidas e inundaciones, por su contribución a la lucha contra el cambio climático".

Según los populares, el Ejecutivo de Sánchez "ha olvidado al campo" y lo tiene "abandonado" por un "exceso de ideología que le ciega para reconocer que no sólo es un sector necesario para el abastecimiento de alimentos", sino una clave para "luchar contra la despoblación" y preservar "el paisaje y la biodiversidad".

El texto justifica la inversión en regadíos con fondos europeos alegando que es necesario "avanzar en las actuaciones hidráulicas para consolidar la recuperación de la economía, aumentar la resiliencia frente a los efectos del cambio climático y dar seguridad frente a acontecimientos de carácter catastrófico".