Faes, ante la derogación del delito de sedición: "Podríamos estar ante una amnistía encubierta"

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (Faes), que dirige el expresidente del Gobierno José María Aznar, alerta este sábado de que la derogación del delito de sedición, comprometida por el Gobierno con ERC y registrada en el Congreso, podría ser "una amnistía encubierta" a los condenados por el referéndum ilegal en Cataluña. 

En un comunicado que lleva por título Una reforma penal a solicitud del delincuente, Faes asegura que esta reforma del Código Penal es "demasiado precio a pagar por seguir un año más en el poder". Y es que, indica, "sólo obedece a una razón: "Aprobar los últimos Presupuestos Generales del Estado de la legislatura y evitar un adelanto electoral". 

Según la fundación, "el Gobierno de Pedro Sánchez necesita los votos de los partidos separatistas catalanes y vascos. Como forma de conseguir ese apoyo, el PSOE ha propuesto derogar el delito de sedición por el que fueron condenados penalmente los responsables del frustrado intento de independencia de Cataluña". 

"Eludir informes"

El organismo que preside Aznar cuestiona, entre otras cosas, la vía elegida por Moncloa para sacar adelante esta reforma penal. "Para eludir los informes preceptivos -y previsiblemente muy críticos- de órganos como el Consejo Fiscal, el CGPJ o el Consejo de Estado, la propuesta ha provenido de los grupos parlamentarios del PSOE y Podemos, lo que además asegura una más rápida tramitación", señala. 

A su juicio, es falso que la reforma se limite a "ajustar a las legislaciones de otros países de Europa el actual delito de sedición". "No es cierto, porque la norma española actual es perfectamente homologable a las de dichos países", indica la fundación de centro-liberal.

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Sobre la situación de los presos del Procés ya indultados, cree que "les beneficiará en su recurso presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, porque su argumento de que las penas impuestas por su sentencia de condenados fueron desproporcionadas, ahora resulta avalada por el propio Parlamento español". 

Pero más graves, advierte Faes, "son las consecuencias que la reforma produce con relación a los numerosos dirigentes de ERC que están siendo aún enjuiciados en Cataluña por lo realizado" en el referéndum ilegal de independencia, así como "respecto a los responsables de la Generalitat y del Parlamento que todavía permanecen fugados en diversos países europeos", añade sobre Puigdemont. 

Por ello, considera que "dependiendo de la configuración del nuevo tipo penal, se podría no aplicar a los hechos sucedidos en 2017 si estos no encajan con lo que recoja el nuevo precepto, por lo que quedarían impunes, al no serles de aplicación ni el nuevo precepto ni el antiguo (ya derogado)".

"Podríamos estar, pues, ante una amnistía encubierta, al menos en lo que se refiere al delito de sedición. Por otra parte, la euroorden emitida por España habría que rehacerla, y ese vaivén legislativo no favorecería en nada la credibilidad del sistema penal y judicial español ante las autoridades políticas y judiciales comunitarias", sostiene Faes.

Por otro lado, la fundación considera que "también podría quedar afectada por el cambio legal la imputación por el delito de malversación de caudales públicos". "Si se considera que es instrumental del delito de sedición, la desaparición de este podría conllevar también la del primero".

Y sin ese delito, prosigue el comunicado, "desaparecería la inhabilitación que impide a los separatistas catalanes -por ejemplo Oriol Junqueras- ocupar cargos públicos y presentarse a las elecciones". 

La nota difundida por Faes concluye que "a partir de ahora será mucho más difícil convencer a los jueces de que asuman el gran coste personal que les supuso ser dique en la defensa de la legalidad constitucional, y a los independentistas de que no reiteren una conducta que ya saben que, más tarde o más temprano, se terminará perdonando por una vía u otra".