Luz verde del Congreso a la rebaja de la sedición y a los impuestos a la banca, las eléctricas y los 'ricos'

El Congreso de los Diputados dio luz verde este jueves, de madrugada, a dos iniciativas legislativas de PSOE y Podemos trascendentales para el Gobieron: el dictámen con la proposición de ley que recoge los gravámenes temporales a la banca, eléctricas y los ricos, y la toma en consideración del proyecto que busca eliminar la sedición del Código Penal. 

La votación de ambas normas se saldó con un resultado favorable gracias a los socios de la coalición, que al igual que los socialistas y los morados, entonaron su sí a viva voz, como pidió el PP para la sedición y como planteó Más País para los gravámenes. El objeto de esta fórmula era retratar a los parlamentarios de izquierda y derecha. 

Las formaciones que sustentan al Gobierno y la oposición cruzaron sus reproches en un Pleno interminable del que se ausentaron todos los miembros del Consejo de Ministros y que sucedió a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. 

Tan sólo acudieron a votar, poco antes de la una de la madrugada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la vicepresidenta Yolanda Díaz y los ministros María Jesús Montero, Irene Montero y Alberto Garzón. 

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El responsable del PSOE para defender la sustitución de la sedición por un delito de desórdenes públicos agravados fue Francisco Aranda, diputado del PSC. En su discurso reiteró el argumentario del partido y de Moncloa para cumplir con este compromiso con ERC. "Apuesta por el diálogo, favorece la convivencia en Cataluña", subrayó.

El dirigente socialista, además, cargó duramente contra el principal partido de la oposición, al que acusó de provocar una "jauría política", en referencia a la campaña emprendida por los populares en redes sociales para presionar a parlamentarios socialistas. A su juicio, esta acción sólo obedece al malestar del PP con "la existencia misma del Gobierno", cuya legitimidad "niega" y le "repugna". 

Argumentos de PSOE y Podemos

Reproches al margen, Aranda indicó que "la reforma plantea una nueva redacción penal" que persigue asemejar este delito a los "socios europeos". También planteó la idoneidad de sustituir un "redactado que respondía a una realidad decimonónica". 

Más contundente fue el otro proponente de la norma, Jaume Asens, del grupo confederal de Unidas Podemos, que desgranó de forma gráfica, en cinco puntos, las razones para emprender el cambio penal. 

"Es una reliquia del pasado, es una anomalía constitucional, no se ajusta a los estándares de los países de nuestro entorno, es una amenaza al derecho de protesta y el de manifestación y es un paso importante para desjudicializar el conflicto en Cataluña", resumió el dirigente morado. 

Desde el primer momento, el Partido Popular interpretó esta reforma legal como un capítulo troncal en su labor de oposición. De ahí que la persona elegida para representar a la formación en el debate fuera Cuca Gamarra, número dos de Feijóo. Con la bancada de los populares en pie, la también portavoz del grupo en la Cámara Baja advirtió al Gobierno: "España no se va a olvidar". Antes, calificó lan norma como "un pago al independentismo catalán". 

Críticas de PP, Vox y Ciudadanos

Si Asens expuso cinco razones, la dirigente popular hizo lo propio con "cinco engaños". Entre otras cosas, desmintió la homologación con Europa que defiende el Gobierno, criticó que la norma se haya librado del veredicto de las instituciones del Estado, y aclaró que "la antigüedad del delito" no es decimonónica, ya que el Código Penal se actualizó en 1995 con el Gobierno de Felipe González.

En una clara apelación a los diputados del PSOE, aseveró Gamarra: "Se está permitiendo aprovechar los resortes del Estado de Derecho para que la democracia se vacíe. Se han convertido en un vehículo al servicio del independentismo". Además, dijo que la reforma es "el desmontaje piedra a piedra del Estado de Derecho". 

En esa línea, intervinieron la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que denunció "un golpe al Código Penal para traer a Puigdemont por la puerta grande", y el vicepresidente de Vox, Javier Ortega Smith, "toca pasar por caja ante los golpistas", dijo. 

La Cámara Baja también debatió y aprobó la iniciativa legislativa que incluye las tasas a la banca y a las energéticas y el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, este último incluido en el proyecto de ley como enmienda.

Tanto el impuesto a la banca como el de las energéticas han sufrido cambios desde su concepción original por su paso por el Congreso. En el caso de las energéticas, el PNV (que es el que presentó las correspondientes enmiendas) ha logrado moderar su impacto. 

Recaudación de los gravámenes

Tanto que la recaudación prevista por él se ha quedado en la mitad: 2.000 millones de euros (el objetivo del Gobierno era lograr 4.000 millones durante su aplicación). Esto ha sido tras la aprobación de que, en el marco de esta tasa, se excluya del importe neto de la cifra de negocio (que por lo que se tributa) lo correspondiente a las actividades reguladas y que se aplique solo a la actividad que las empresas desarrollen en España.

En cambio, el impuesto a la banca se ha endurecido al incluir a entidades extranjeras que operen en España. También en el proceso de enmiendas se han introducido sendas cláusulas para revisar su condición temporal (solo está previsto su recaudación para 2023 y 2024) y que se plantee hacerlos permanentes cuando acabe su vigencia. 

Esta cláusula ya estaba incluida en el conocido como el 'impuesto a los ricos', el de las grandes fortunas. Este polémico tributo está diseñado con el fin de "disminuir las diferencias en el gravamen del patrimonio en las distintas comunidades autónomas".

Esto se resume en que anula, en buena medida, las bonificaciones del 100% con las que cuenta este tributo en Madrid, Andalucía y Murcia. El objetivo con esta figura tributaria es obtener unos ingresos de 1.200 millones de euros anuales para el Estado tanto en 2023 como en 2024. 

En cualquier caso, la batalla judicial en los tres tributos va a ser feroz. Se prevé que tanto la banca como las energéticas recurran la aplicación de los impuestos, algo que también hará comunidades 'perjudicadas' como Madrid.